El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) se encuentran socializando el estudio ‘Hacia el mejoramiento del sistema fiscal’, con el fin de contribuir a la investigación de la realidad que atraviesa Guatemala en materia fiscal. Asimismo, se busca la mejor comprensión de la realidad fiscal en Guatemala y erradicar los ‘mitos’ que rodean el pago de impuestos por el sector empresarial. Hermann Girón, Presidente del Cacif, explica las motivaciones para elaborar el estudio.
“Queremos derribar mitos”
¿Por qué decidieron hacer este estudio?
Si bien es cierto que Guatemala tiene una de las tasas más bajas de ingresos totales para el fisco de la región, el sector empresarial organizado considera que se han creado mitos equivocados alrededor de este tema. Uno de ellos es que los empresarios y las empresas no pagan impuestos. Eso es erróneo e influye negativamente en la percepción.
¿Quiénes llevaron a cabo la investigación?
Tomando como referencia estudios serios de organismos y entidades nacionales e internacionales, un equipo compuesto por profesionales, en su mayoría asociados a Fundesa y Cacif, trabajaron por varios meses recabando información y analizándola. Gracias a ellos, existe el documento y sus conclusiones.
¿Cuál es el objetivo?
Generar una investigación legítima y científica con fuentes respetables con la cual pudiéramos poner a prueba la hipótesis de que no pagamos impuestos. Estas ideas preconcebidas están instaladas no sólo a nivel local sino también en la comunidad internacional, particularmente en “think-tanks” e instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Es por eso que en este estudio se analizaron los ingresos fiscales de Guatemala y se compararon con los de otros países de Latinoamérica, con el fin de desvanecer los mitos mencionados.
¿Qué esperan que ocurra como resultado?
Este esfuerzo busca reorientar el apoyo hacia las verdaderas prioridades necesarias para el desarrollo del país. También señalar cuáles son las oportunidades de mejora que hay. Es necesario trabajar en la imagen del país tanto aquí como en el exterior, es necesario cambiar la percepción para atraer inversión y créditos. Queremos que se nos reconozca como un país al cual los inversionistas desean venir. Las calificaciones del país, que han bajado, aducen que aquí la recaudación está mal y que los empresarios guatemaltecos no pagan impuestos. Con este documento aclaramos esto.
Los hallazgos
El estudio ‘Hacia el mejoramiento del sistema fiscal’ se dividió en cinco capítulos. “En el primero, se analiza la estructura tributaria vigente y el contexto en el cual los guatemaltecos vivimos fiscalmente”, explica Girón.
Según lo recabado, en Guatemala hay más de 1 millón y medio de Números de Identificación Tributaria (NIT) y, entre todos pagaron más de Q47 millardos en impuestos en el 2013. “Pero al analizar esto, de esos contribuyentes hay unos 800 mil que sólo han hecho una transacción: la compra de un carro y trámites relacionados. Luego han permanecido inactivos”, refiere Girón.
Entonces, quedan alrededor de 750 mil contribuyentes que son la base tributaria sobre la que recae la recaudación fiscal, y dentro de este grupo la mayor carga la lleva un grupo todavía más pequeño. “Hay 126 NIT o empresas que pagan el 43.52% del total de los impuestos”, detalla Girón. Si se suman las empresas de los primeros rangos de contribución, son 1,089 contribuyentes los que pagan el 71% del total. Más aún, el 90.6% es pagado por 10,049 contribuyentes que ayudan a pagar casi todos los servicios públicos.
“Para la SAT es fácil ocuparse de esos 10 mil contribuyentes para fiscalizar y recaudar. Si los cambios se hacen pensando sólo en esos 10 mil, la mismas personas son las que seguirán pagando”, considera.
El Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz, opina que no es justo que cuando se necesite subir la carga fiscal, se piense solamente en los pocos que ya pagan impuestos. “Es por eso que la CCG ha propuesto desde las elecciones en 2011 una reforma tributaria estructural que simplifique e incorpore a todos los sectores de la economía, con tarifas bajas y competitivas, que atraigan mayor inversión y generen más empleos”, señala.
Lo que afecta la recaudación
El estudio en mención indica que el Estado presenta una insuficiencia que se ve aumentada por la evasión, contrabando y defraudación. En el contexto continental, se suele decir que en cuanto al Impuesto Sobre la Renta aquí se paga muy poco. “Pero en realidad el promedio en América Latina es 3.26% del PIB y en Guatemala se paga el 3.01%; no es el más bajo y está cerca del promedio”, revela Girón.
El empresario señala que Guatemala sí podría tener una carga más alta para invertir más el desarrollo en lo social. “Pero aquí queremos llamar la atención al impacto del contrabando. Se estima que puede estar perdiéndose por este flagelo entre 2.8% y 4.4% del PIB, de Q6 mil millones a Q8 mil millones. Si se recupera esa pérdida, nos acercaríamos a los rangos más altos del continente, que van por los 5.81%”, asegura.
Según el Cacif, debe ponerse especial atención donde ingresa lo que se importa de Estados Unidos y China. “Todo esto se hace en 20 aduanas, de las cuales 4 son marítimas, 2 aéreas y 14 terrestres, allí está el contrabando importante (alrededor del 66%) y debe hacerse mejoras”, afirma.
Según explica el investigador Jorge Benavides, de Fundesa, para ayudar a combatir este flagelo, proponen el análisis conocido como Big Data. “Se refiere al procesamiento y análisis de datos e información masiva que ayuda a producir algún tipo de bien o servicio de valor significativo”, explica. El desarrollo de una plataforma electrónica de este tipo permitirá registrar en tiempo real la información de qué tipo de contenedores entran al país, al igual del volumen de la mercancía y otras especificaciones.
Retomando acuerdos
“El tercer capítulo del estudio retoma el acuerdo de Estado que se estableció con el gobierno actual antes de que llegara al poder en temas fiscales. Allí nosotros nos comprometimos, pero también había un compromiso de transparencia y de calidad en el gasto de parte de ellos”, refiere Girón.
Según del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el llamado Pacto fiscal para el cambio constaba de 5 partes: transparencia y calidad del gasto (Iniciativas de ley 4461 y 4462); crecimiento económico (paquete de “competitividad” o Ley de Inversión y empleo); combate al contrabando y la evasión tributaria (Ley antievasión II Dto. 4-2012); actualización tributaria o reforma fiscal (Dto. 10-2012); y asignación prioritaria de recursos. También se aprobó Ley Aduanera Nacional (Dto. 14-2013).
“Sin embargo, los compromisos tuvieron sólo algunos cumplimientos parciales, incluso ha sido desmantelada por el mismo Ejecutivo”, señala el analista Ricardo Barrientos, refiriéndose a acuerdos gubernativos que bloquearon la Ley Aduanera Nacional y a la Ley de Regularización Tributaria, así como al retroceso en el incremento al impuesto de circulación de vehículos.
Acerca de la reforma tributaria específicamente, en el estudio también hace un análisis acerca de los resultados. “Vimos que no se cumplió con sus objetivos planteados. Por ejemplo, se esperaba que tuviera un impacto de Q4,100 millones más en cuando al Impuesto sobre la renta, y solo que obtuvo Q2,980 millones”, detalla Girón. También hubo una brecha de Q936 millones por el IPRIMA y de Q752 millones por impuesto de timbres y papel sellado. En total, hay una brecha de recaudación de cerca de Q3,500 millones anuales (1% del PIB).
Por esa razón, Cacif resalta la necesidad de enfrentar el desafío de las finanzas públicas a través de un Acuerdo de Estado que permita introducir mejoras sustanciales en la estructura actual de la hacienda pública, generando estabilidad.
Panorama a futuro
“Por último, en la quinta parte del estudio se habla de cuáles son algunos retos que se pueden considerar en la búsqueda de una estabilidad fiscal en Guatemala, sin necesidad de buscar otra reforma ni parchar las leyes actuales”, comparte Girón.
La agenda que según Cacif está pendiente incluye un enfoque integral al tema fiscal; presupuesto por resultados para mejorar calidad y eficiencia del gasto público; sistema de indicadores de desempeño; fortalecimiento de sistemas de control (Contraloría); modernización del sistema de compras y contrataciones del Estado; solución a la problemática de la devolución del crédito fiscal; cruzada nacional contra la informalidad; eliminación de prácticas que se constituyen en cargas adicionales (sector construcción); pasivos contingentes; adopción de reglas fiscales; y retomar los principios del pacto fiscal.
Consideran que hace falta profundizar la discusión sobre la temática de ingresos y gastos del Estado en forma integral. Debe sujetarse a ciertos principios básicos como promover el crecimiento y la equidad, justicia del sistema tributario, transparencia en normativas, neutralidad, bases amplias, estabilidad y eficiencia. “Se trata que todos paguemos lo que nos corresponde, no sólo unos cuantos. En Cacif pensamos que si hay un empresario que no paga impuestos, que la SAT vaya tras él. La ley debe cumplirse tal y como está”, concluye.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) se encuentran socializando el estudio ‘Hacia el mejoramiento del sistema fiscal’, con el fin de contribuir a la investigación de la realidad que atraviesa Guatemala en materia fiscal. Asimismo, se busca la mejor comprensión de la realidad fiscal en Guatemala y erradicar los ‘mitos’ que rodean el pago de impuestos por el sector empresarial. Hermann Girón, Presidente del Cacif, explica las motivaciones para elaborar el estudio.
“Queremos derribar mitos”
¿Por qué decidieron hacer este estudio?
Si bien es cierto que Guatemala tiene una de las tasas más bajas de ingresos totales para el fisco de la región, el sector empresarial organizado considera que se han creado mitos equivocados alrededor de este tema. Uno de ellos es que los empresarios y las empresas no pagan impuestos. Eso es erróneo e influye negativamente en la percepción.
¿Quiénes llevaron a cabo la investigación?
Tomando como referencia estudios serios de organismos y entidades nacionales e internacionales, un equipo compuesto por profesionales, en su mayoría asociados a Fundesa y Cacif, trabajaron por varios meses recabando información y analizándola. Gracias a ellos, existe el documento y sus conclusiones.
¿Cuál es el objetivo?
Generar una investigación legítima y científica con fuentes respetables con la cual pudiéramos poner a prueba la hipótesis de que no pagamos impuestos. Estas ideas preconcebidas están instaladas no sólo a nivel local sino también en la comunidad internacional, particularmente en “think-tanks” e instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Es por eso que en este estudio se analizaron los ingresos fiscales de Guatemala y se compararon con los de otros países de Latinoamérica, con el fin de desvanecer los mitos mencionados.
¿Qué esperan que ocurra como resultado?
Este esfuerzo busca reorientar el apoyo hacia las verdaderas prioridades necesarias para el desarrollo del país. También señalar cuáles son las oportunidades de mejora que hay. Es necesario trabajar en la imagen del país tanto aquí como en el exterior, es necesario cambiar la percepción para atraer inversión y créditos. Queremos que se nos reconozca como un país al cual los inversionistas desean venir. Las calificaciones del país, que han bajado, aducen que aquí la recaudación está mal y que los empresarios guatemaltecos no pagan impuestos. Con este documento aclaramos esto.
Los hallazgos
El estudio ‘Hacia el mejoramiento del sistema fiscal’ se dividió en cinco capítulos. “En el primero, se analiza la estructura tributaria vigente y el contexto en el cual los guatemaltecos vivimos fiscalmente”, explica Girón.
Según lo recabado, en Guatemala hay más de 1 millón y medio de Números de Identificación Tributaria (NIT) y, entre todos pagaron más de Q47 millardos en impuestos en el 2013. “Pero al analizar esto, de esos contribuyentes hay unos 800 mil que sólo han hecho una transacción: la compra de un carro y trámites relacionados. Luego han permanecido inactivos”, refiere Girón.
Entonces, quedan alrededor de 750 mil contribuyentes que son la base tributaria sobre la que recae la recaudación fiscal, y dentro de este grupo la mayor carga la lleva un grupo todavía más pequeño. “Hay 126 NIT o empresas que pagan el 43.52% del total de los impuestos”, detalla Girón. Si se suman las empresas de los primeros rangos de contribución, son 1,089 contribuyentes los que pagan el 71% del total. Más aún, el 90.6% es pagado por 10,049 contribuyentes que ayudan a pagar casi todos los servicios públicos.
“Para la SAT es fácil ocuparse de esos 10 mil contribuyentes para fiscalizar y recaudar. Si los cambios se hacen pensando sólo en esos 10 mil, la mismas personas son las que seguirán pagando”, considera.
El Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz, opina que no es justo que cuando se necesite subir la carga fiscal, se piense solamente en los pocos que ya pagan impuestos. “Es por eso que la CCG ha propuesto desde las elecciones en 2011 una reforma tributaria estructural que simplifique e incorpore a todos los sectores de la economía, con tarifas bajas y competitivas, que atraigan mayor inversión y generen más empleos”, señala.
Lo que afecta la recaudación
El estudio en mención indica que el Estado presenta una insuficiencia que se ve aumentada por la evasión, contrabando y defraudación. En el contexto continental, se suele decir que en cuanto al Impuesto Sobre la Renta aquí se paga muy poco. “Pero en realidad el promedio en América Latina es 3.26% del PIB y en Guatemala se paga el 3.01%; no es el más bajo y está cerca del promedio”, revela Girón.
El empresario señala que Guatemala sí podría tener una carga más alta para invertir más el desarrollo en lo social. “Pero aquí queremos llamar la atención al impacto del contrabando. Se estima que puede estar perdiéndose por este flagelo entre 2.8% y 4.4% del PIB, de Q6 mil millones a Q8 mil millones. Si se recupera esa pérdida, nos acercaríamos a los rangos más altos del continente, que van por los 5.81%”, asegura.
Según el Cacif, debe ponerse especial atención donde ingresa lo que se importa de Estados Unidos y China. “Todo esto se hace en 20 aduanas, de las cuales 4 son marítimas, 2 aéreas y 14 terrestres, allí está el contrabando importante (alrededor del 66%) y debe hacerse mejoras”, afirma.
Según explica el investigador Jorge Benavides, de Fundesa, para ayudar a combatir este flagelo, proponen el análisis conocido como Big Data. “Se refiere al procesamiento y análisis de datos e información masiva que ayuda a producir algún tipo de bien o servicio de valor significativo”, explica. El desarrollo de una plataforma electrónica de este tipo permitirá registrar en tiempo real la información de qué tipo de contenedores entran al país, al igual del volumen de la mercancía y otras especificaciones.
Retomando acuerdos
“El tercer capítulo del estudio retoma el acuerdo de Estado que se estableció con el gobierno actual antes de que llegara al poder en temas fiscales. Allí nosotros nos comprometimos, pero también había un compromiso de transparencia y de calidad en el gasto de parte de ellos”, refiere Girón.
Según del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el llamado Pacto fiscal para el cambio constaba de 5 partes: transparencia y calidad del gasto (Iniciativas de ley 4461 y 4462); crecimiento económico (paquete de “competitividad” o Ley de Inversión y empleo); combate al contrabando y la evasión tributaria (Ley antievasión II Dto. 4-2012); actualización tributaria o reforma fiscal (Dto. 10-2012); y asignación prioritaria de recursos. También se aprobó Ley Aduanera Nacional (Dto. 14-2013).
“Sin embargo, los compromisos tuvieron sólo algunos cumplimientos parciales, incluso ha sido desmantelada por el mismo Ejecutivo”, señala el analista Ricardo Barrientos, refiriéndose a acuerdos gubernativos que bloquearon la Ley Aduanera Nacional y a la Ley de Regularización Tributaria, así como al retroceso en el incremento al impuesto de circulación de vehículos.
Acerca de la reforma tributaria específicamente, en el estudio también hace un análisis acerca de los resultados. “Vimos que no se cumplió con sus objetivos planteados. Por ejemplo, se esperaba que tuviera un impacto de Q4,100 millones más en cuando al Impuesto sobre la renta, y solo que obtuvo Q2,980 millones”, detalla Girón. También hubo una brecha de Q936 millones por el IPRIMA y de Q752 millones por impuesto de timbres y papel sellado. En total, hay una brecha de recaudación de cerca de Q3,500 millones anuales (1% del PIB).
Por esa razón, Cacif resalta la necesidad de enfrentar el desafío de las finanzas públicas a través de un Acuerdo de Estado que permita introducir mejoras sustanciales en la estructura actual de la hacienda pública, generando estabilidad.
Panorama a futuro
“Por último, en la quinta parte del estudio se habla de cuáles son algunos retos que se pueden considerar en la búsqueda de una estabilidad fiscal en Guatemala, sin necesidad de buscar otra reforma ni parchar las leyes actuales”, comparte Girón.
La agenda que según Cacif está pendiente incluye un enfoque integral al tema fiscal; presupuesto por resultados para mejorar calidad y eficiencia del gasto público; sistema de indicadores de desempeño; fortalecimiento de sistemas de control (Contraloría); modernización del sistema de compras y contrataciones del Estado; solución a la problemática de la devolución del crédito fiscal; cruzada nacional contra la informalidad; eliminación de prácticas que se constituyen en cargas adicionales (sector construcción); pasivos contingentes; adopción de reglas fiscales; y retomar los principios del pacto fiscal.
Consideran que hace falta profundizar la discusión sobre la temática de ingresos y gastos del Estado en forma integral. Debe sujetarse a ciertos principios básicos como promover el crecimiento y la equidad, justicia del sistema tributario, transparencia en normativas, neutralidad, bases amplias, estabilidad y eficiencia. “Se trata que todos paguemos lo que nos corresponde, no sólo unos cuantos. En Cacif pensamos que si hay un empresario que no paga impuestos, que la SAT vaya tras él. La ley debe cumplirse tal y como está”, concluye.