La presentación de la iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) por parte del presidente Bernardo Arévalo volvió a tensar las piezas del juego político y generó incertidumbre en el ámbito social.

Consecuentemente, ante la incertidumbre, merece la pena ver al pasado, particularmente a 2016, y determinar qué incentivos incidieron en la aprobación de la última reforma, de manera que no se repitan los errores que nos han conducido a la situación actual.

Leyes con dedicatoria

Para entender la relevancia de la propuesta del presidente es necesario analizar el contexto en el que se aprobó la última reforma. En 2016, la investigación de La Línea y las manifestaciones en la Plaza eran los eventos políticos más relevantes en el imaginario guatemalteco. Por ello, la CICIG, pese a que su mandato original únicamente hacía referencia a la impunidad, era el bastión de la lucha contra la corrupción, dado que el excomisionado Iván Velásquez, de la mano de la entonces fiscal general, Thelma Aldana, encabezaban una cruzada contra todas las figuras señaladas de ilegalidades.

Así pues, como entidad “autónoma” la Comisión promovió una reforma a la LOMP que, entre otras cosas, contemplaba la inamovilidad de la fiscal general, de manera que su remoción no se convirtiera en una herramienta política. Es más, tanto Aldana como Velásquez, argumentaron que restringir la competencia del presidente para remover a la fiscal fortalecía la independencia y la autonomía del ente investigador.

Para evitar una nueva trampa legal en la que podríamos caer en el futuro, es necesario que la ley reformada cumpla con los criterios de abstracción y universalidad.

A pesar de que en el momento de la aprobación la intención no era clara, ahora sí es posible argumentar que esta reforma respondía a tendencias particulares, de forma que las autoridades de turno no se vieran afectadas. Sin embargo, esto significa que esa ley, en vez de reformarse conforme a Derecho, se modificó en torno a una persona en específico. Es decir, en vez de ser una ley abstracta y general, esta iba con dedicatoria y privilegios.

Ahora bien, si la imposibilidad del presidente para poder remover a la fiscal tenía como objetivo garantizar la autonomía institucional, entonces ¿la reforma de Arévalo pretende coartar dicha independencia?

No cabe duda de que el inicio del gobierno de Arévalo no ha sido nada fácil, particularmente por las cuestiones penales que ha enfrentado, tanto su partido, como su persona. Sin embargo, la solución no está en sacar del camino a todos los funcionarios que estén complicado su gestión, una posición como esta refleja una visión cortoplacista e irracional.

Entonces, en vez de que los diputados oficialistas soliciten el apoyo del resto de bancadas para que estén “a la altura de la historia”, en realidad es Bernardo quien se debe poner a la altura de la función ejecutiva, para gobernar con la razón y no con el rencor.

El camino hacia una captura regulatoria

Como férreo defensor de la democracia, el presidente Arévalo debería de ser consciente de que uno de los pilares de esta forma de gobierno es la pluralidad de opiniones, por lo que no puede aspirar a tener una administración que lo apoye irrestrictamente y sin ningún obstáculo.

Adicionalmente, al plantear una reforma de la LOMP también está abriendo la puerta a que se alineen los incentivos para capturar la regulación y moldearla de acuerdo a intereses específicos. Entonces, para evitar una nueva trampa legal en la que podríamos caer en el futuro, es necesario que la ley reformada cumpla con los criterios de abstracción y universalidad.

En otras palabras, si Bernardo realmente quiere liderar la nueva primavera debe ser el primero en dar un paso hacia un gobierno de leyes y no de, ni contra, personas.