Los europeos se pusieron de acuerdo el miércoles por la noche sobre una ley que establece las reglas de reflotamiento interno de los bancos, o ‘bail-in’, con el fin de evitar la participación de los contribuyentes en el rescate de las entidades financieras.

‘Esta noche se dio un gran paso: acuerdo #BRRD para 28’, escribió en su cuenta de Twitter el comisario europeo encargado de los servicios financieros, Michel Barnier, en referencia a la directiva sobre el rescate de los bancos. ‘Los contribuyentes ya no serán los primeros en tener que pagar por los errores de los bancos’, agregó.

‘Es un paso fundamental hacia la construcción de la unión bancaria’, aseguró Barnier en un comunicado.

Los representantes del Parlamento Europeo, del Consejo que representa a los Estados y de la Comisión Europea llegaron a un acuerdo tras discutir sobre el texto, que se aplicará a los 28 Estados miembros.

Esta nueva directiva se articulará con el Mecanismo Único de Resolución de los bancos (MUR), que es todavía centro de difíciles negociaciones a nivel de ministros y que está destinado sólamente para la zona euro. Los ministros de Finanzas deben reunirse el próximo miércoles para intentar sellar un acuerdo sobre este tema.

Según la directiva, cuando un banco esté en dificultades, las autoridades nacionales podrán intervenir para impedir que se derrumbe. Fuentes europeas indicaron que se previó ‘una recapitalización preventiva e instrumentos públicos de estabilización’, ‘bajo estrictas condiciones’.

La recapitalización sólo alcanzará ‘a los bancos con solvencia que deben ser recapitalizados en el caso de que se identifiquen debilidades durante las pruebas de resistencia’.

Si un banco está cerca de la bancarrota, la recapitalización interna o ‘bail-in’ se aplicará, en oposición al ‘bail-out’, privilegiado durante la crisis y que recurría al dinero público, aumentando así los déficits.

Los primeros en pagar serán los accionistas y los acreedores, que deberán cubrir como mínimo el 8% de las pérdidas del banco antes de que se pueda recurrir a fondos nacionales de resolución, constituidos por el sector bancario.

Los depósitos serán garantizados hasta 100.000 euros. Por encima de ese monto, las personas físicas y las pequeñas y medianas empresas tendrán un trato preferencial con respecto a los otros acreedores.

Cada Estado miembro deberá crear un fondo de resolución nacional con obligación de cubrir el 1% de los depósitos en un plazo de 10 años.

‘Todos los bancos deberán contribuir a estos fondos, pero las contribuciones serán más importantes para los bancos que toman más riesgos’, indicó Barnier.

‘Los bancos deberán poner de lado reservas para los tiempos difíciles’ con el fin de ‘robustecer el sector financiero para que pueda prestar a la economía real’, añadió Barnier en Twitter.

Estas reglas del ‘bail-in’ entrarán en vigor el 1 de enero de 2016.