La semana pasada dejábamos señalado que la electrificación rural del país debe pensarse de forma diferente. Abordarse desde propuestas innovadoras que lo hagan sostenible en el tiempo y sobre todo, no sea solo un esquema pensado para maquillar los números que el Presidente Arévalo entregue para congratularse de su feliz término de gobierno. La tentación es fuerte y políticamente atractiva para salir a anunciar un logro histórico que resulte insostenible.

Es bien sabido que la Ley General de Electricidad, cuando otorga las concesiones de áreas para la actividad de distribución final, no lo hace con carácter de exclusividad. Es decir, si conviene para el país, zonas adjudicadas a un determinado distribuidor puede permitir la competencia. El caso de la necesidad de alcanzar el 99% de cobertura eléctrica podría ser esta excepción. Bajo ese paraguas legal, es posible crear soluciones innovadoras que permitan a otros asumir un riesgo que el Estado, en el momento actual podría afrontar únicamente contrayendo deuda.

En algunos países como Perú, la solución ha pasado por involucrar al sector privado en desarrollar estos sistemas aislados bajo garantía de proteger su inversión y garantizarle un retorno atractivo. Se les ha autorizado la construcción de redes de distribución final autoabastecidas, para llevar energía eléctrica a zonas rurales remotas, y el empresario recibe del Estado la garantía de que, durante cierto período de tiempo, podrá operar su red a exclusividad y al momento de vencerse el término la red pasaría a integrar los activos de la distribuidora local. Este es un esquema.

Otro esquema que ha dado resultados en Bolivia y Perú ha sido el autorizar a un empresario a construir una red de distribución como sistema aislado autoabastecido, el que es valuado a precios del mercado para que el empresario pueda operarlo, en tanto la distribuidora autorizada en la región alcance a ese sistema mediante el desarrollo de sus planes de expansión de su red. Cuando la red alcanza al sistema aislado, la distribuidora debe comprar dicho sistema al precio tasado previamente de tal forma que el empresario que corrió el riesgo al desarrollarlo recupere sus costos y una ganancia atractiva que le compense el riesgo de su desarrollo. Estos son apenas dos esquemas que en otros países han demostrado ser exitosos, imaginamos que pueden haber otro buen número de opciones para que Guatemala pueda llevar el vital servicio de energía eléctrica a ese millón de usuarios que, al día de hoy, apenas pueden soñar con él.

Un tercer esquema podría ser la combinación de todos los anteriores: la distribuidora final autorizada elabora sus planes de expansión de red, avanzando hacia las zonas más remotas del país; en las zonas intermedias se involucra el inversionista privado a riesgo para desarrollar estos sistemas aislados y el INDE puede cumplir con su misión última de electrificar a las zonas más remotas e inaccesibles, diseñando sistemas aislados que eventualmente se lleguen a conectar con las distribuidoras, pero pensando siempre que el sistema aislado sea una mera fase del proyecto, cuyo final sería la integración de todos los usuarios del territorio nacional al Sistema Nacional Interconectado -SIN-.