Como ya es sabido por muchos, en el Congreso de la República se discute la iniciativa 5504: Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Esta nace con el aparente propósito de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y reducir los índices de obesidad y sobrepeso. El discurso ha sido similar en los países en los que la legislación ya se ha aplicado. Ahora bien, en la práctica, y tal como se ha analizado en otros países latinoamericanos, los objetivos que se pretenden alcanzar con esta medida se ven comprometidos, dejando lecciones claras para evitar replicar las implicaciones negativas, tanto para el sector productivo como para la población.

Es imperativo entender la base de esta propuesta para comprender los matices que conlleva su posible aplicación, tal y como está planteada desde el seno del Organismo Legislativo. La ley contempla la creación de hasta seis sellos que deben contener los alimentos y bebidas “advirtiendo” sobre el “alto” contenido de ciertos nutrientes o ingredientes, así como una tasa para autorización de impresión de las etiquetas que representa aumento desde el 10% al 35% sobre el costo de producción o importación para alimentos y bebidas.

Esta medida tiene una repercusión directa para los pequeños y medianos productores, muchos de los cuales aún se están recuperando de los efectos de la pandemia, y que podrían ser empujados hacia la informalidad o la bancarrota debido a esta medida.

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Como representantes del sector de alimentos y bebidas, coincidimos en la importancia de proporcionar a la población información nutricional simplificada y fácilmente comprensible. Este compromiso busca empoderar a las personas para que puedan comparar alimentos y bebidas dentro de la misma categoría, permitiendo así una selección que se alinee con sus necesidades y preferencias. Por esta razón, hemos respaldado con firmeza, durante años, un proceso ordenado y consensuado para la construcción de una normativa de etiquetado frontal a nivel centroamericano.

Además, el sector que representamos se ha enfocado en ampliar su portafolio para atender las necesidades nutricionales específicas y ofrecer a la población un alimento o bebida adecuado para cada ocasión de consumo. Esto incluye opciones para personas con diabetes, hipertensión, celiaquía, intolerancias, entre otras condiciones. Asimismo, hemos destacado la implementación de programas de educación alimentaria nutricional para complementar los esfuerzos sectoriales.

Es importante analizar la aplicación de leyes similares en países como Chile, Perú y Uruguay, donde, lamentablemente, su implementación no ha logrado resultados tangibles en la disminución de las tasas de sobrepeso y obesidad.

Chile, siendo el primer país latinoamericano en adoptar una ley de este tipo en 2016 aproximadamente, tenía una tasa de obesidad y sobrepeso del 62% en su población en ese momento. Actualmente, esta cifra ha aumentado a aproximadamente el 75%. Esto sugiere que la ley no aborda adecuadamente las causas subyacentes del problema, como la falta de educación alimentaria nutricional, la inactividad física, el descanso inadecuado y otros hábitos de vida poco saludables. La medida parece imponerse como una solución superficial que, en última instancia, puede perjudicar a la población.

Es esencial que cualquier revisión de la propuesta normativa relacionada con el etiquetado de alimentos se realice a través de los cauces jurídicos e institucionales apropiados, respetando los mecanismos establecidos por la integración centroamericana. De esta manera, se evitarán conflictos jurídicos, institucionales y comerciales que podrían resultar en una imposibilidad legal o práctica para implementar el mandato. Asimismo, se prevendría la posible desarmonización normativa, que podría generar confusión entre los consumidores en nuestro mercado regional.