En palabras de Pelayo Llarena, presidente de la Cámara de la Construcción (CGC), el costo de la vivienda social podría aumentar hasta en un 6% debido al nuevo impuesto al cemento que aprobó el Congreso de la República el pasado viernes.
Por esa razón, se informó que la CGC se opone “firmemente” al aumento de los impuestos aprobados dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de Estado para el año 2015. “Solicitamos al Presidente de la República que reconsidere en especial los artículos 56, 57, 61, 76 y 77 por el impacto que tendrá en la población guatemalteca”, aseguró.
Lo aprobado por el Congreso puede representar la pérdida de 20 mil empleos en el sector de la construcción. Otro aspecto del nuevo presupuesto es que ahora se permitirá de nuevo que se contraten Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para diferentes proyectos, incluso en construcción.
Por lo anterior, los directivos de dicha entidad dijeron que analizan si presentarán algunas acciones para expresar su rechazo al nuevo impuesto, ya que al entrar en vigor el afectado será principalmente el consumidor final.
Dentro de sus peticiones está la de respetar los principios de transparencia como el libre acceso a la información, que facilite tener el oportuno y completo acceso a los procesos de contratación, documentos y términos contractuales, así como a todos los documentos de respaldo en la ejecución de los mismos. Piden la no discrecionalidad, que permita la aplicación correcta de la ley.
También solicitan el fomento a la competencia y transparencia, que implica que toda contratación, sin excepción, se base en licitaciones públicas, bajo reglas claras que promuevan la participación de más oferentes en igualdad de oportunidades.
En palabras de Pelayo Llarena, presidente de la Cámara de la Construcción (CGC), el costo de la vivienda social podría aumentar hasta en un 6% debido al nuevo impuesto al cemento que aprobó el Congreso de la República el pasado viernes.
Por esa razón, se informó que la CGC se opone “firmemente” al aumento de los impuestos aprobados dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de Estado para el año 2015. “Solicitamos al Presidente de la República que reconsidere en especial los artículos 56, 57, 61, 76 y 77 por el impacto que tendrá en la población guatemalteca”, aseguró.
Lo aprobado por el Congreso puede representar la pérdida de 20 mil empleos en el sector de la construcción. Otro aspecto del nuevo presupuesto es que ahora se permitirá de nuevo que se contraten Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para diferentes proyectos, incluso en construcción.
Por lo anterior, los directivos de dicha entidad dijeron que analizan si presentarán algunas acciones para expresar su rechazo al nuevo impuesto, ya que al entrar en vigor el afectado será principalmente el consumidor final.
Dentro de sus peticiones está la de respetar los principios de transparencia como el libre acceso a la información, que facilite tener el oportuno y completo acceso a los procesos de contratación, documentos y términos contractuales, así como a todos los documentos de respaldo en la ejecución de los mismos. Piden la no discrecionalidad, que permita la aplicación correcta de la ley.
También solicitan el fomento a la competencia y transparencia, que implica que toda contratación, sin excepción, se base en licitaciones públicas, bajo reglas claras que promuevan la participación de más oferentes en igualdad de oportunidades.