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Presupuesto 2016: presenta un desbalance en déficit fiscal

Redacción República
22 de septiembre, 2015

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2016 fue entregado por el Ministro de Finanzas, Dorval Carías, el pasado 1 de septiembre y asciende a Q72,430 millones.

Para financiar este plan de gastos el Ministerio de Finanzas propone Q54,555.8 millones en ingresos tributarios y Q11,060.2 millones en bonos del Tesoro. También se proponen Q543 millones en préstamos y Q2,847 millones en ingresos no tributarios.

Carías explicó que entre los préstamos solicitados a los bancos internacionales figura uno de US$250 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y del Banco Mundial (BM), que apoya un préstamo de US$300 millones de dólares. “Si uno de los préstamos no se incluye en el presupuesto, se hará una propuesta de emisión de bonos”, dijo Carías.

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Ahora corresponde al pleno del Organismo Legislativo conocer el proyecto desde donde será enviado a la Comisión de Finanzas del Congreso para su análisis.

El Congreso, después de recibir el proyecto, deberá conocerlo en el pleno y podría aprobarlo de urgencia nacional, con 105 votos.   Los congresistas tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo por mandato constitucional, cuando finaliza el segundo período ordinario del parlamento guatemalteco.

Debe analizarse a fondo

Esta propuesta tiene, según analistas, mucho camino que recorrer y debe también socializarse. Para empezar, siempre está el debate de que si es muy alto o no, ya que los Q72,430 millones supera en Q1,830 millones  al de 2015, para el que fueron aprobados Q70,600 millones el 28 de noviembre del 2014.

Según la analista Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el verdadero problema es que de esa cantidad de dinero no saca nada positivo la población, quien lo financia con sus impuestos.

“El monto crece, además por razones macroeconómicas, principalmente porque las instituciones estatales incrementan gastos para sueldos y salarios, así como en pago de la deuda.  Esas instituciones están gordas y esa grasa no sirve para nada por lo que hay que eliminarla”, opina. Flores también comenta que ese dinero debería transformarse en bienes y servicios para los ciudadanos.

La analista opina que la ciudadanía está en su derecho en exigir no solo un presupuesto más bajo sino que se use en beneficio de todos.

Otro tema es sobre las fuentes de financiamiento, sobre todo para cubrir el déficit fiscal, es decir los fondos que se deben adquirir en deuda para cubrir la cantidad total de ingresos.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) indica que en el caso de los préstamos externos Guatemala tiene un “cierre virtual de ventanillas” de parte de la banca multilateral por los problemas de corrupción descubiertos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También por los problemas en la aprobación parlamentaria de préstamos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya aprobados por los directorios en Washington, Estados Unidos.

Debido a esta situación, se tiene proyectada la venta de Bonos del Tesoro por Q11,060.2 y apenas Q543 millones provenientes de préstamos, algo que es diferente a los años anteriores, como se puede ver en la siguiente gráfica de Icefi.

Barrientos señala que es preocupante porque el financiamiento de este déficit muestra un desequilibrio significativo, ya que se cubriría en un 93% con bonos del Tesoro, 3% con préstamos externos y 4% con recursos de caja.

Se considera que la ausencia de financiamiento con préstamos externos en condiciones blandas puede tener efectos macroeconómicos adversos y encarecimiento del crédito público, lo cual refleja la desconfianza de la banca multilateral de desarrollo, generada por los escándalos recientes por corrupción.

Es por eso que entidades como Icefi recomiendan que el nuevo gobierno busque con urgencia recuperar el equilibrio en la estructura del financiamiento del déficit fiscal por medio de una agenda creíble de transparencia y combate a la corrupción, así como un plan efectivo para recuperar la SAT.

En otra forma de ver la situación, Irene Flores señala que sería positivo que no hubiera financiamiento internacional si eso ayudara a cortar los gastos innecesarios y así dejar que crezcan de las instituciones. Pero en la realidad lo que ocurre es que esa necesidad de ingresos se cubre con la colación de Bonos del Tesoro.

Carga tributaria podría ser menor si sigue corrupción

En el tema de impuestos el Icefi encuentra que en la proyección de ingresos tributarios de Q54.6 millardos, equivalentes a una carga tributaria proyectada de 10.4%, pueden identificarse dos componentes.

Uno es una proyección técnica y el otro una previsión de ingresos adicionales por recuperación de la administración tributaria. El componente técnico es de Q 53.1 millardos, el cual a criterio del Icefi es una proyección creíble y sustentada, en tanto que los Q 1.5 millardos restantes pueden interpretarse como la recaudación adicional que se lograría si el nuevo gobierno consigue implementar un plan efectivo para la recuperación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), luego de la crisis del caso La línea.

Sin embargo el Icefi advierte que ninguno de los dos candidatos presidenciales que participarán en la segunda vuelta tiene planes específicos de cómo lograr dicha recuperación. Esto hace que la proyección de  Q1.5 millardos adicionales pueda resultar excesivamente ambiciosa.

Como resultado la carga tributaria en 2016 podría terminar situándose en alrededor del 10.1%, por debajo de la proyección oficial de 10.4% para 2016 y del 10.3% que el Icefi estima al cierre de 2015.

Poco gasto social

En el presupuesto de gastos, Barrientos expresa preocupación porque las asignaciones recomendadas por el Ejecutivo en el proyecto de  Presupuesto 2016 significarían una merma en el gasto social prioritario, para el cual se propuso una reducción respecto al presupuesto aprobado de 2015 equivalente al 0.7% del PIB (más de Q700 millones).

Asimismo, la inversión pública en las niñas, niños y adolescentes se reducirá al pasar de 3.5% del PIB en 2015, a 3.3% del PIB en 2016. Por lo anterior, la inversión per cápita diaria para este grupo etario quedaría en torno a Q6.27.

La asignación recomendada para el Ministerio de Educación buscaría por un lado lograr que en 2016 la matrícula escolar creciera respecto a las cifras preliminares de 2015 en 10.5% en el nivel preprimario, 7.2% en el nivel primario y 4.7% en el nivel diversificado, pero por otro lado significaría una reducción de 3.5% en la matrícula del nivel básico.

Asimismo, el Ejecutivo propone reducir la asignación para alimentación de estudiantes de preprimaria y primaria de Q 1.60 diarios en 2015 a Q 1.54 diarios en 2016 (sin tomar en cuenta la inflación -variación anual en el índice de precios), así como suprimir 4,784 becas para el nivel medio básico, y reducir en 9,692 los docentes profesionalizados del nivel primario. Los analistas señalan que estas contradicciones merman la calidad en el sistema educativo.

En cuanto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Icefi califica de alarmante que en lugar de atender la necesidad urgente de ampliar la cobertura de los servicios públicos de salud, el proyecto presentado por el Ejecutivo recomienda recortarlo en Q117 millones respecto al presupuesto aprobado para 2015.

Este recorte agudizaría el ya grave problema de acceso a los servicios que prestan los centros y puestos de salud, reduciría aún más las posibilidades de efectividad de programas como la Ventana de los mil días, destinado al combate a la desnutrición crónica y perpetuaría la crisis de abastecimiento en el sistema hospitalario estatal.

Otra revisión que se recomienda es la revisión de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, especialmente en los sectores educación y salud, y eliminar beneficios injustificados o disposiciones que alteren las prioridades del gasto público en estos dos sectores sustantivos.

Además, Icefi recomienda que el Ministerio de Finanzas Públicas participe en toda negociación entre entidades y trabajadores del Gobierno, con el propósito de cuantificar el impacto fiscal de estos pactos. Es de advertir que el proyecto de presupuesto para 2016 no contempla renovación o renegociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio de Educación y el magisterio nacional, pero que seguramente se otorgarán. Solo el de los maestros representa Q1,191 millones adicionales.

Riesgo de corrupción

Hay aspectos del proyecto de Presupuesto que llaman la atención, por ejemplo los incrementos al servicio de la deuda (27.7% como porcentaje del PIB); al Programa Nacional de la Competitividad del Ministerio de Economía (Q29 millones para servicios de diagnóstico y proyectos para mejorar inversión y competitividad), y Q 17 millones para educación vocacional e inserción laboral de jóvenes; a la SAT (Q221 millones); Organismo Judicial (Q147 millones); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-  (Q107 servicios de dirección y coordinación superior, Q 20 millones para apoyo a productores cafetaleros); Ministerio de Cultura y Deportes (Q39 millones para atención de centros deportivos); Ministerio de Gobernación (Q 29 millones para servicios de seguridad policial).

Por otro lado, también hay reducción por ejemplo en el Programa Nacional de Resarcimiento (Q48 millones); en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- (Q 58 millones); Autoridad para el manejo sustentable de la cuenta del lago de Amatitlán -AMSA- (Q 48 millones); Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata (Q4 millones); Comisión Presidencial de Transparencia -Copret- (Q 15 millones); Ministerio de Relaciones Exteriores (Q 15 millones en atención a migrantes); Mingob (Q 21 millones en prevención de la violencia en jóvenes y Q 35 millones en servicios de investigación criminalística); y MAGA (Q 30 millones en agricultura familiar (incluye fertilizantes).

Barrientos considera además que en los rubros que en 2016 se verían vulnerables a la corrupción destacan el denominado Listado Geográfico de Obras (por Q 13.2 millardos, equivalentes al 18.3% del presupuesto y al 2.5% del PIB), así como los y rubros de adquisiciones públicas como alimentos, medicamentos, combustibles, fertilizantes, arrendamientos, armas, propaganda, entre otros.

Por esa razón recomiendan establecer una agenda de transparencia y combate a la corrupción que incluye que el Gobierno reconozca los compromisos asumidos ante la Alianza para el Gobierno Abierto y medidas legislativas urgentes como las reformas a las leyes de contrataciones y de probidad, entre otras.

Flores reitera que las instituciones no crecen porque presten mejores servicios, sino para pagar más salarios y otras prestaciones y prebendas. “Hay que cortarles el chorro, este es el momento indicado. Para que la población civil reduzca la corrupción debe pedir que se reduzca y recorte el gasto público”, considera. Darles menos dinero es obligarlos a ser más eficientes.

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