El estudio ‘Hacia el mejoramiento del sistema fiscal’, publicado por la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), fue realizado por un equipo multidisciplinario conformado por profesionales investigadores y analistas que se basaron en estudios internacionales.
“Quisimos hacer un estudio serio para derribar ciertos mitos con bases científicas”, explica Hermann Girón, Presidente deL CACIF. “Cuando algo se repite muchas veces, aunque no sea cierto, si nadie lo refuta puede llegar a aceptarse”, señala.
Además de presentar un análisis y desvanecer mitos, presenta un diagnóstico del panorama fiscal y presenta una agenda de temas pendientes y algunas propuestas. “Luego de hacer este estudio tan profundo, se encontraron oportunidades de mejora”, explica.
Antecedentes
El estudio resalta que en noviembre de 2011, el CACIF propuso a la opinión pública un Acuerdo de Estado para asegurar un nuevo encuadre institucional que permitiera lograr un ordenamiento de las finanzas públicas, y así romper el ciclo de discusiones permanentes sobre la insuficiencia de recursos en las instituciones públicas. “Se hizo antes que el Gobierno actual tomara el poder, creíamos que para que hubiera reforma fiscal debería firmarse este acuerdo”, explica Girón.
El Acuerdo se centraba en cuatro componentes esenciales: servicio civil de calidad; finanzas públicas, balanceadas y sanas; rendición de cuentas; transparencia y control del gasto público.
Como primera medida en el marco de dicho acuerdo, el sector empresarial organizado propuso un Gran Acuerdo Nacional de Desarrollo que incluía aspectos como el acuerdo de eficiencia, cumplimiento y ajustes de impuestos, explotación de recursos naturales y patrimonio económico del Estado, pacto de empleo formal y pacto de crecimiento económico.
También se propuso implementar una Agenda sobre Calidad de Gasto y Transparencia. Respecto a esto, se recomendó la modificación de ciertos marcos legales, como la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de la Contraloría de Cuentas, la Ley de Probidad, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley Orgánica de la SAT, Ley contra enriquecimiento ilícito, Ley de Fideicomisos Públicos y Ley de Servicio Civil.
Varias de las iniciativas fueron llevadas al Congreso de la República y fueron aprobadas, sobre todo en 2012, pero muchos otros de los componentes planteados siguen pendientes de ser discutidos y aprobados. “Consideramos que es importante que como sociedad le pongamos atención a estos temas”, señala Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA.
Lo que encontraron
Uno de los objetivos de este nuevo estudio es plasmar la necesidad de un planteamiento integral que rebase el aspecto tributario. Por esa razón, también se pasa revista a algunos aspectos complementarios que pueden constituir una agenda pendiente en esta materia, sobretodo en temas de calidad del gasto público y gestión por resultados.
“Actualmente la calidad de gasto en Guatemala es difícil de analizar debido a la falta de datos y evaluaciones, lo cual denota una debilidad en el sistema y una carencia de planes estratégicos de largo plazo”, señala Zapata.
También se debe tomar en cuenta la incidencia del gasto, cuyo principal problema es la falta de información sistémica respecto a los beneficiarios de programas sociales que maneja el Gobierno, sobre todo en educación, salud y transporte.
Es incuestionable que la eficiencia técnica y la capacidad de asignar recursos deben mejorar sustancialmente, pero para ello se requiere que se implemente la gestión por resultados en todo el Estado. Un ejemplo de proyecto que han apoyado al gobierno en este tema es Transformación de la Gestión Pública hacia la Gestión Pública por Resultados de Mejoremos Guate, que es un movimiento impulsado por los empresarios guatemaltecos.
“Gracias a esta iniciativa, con una inversión relativamente baja, US$500 mil, se pudieron ahorrar US$10 millones al unificar los sistemas y mejorar la calidad y control de las compras”, detalla.
Algunas conclusiones
El estudio en mención ofrece ciertas alternativas para erradicar algunos de los problemas más importantes en cuanto al tema fiscal como evasión, informalidad, contrabando, defraudación aduanera (ver Notas relacionadas).
Sin embargo, según lo analizado, el país también necesita:
- Sistema de indicadores de desempeño que ayude a mejorar la provisión y prestación de bienes y servicios.
- Sistemas de control más eficientes por parte de la Contraloría General de Cuentas
- Implementar mecanismos para buscar la eliminación de prácticas fiscales que se constituyen en cargas adicionales para las empresas.
- Se considera que se debe profundizar la discusión sobre la temática de ingresos y gastos del Estado en forma integral.
Lo anterior, según Girón,“ayudaría a no necesitar más reformas fiscales”.
Acciones propuestas
Para trabajar en la agenda pendiente es necesario tener en cuenta ciertos principios recogidos en el Pacto Fiscal. Según explica el analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), los antecedentes de este pacto se remontan a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, y al Pacto Fiscal del 2000. Luego en 2006 el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), convocó el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) que concluyó su trabajo en enero de 2008 con una Propuesta de Modernización Fiscal.
Dichos principios son: promoción del crecimiento y la equidad, justicia del sistema tributario, transparencia, neutralidad, bases amplias, estabilidad y eficiencia.
Los temas no tributarios pendientes incluyen un enfoque integral al tema fiscal, calidad del gasto público y presupuesto por resultados; sistema de indicadores de desempeño, sistemas de control (Contraloría), modernización del sistema de compras y contrataciones del Estado; solución a la problemática de la devolución del crédito fiscal; cruzada para combatir la informalidad, eliminación de prácticas que constituyen cargas adicionales para las empresas, gasto tributario, pasivos contingente, y retomar los principios del pacto fiscal.
“Creemos que un primer paso es hacer estudios y análisis que nos permitan tener un diagnóstico de cómo estamos. Es necesario que todos nos informemos y participemos”, señala. En la actualidad, el estudio ha sido socializado con miembros del Gobierno, sociedad civil y prensa.
El estudio ‘Hacia el mejoramiento del sistema fiscal’, publicado por la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), fue realizado por un equipo multidisciplinario conformado por profesionales investigadores y analistas que se basaron en estudios internacionales.
“Quisimos hacer un estudio serio para derribar ciertos mitos con bases científicas”, explica Hermann Girón, Presidente deL CACIF. “Cuando algo se repite muchas veces, aunque no sea cierto, si nadie lo refuta puede llegar a aceptarse”, señala.
Además de presentar un análisis y desvanecer mitos, presenta un diagnóstico del panorama fiscal y presenta una agenda de temas pendientes y algunas propuestas. “Luego de hacer este estudio tan profundo, se encontraron oportunidades de mejora”, explica.
Antecedentes
El estudio resalta que en noviembre de 2011, el CACIF propuso a la opinión pública un Acuerdo de Estado para asegurar un nuevo encuadre institucional que permitiera lograr un ordenamiento de las finanzas públicas, y así romper el ciclo de discusiones permanentes sobre la insuficiencia de recursos en las instituciones públicas. “Se hizo antes que el Gobierno actual tomara el poder, creíamos que para que hubiera reforma fiscal debería firmarse este acuerdo”, explica Girón.
El Acuerdo se centraba en cuatro componentes esenciales: servicio civil de calidad; finanzas públicas, balanceadas y sanas; rendición de cuentas; transparencia y control del gasto público.
Como primera medida en el marco de dicho acuerdo, el sector empresarial organizado propuso un Gran Acuerdo Nacional de Desarrollo que incluía aspectos como el acuerdo de eficiencia, cumplimiento y ajustes de impuestos, explotación de recursos naturales y patrimonio económico del Estado, pacto de empleo formal y pacto de crecimiento económico.
También se propuso implementar una Agenda sobre Calidad de Gasto y Transparencia. Respecto a esto, se recomendó la modificación de ciertos marcos legales, como la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de la Contraloría de Cuentas, la Ley de Probidad, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley Orgánica de la SAT, Ley contra enriquecimiento ilícito, Ley de Fideicomisos Públicos y Ley de Servicio Civil.
Varias de las iniciativas fueron llevadas al Congreso de la República y fueron aprobadas, sobre todo en 2012, pero muchos otros de los componentes planteados siguen pendientes de ser discutidos y aprobados. “Consideramos que es importante que como sociedad le pongamos atención a estos temas”, señala Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA.
Lo que encontraron
Uno de los objetivos de este nuevo estudio es plasmar la necesidad de un planteamiento integral que rebase el aspecto tributario. Por esa razón, también se pasa revista a algunos aspectos complementarios que pueden constituir una agenda pendiente en esta materia, sobretodo en temas de calidad del gasto público y gestión por resultados.
“Actualmente la calidad de gasto en Guatemala es difícil de analizar debido a la falta de datos y evaluaciones, lo cual denota una debilidad en el sistema y una carencia de planes estratégicos de largo plazo”, señala Zapata.
También se debe tomar en cuenta la incidencia del gasto, cuyo principal problema es la falta de información sistémica respecto a los beneficiarios de programas sociales que maneja el Gobierno, sobre todo en educación, salud y transporte.
Es incuestionable que la eficiencia técnica y la capacidad de asignar recursos deben mejorar sustancialmente, pero para ello se requiere que se implemente la gestión por resultados en todo el Estado. Un ejemplo de proyecto que han apoyado al gobierno en este tema es Transformación de la Gestión Pública hacia la Gestión Pública por Resultados de Mejoremos Guate, que es un movimiento impulsado por los empresarios guatemaltecos.
“Gracias a esta iniciativa, con una inversión relativamente baja, US$500 mil, se pudieron ahorrar US$10 millones al unificar los sistemas y mejorar la calidad y control de las compras”, detalla.
Algunas conclusiones
El estudio en mención ofrece ciertas alternativas para erradicar algunos de los problemas más importantes en cuanto al tema fiscal como evasión, informalidad, contrabando, defraudación aduanera (ver Notas relacionadas).
Sin embargo, según lo analizado, el país también necesita:
- Sistema de indicadores de desempeño que ayude a mejorar la provisión y prestación de bienes y servicios.
- Sistemas de control más eficientes por parte de la Contraloría General de Cuentas
- Implementar mecanismos para buscar la eliminación de prácticas fiscales que se constituyen en cargas adicionales para las empresas.
- Se considera que se debe profundizar la discusión sobre la temática de ingresos y gastos del Estado en forma integral.
Lo anterior, según Girón,“ayudaría a no necesitar más reformas fiscales”.
Acciones propuestas
Para trabajar en la agenda pendiente es necesario tener en cuenta ciertos principios recogidos en el Pacto Fiscal. Según explica el analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), los antecedentes de este pacto se remontan a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, y al Pacto Fiscal del 2000. Luego en 2006 el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), convocó el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) que concluyó su trabajo en enero de 2008 con una Propuesta de Modernización Fiscal.
Dichos principios son: promoción del crecimiento y la equidad, justicia del sistema tributario, transparencia, neutralidad, bases amplias, estabilidad y eficiencia.
Los temas no tributarios pendientes incluyen un enfoque integral al tema fiscal, calidad del gasto público y presupuesto por resultados; sistema de indicadores de desempeño, sistemas de control (Contraloría), modernización del sistema de compras y contrataciones del Estado; solución a la problemática de la devolución del crédito fiscal; cruzada para combatir la informalidad, eliminación de prácticas que constituyen cargas adicionales para las empresas, gasto tributario, pasivos contingente, y retomar los principios del pacto fiscal.
“Creemos que un primer paso es hacer estudios y análisis que nos permitan tener un diagnóstico de cómo estamos. Es necesario que todos nos informemos y participemos”, señala. En la actualidad, el estudio ha sido socializado con miembros del Gobierno, sociedad civil y prensa.