Con una oferta de agua de 97 mil 120 millones de metros cúbicos al año, Guatemala es uno de los países que más cuenta con este preciado recurso natural, sin embargo, el mal manejo que se hace es este deriva en que miles de hogares no tengan acceso a él.

El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), que forma parte del grupo de instituciones que  impulsa la Alianza por el Agua de Guatemala. Es una plataforma de trabajo que busca contribuir a la seguridad hídrica, promoviendo el diálogo y la participación conjunta de diferentes actores y sectores del país, consolidando una agenda común en pro de una mejor gestión del agua. Según datos recopilados por el ICC con la cantidad de agua que dispone Guatemala por año, tiene de sobra para atender la demanda nacional. La seguridad hídrica es un asunto de la seguridad nacional, a medida que aumenta la demanda y la oferta disminuye o es más errática, los retos aumentan.

La información adecuada sobre el agua, permite planificar el desarrollo de programas y proyectos de uso, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos.  El Estado, a través de las entidades públicas relacionadas, debe formular el plan nacional de gestión integrada de estos recursos. El país cuenta únicamente con un embalse de regulación anual y es con fines hidroeléctricos, lo cual es una limitante para el aprovechamiento de la disponibilidad hídrica anual. El desarrollo sostenible del país en un escenario de cambio climático requiere de más embalses de regulación anual con múltiples propósitos, como el abastecimiento de agua a poblaciones, irrigación, control de avenidas, entre otros, debido a la desigual disponibilidad en el tiempo y en el espacio. Para lograrlo, se requieren condiciones favorables de gobernanza, que consisten principalmente en leyes, instituciones, planificación, presupuesto, y que se incluya la participación de la población desde el inicio hasta su puesta en práctica.

En Guatemala, la participación social en el tema del agua se circunscribe mayoritariamente a expresar las necesidades y demandas que la población tiene del recurso. Son pocos los casos donde, a nivel municipal, se haya interiorizado la importancia de participar en la gestión integrada de los recursos hídricos de las zonas que abastecen de agua a sus municipios (Iarna-URL & IIA, 2006). Además, la organización para el manejo del agua o las cuencas no está regulada.

Solamente dos de las autoridades de cuenca para lagos principales del país cuentan con recursos financieros significativos: la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (AMSA) y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) (GWP Centroamérica, 2015). Ha habido diversas iniciativas para la formación de comités de cuencas de ríos, la mayoría promovidas por organizaciones no gubernamentales como la Fundación Defensores de la Naturaleza, que estableció la organización por cuencas como un eje de trabajo del Fondo del Agua en la Sierra de las Minas desde 2003.

Existen varios casos de mancomunidades que han hecho esfuerzos por el manejo integrado de cuencas. Entre las que destacan están la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, en la cuenca de lago de Amatitlán, conformada por seis municipalidades de la cuenca (sin la ciudad capital). También está la MANCUERNA, en la cuenca del río Naranjo, la MANCTZOLOJYA y MANKATITLAN, cada una integra a un grupo de municipios en la cuenca del lago de Atitlán para proteger el lago y mejorar la infraestructura básica de agua. Asimismo, la mancomunidad COPAN-CHORTI, en Río Grande de Zacapa, ha logrado un buen manejo del recurso hídrico y un incremento en la cobertura de servicios básicos. Es tiempo de que se sumen más....