Este miércoles se hicieron 11 allanamientos en distintos puntos del país relacionados con las denuncias que interpuso el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) por el delito de pánico financiero. El Ministerio Público informó que como resultado se se capturó a Wilfer Oswaldo Sixto Avalos, detenido en San Miguel Petapa, Guatemala,
Esto fue provocado por rumores que aseguraban que dicho banco sería intervenido, lo cual provocó que varias personas retiraran su dinero. Al respecto, el Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo dijo que la situación del sistema bancario es estable, sólido y solvente.
Señaló además que la solvencia y solidez de la banca guatemalteca ha sido reconocida por las autoridades monetarias del país y por organismos financieros internacionales, así como por las calificadoras internacionales de riesgo.
Acerca de los rumores de Banrural, el Superintendente indicó que los mismos no tienen fundamento alguno. “Son totalmente infundados pero parecieran haber sido concertados y esparcidos de forma deliberada, según información proporcionada por el propio banco, que lamentablemente coincidieron con un fin de semana especial por celebrarse el día de la madre, época en que también aumenta el pago de remesas del exterior y se produce una mayor demanda de dinero en efectivo”, dijo.
El problema fue localizado originalmente en Quetzaltenango y San Marcos. El negocio bancario, en Guatemala como en cualquier país del mundo, se basa en la confianza y si sus clientes se dejan llevar por información falsa e infundada, obviamente podría afectarse la credibilidad de un banco.
Se informó que Banrural es el segundo banco a nivel nacional, con Q50 mil millones de quetzales de activos; tiene una tasa de crecimiento en los últimos años del más del 12% anual. En el año 2014 generó el monto más alto de utilidades; y con más de 7 millones de cuentas de depósitos siendo el banco que posee la mayor cantidad de cuentas. Posee suficiente capital que está en poder de casi trece mil accionistas.
Su patrimonio suma más de Q5 mil millones, con accionistas que representan a diversos sectores sociales como organizaciones de micro, pequeña y mediana empresa; movimiento cooperativo; organizaciones mayas y no lucrativas, entre otros. La adecuación de capital es muy superior al mínimo establecido del 10 por ciento, situándose en 13.8 por ciento; sus indicadores de liquidez exceden al encaje requerido que es de Q6 mil millones.
La SIB hizo un llamado a la población para no dejarse sorprender por rumores malintencionados. El superintendente recordó que comete el delito de pánico financiero quien elabore, divulgue y reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución supervisada por la SIB, y que como consecuencia se atente contra la reputación o prestigio financiero de la entidad.
Esos medios incluyen cualquier medio escrito, radiales, televisivos, cable, internet, Facebook, twitter, e incluso comunicaciones verbales. Las penas por cometer esos delitos son de 5 a 10 años de prisión y una sanción de Q100 mil a Q800 mil.
Este miércoles se hicieron 11 allanamientos en distintos puntos del país relacionados con las denuncias que interpuso el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) por el delito de pánico financiero. El Ministerio Público informó que como resultado se se capturó a Wilfer Oswaldo Sixto Avalos, detenido en San Miguel Petapa, Guatemala,
Esto fue provocado por rumores que aseguraban que dicho banco sería intervenido, lo cual provocó que varias personas retiraran su dinero. Al respecto, el Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo dijo que la situación del sistema bancario es estable, sólido y solvente.
Señaló además que la solvencia y solidez de la banca guatemalteca ha sido reconocida por las autoridades monetarias del país y por organismos financieros internacionales, así como por las calificadoras internacionales de riesgo.
Acerca de los rumores de Banrural, el Superintendente indicó que los mismos no tienen fundamento alguno. “Son totalmente infundados pero parecieran haber sido concertados y esparcidos de forma deliberada, según información proporcionada por el propio banco, que lamentablemente coincidieron con un fin de semana especial por celebrarse el día de la madre, época en que también aumenta el pago de remesas del exterior y se produce una mayor demanda de dinero en efectivo”, dijo.
El problema fue localizado originalmente en Quetzaltenango y San Marcos. El negocio bancario, en Guatemala como en cualquier país del mundo, se basa en la confianza y si sus clientes se dejan llevar por información falsa e infundada, obviamente podría afectarse la credibilidad de un banco.
Se informó que Banrural es el segundo banco a nivel nacional, con Q50 mil millones de quetzales de activos; tiene una tasa de crecimiento en los últimos años del más del 12% anual. En el año 2014 generó el monto más alto de utilidades; y con más de 7 millones de cuentas de depósitos siendo el banco que posee la mayor cantidad de cuentas. Posee suficiente capital que está en poder de casi trece mil accionistas.
Su patrimonio suma más de Q5 mil millones, con accionistas que representan a diversos sectores sociales como organizaciones de micro, pequeña y mediana empresa; movimiento cooperativo; organizaciones mayas y no lucrativas, entre otros. La adecuación de capital es muy superior al mínimo establecido del 10 por ciento, situándose en 13.8 por ciento; sus indicadores de liquidez exceden al encaje requerido que es de Q6 mil millones.
La SIB hizo un llamado a la población para no dejarse sorprender por rumores malintencionados. El superintendente recordó que comete el delito de pánico financiero quien elabore, divulgue y reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución supervisada por la SIB, y que como consecuencia se atente contra la reputación o prestigio financiero de la entidad.
Esos medios incluyen cualquier medio escrito, radiales, televisivos, cable, internet, Facebook, twitter, e incluso comunicaciones verbales. Las penas por cometer esos delitos son de 5 a 10 años de prisión y una sanción de Q100 mil a Q800 mil.