En días recientes el presidente Bernardo Arévalo hizo pública su intención de que durante su gobierno se pague la deuda histórica que pende sobre un 13% de la población rural guatemalteca, que no goza de acceso a la energía eléctrica. El porcentaje deriva de los resultados del Censo General de Población que el Instituto Nacional de Estadística levantó en el año 2017. Antes de dicho censo, se estimaba que el índice de cobertura eléctrica del país alcanzaba el 92%.
Las dudas que surgen
¿Por qué ahora nos estamos alejando del 100% y no nos estamos acercando? La respuesta es compleja, pero trataremos de explicarla en las próximas líneas. La entidad estatal a quien la ley le encomendó la tarea de electrificar al país fue el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), uno de los activos estratégicos más importantes del Estado de Guatemala, que cuenta con varias empresas que realizan distintas actividades dentro del subsector eléctrico, como la generación de energía eléctrica (EGEE) y la transmisión de energía eléctrica (ETCEE); la comercialización de energía eléctrica (ECOE); empresas que han demostrado en el tiempo ser rentables y producir dividendos para que el INDE pueda cumplir con su misión de mantener el esfuerzo de la expansión de la cobertura eléctrica en el tiempo, de forma eficiente y eficaz, por medio de la Gerencia de Electrificación Rural (GERO).
Sin embargo, al INDE se le han estado cargando funciones que lo alejan del fin para el que fue creado, fines que ha demostrado ser totalmente capaz de alcanzar, dando un salto exponencial en la cobertura eléctrica que rondaba el 48% cuando se creó el Instituto en 1959 a un 92% allá por el año 2012.
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No obstante este éxito demostrable en el tiempo, al INDE se le encomendó la tarea de cubrir un aporte social para rebajar la factura de los más pequeños consumidores de energía eléctrica, de forma que el INDE absorbiera buena parte de estos consumos en beneficio de la población más necesitada. El resultado de esta medida, dado el crecimiento demográfico de la población guatemalteca, es que el INDE cada vez más ha tenido que aumentar el aporte de su rentabilidad, restándole capacidad para cumplir con el fin para el que fue creado, disminuyendo considerablemente sus esfuerzos de electrificar a la población rural, pero también, comprometiendo la propia fuente de la rentabilidad, limitando la capacidad de inversión y mantenimiento en sus principales activos, como las plantas de generación y sus extensas líneas de transmisión de energía eléctrica.
¿Qué se puede hacer
Para remediar esta situación, a partir del año 2016, el INDE fue disminuyendo sus aportes en beneficio del consumo de los consumidores más necesitados, creando rangos de apoyo por porcentaje para cubrir las facturas de los usuarios, requiriéndole al Gobierno Central asumir, mediante aportes directos del Tesoro, esta tarea, con el objeto de liberar recursos para continuar atendiendo su marco legal, que obliga al INDE a atender la expansión de la cobertura de electricidad en el país. (continuará)
En días recientes el presidente Bernardo Arévalo hizo pública su intención de que durante su gobierno se pague la deuda histórica que pende sobre un 13% de la población rural guatemalteca, que no goza de acceso a la energía eléctrica. El porcentaje deriva de los resultados del Censo General de Población que el Instituto Nacional de Estadística levantó en el año 2017. Antes de dicho censo, se estimaba que el índice de cobertura eléctrica del país alcanzaba el 92%.
Las dudas que surgen
¿Por qué ahora nos estamos alejando del 100% y no nos estamos acercando? La respuesta es compleja, pero trataremos de explicarla en las próximas líneas. La entidad estatal a quien la ley le encomendó la tarea de electrificar al país fue el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), uno de los activos estratégicos más importantes del Estado de Guatemala, que cuenta con varias empresas que realizan distintas actividades dentro del subsector eléctrico, como la generación de energía eléctrica (EGEE) y la transmisión de energía eléctrica (ETCEE); la comercialización de energía eléctrica (ECOE); empresas que han demostrado en el tiempo ser rentables y producir dividendos para que el INDE pueda cumplir con su misión de mantener el esfuerzo de la expansión de la cobertura eléctrica en el tiempo, de forma eficiente y eficaz, por medio de la Gerencia de Electrificación Rural (GERO).
Sin embargo, al INDE se le han estado cargando funciones que lo alejan del fin para el que fue creado, fines que ha demostrado ser totalmente capaz de alcanzar, dando un salto exponencial en la cobertura eléctrica que rondaba el 48% cuando se creó el Instituto en 1959 a un 92% allá por el año 2012.
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No obstante este éxito demostrable en el tiempo, al INDE se le encomendó la tarea de cubrir un aporte social para rebajar la factura de los más pequeños consumidores de energía eléctrica, de forma que el INDE absorbiera buena parte de estos consumos en beneficio de la población más necesitada. El resultado de esta medida, dado el crecimiento demográfico de la población guatemalteca, es que el INDE cada vez más ha tenido que aumentar el aporte de su rentabilidad, restándole capacidad para cumplir con el fin para el que fue creado, disminuyendo considerablemente sus esfuerzos de electrificar a la población rural, pero también, comprometiendo la propia fuente de la rentabilidad, limitando la capacidad de inversión y mantenimiento en sus principales activos, como las plantas de generación y sus extensas líneas de transmisión de energía eléctrica.
¿Qué se puede hacer
Para remediar esta situación, a partir del año 2016, el INDE fue disminuyendo sus aportes en beneficio del consumo de los consumidores más necesitados, creando rangos de apoyo por porcentaje para cubrir las facturas de los usuarios, requiriéndole al Gobierno Central asumir, mediante aportes directos del Tesoro, esta tarea, con el objeto de liberar recursos para continuar atendiendo su marco legal, que obliga al INDE a atender la expansión de la cobertura de electricidad en el país. (continuará)