Como habíamos dejado apuntado la semana anterior, el INDE, para contener la fuga de su capital para absorber los consumos de energía de los guatemaltecos a partir del año 2016, fue disminuyendo los aportes, creando rangos de apoyo definidos por porcentaje para cubrir las facturas de los usuarios, regresándole al Gobierno Central la responsabilidad de asumir, mediante aportes directos del Tesoro, esta tarea.
Esta medida permitió que el INDE acumulara nuevamente el capital para regresar a atender su mandato legal, no sólo para inversión en el mantenimiento de sus activos para poder continuar funcionando eficientemente en sus actividades como agente del mercado eléctrico, sino, además, la más importante, que es continuar con la expansión de la cobertura de electricidad en el país.
Esta tarea necesariamente la debe de realizar el INDE. Y no es por dogmatismo legal, sino porque las zonas que, a la fecha, aún no gozan del servicio de energía eléctrica son zonas remotas del país, muchas de difícil acceso, de población desperdigada y de bajos recursos, que no permiten que los costos de inversión sean atractivos para la empresa privada, pues la esperanza de recuperación es demasiado lejana o aún peor, incierta. De esta cuenta, el INDE, atendiendo a su propia naturaleza jurídica, es la institución del gobierno que debe de continuar con el esfuerzo de integrar estas zonas, remotas y sin acceso a electricidad, a la realidad de un país electrificado, principalmente porque el INDE no tiene que esperar el retorno de su inversión, pues su propia naturaleza es la actividad de electrificación.
En el esquema actual, el INDE desarrolla las obras de infraestructura necesarias para electrificar a los usuarios (hogares que consumen energía), por medio de su Gerencia de Electrificación Rural -GERO-, y dona dicha infraestructura para que la distribuidora responsable en la zona en la que se han construido las obras asuma su operación y mantenimiento bajo los criterios de calidad que establecen las normas técnicas emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-. La razón por la cual se deben de donar estas obras de infraestructura yace en la misma Ley General de Electricidad, que establece que solo las empresas autorizadas para distribuir energía eléctrica al usuario final pueden operar dichas instalaciones. En el caso de Guatemala, existen actualmente tres distribuidoras privadas (Empresa Eléctrica en el área central y Energuate que distribuye en la región de occidente del país y en la parte oriental de la república, incluyendo Petén), además de quince empresas eléctricas municipales.
Estas distribuidoras tienen la obligación de mantener la constante expansión de su red de distribución, atendiendo a aquellos clientes que requieran sus servicios adentro de un radio de 200 metros de distancia medidos desde la punta de su red.
El problema práctico que plantea esta obligación es que muchos usuarios no están dentro de esta distancia máxima para ser atendidos por las distribuidoras. Para acercarlos a los límites de la red entonces, dependen del INDE para que desarrolle dichas obras y los inserte dentro del Sistema Nacional Interconectado, en un estado ideal de las cosas, o bien, que se les electrifique provisionalmente usando un esquema de sistemas aislados, en tanto la expansión natural de la red de la distribuidora los alcance.
(Continuará…)
El reto de la Electrificación Rural en Guatemala (II)
Como habíamos dejado apuntado la semana anterior, el INDE, para contener la fuga de su capital para absorber los consumos de energía de los guatemaltecos a partir del año 2016, fue disminuyendo los aportes, creando rangos de apoyo definidos por porcentaje para cubrir las facturas de los usuarios, regresándole al Gobierno Central la responsabilidad de asumir, mediante aportes directos del Tesoro, esta tarea.
Esta medida permitió que el INDE acumulara nuevamente el capital para regresar a atender su mandato legal, no sólo para inversión en el mantenimiento de sus activos para poder continuar funcionando eficientemente en sus actividades como agente del mercado eléctrico, sino, además, la más importante, que es continuar con la expansión de la cobertura de electricidad en el país.
Esta tarea necesariamente la debe de realizar el INDE. Y no es por dogmatismo legal, sino porque las zonas que, a la fecha, aún no gozan del servicio de energía eléctrica son zonas remotas del país, muchas de difícil acceso, de población desperdigada y de bajos recursos, que no permiten que los costos de inversión sean atractivos para la empresa privada, pues la esperanza de recuperación es demasiado lejana o aún peor, incierta. De esta cuenta, el INDE, atendiendo a su propia naturaleza jurídica, es la institución del gobierno que debe de continuar con el esfuerzo de integrar estas zonas, remotas y sin acceso a electricidad, a la realidad de un país electrificado, principalmente porque el INDE no tiene que esperar el retorno de su inversión, pues su propia naturaleza es la actividad de electrificación.
En el esquema actual, el INDE desarrolla las obras de infraestructura necesarias para electrificar a los usuarios (hogares que consumen energía), por medio de su Gerencia de Electrificación Rural -GERO-, y dona dicha infraestructura para que la distribuidora responsable en la zona en la que se han construido las obras asuma su operación y mantenimiento bajo los criterios de calidad que establecen las normas técnicas emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-. La razón por la cual se deben de donar estas obras de infraestructura yace en la misma Ley General de Electricidad, que establece que solo las empresas autorizadas para distribuir energía eléctrica al usuario final pueden operar dichas instalaciones. En el caso de Guatemala, existen actualmente tres distribuidoras privadas (Empresa Eléctrica en el área central y Energuate que distribuye en la región de occidente del país y en la parte oriental de la república, incluyendo Petén), además de quince empresas eléctricas municipales.
Estas distribuidoras tienen la obligación de mantener la constante expansión de su red de distribución, atendiendo a aquellos clientes que requieran sus servicios adentro de un radio de 200 metros de distancia medidos desde la punta de su red.
El problema práctico que plantea esta obligación es que muchos usuarios no están dentro de esta distancia máxima para ser atendidos por las distribuidoras. Para acercarlos a los límites de la red entonces, dependen del INDE para que desarrolle dichas obras y los inserte dentro del Sistema Nacional Interconectado, en un estado ideal de las cosas, o bien, que se les electrifique provisionalmente usando un esquema de sistemas aislados, en tanto la expansión natural de la red de la distribuidora los alcance.
(Continuará…)