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CABI estima en Q6.5 millardos el impacto económico de la conflictividad social

Braulio Palacios
10 de octubre, 2018

El Central American Business Intelligence (CABI) midió el impacto económico que tiene la conflictividad social ilegítima en el sector eléctrico nacional al contrastar los Planes de Generación y Expansión del Sistema Eléctrico (2013-2030), con en tres escenarios alternos.

Paulo de León, director del CABI, indicó que en el primer escenario, en el que ya se encuentra Guatemala, han sido Q6.5 millardos los que han dejado de percibir los guatemaltecos en edad de trabajar en los últimos cinco años.


“Las familias y negocios son los que más pierden, incluso más que el sector eléctrico, pues no tienen acceso a la electricidad y no cuentan con un servicio de calidad”, explicó el consultor al señalar que los mayores efectos lo resienten comunidades del interior del país.

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En el escenario uno, donde la conflictividad detiene avances de proyectos de distribución y transporte de electricidad, el gobierno ha dejado de percibir, entre 2013 a 2018, Q3.1 millardos en impuestos, se ha perdido la oportunidad de 160 mil empleos y se ha tenido un impacto negativo del PIB del 6.7%.

Paulo de León, director del CABI, mencionó que el modelo del sistema eléctrico del país no es “perfecto”, también tiene mejoras por realizar.

En el segundo escenario, se suman las circunstancias del primero y se suma un estancamiento en la generación, por el que, para 2030, las pérdidas alcanzarían cerca de los Q78 millardos y un 11.6% de impacto amulado en el PIB.

La conflictividad ilegítima ha afectado, como en los últimos tres años, un deterioro en el Índice de Competitividad, donde Guatemala ocupa el puesto 84 de los 137 países analizados.

Según De León, la perdida es en parte a un descenso en el pilar de infraestructura y la ausencia de inversión causada por la “oposición sistemática y la conflictividad”.

lA CONFLICTIVIDAD SOCIAL ILEGÍTIMA UTILIZA MÉTODOS DE ENFRENTAMIENTOS Y ACTOS CRIMINALES PARA DETENER Y SABOTEAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA.

El estudio “Sistema Eléctrico Nacional Bajo Ataque: Impactos socioeconómicos de conflictividad social sobre el modelo eléctrico de Guatemala” advierte que de seguir la situación, “habría un colapso total del sistema (eléctrico)”, donde se detienen los planes de generación, transporte y distribución eléctrica.

“El país perderá un acumulado de Q157 millardos (en 2030), equivalentes al 22.7% del PIB y cada guatemalteco sufrirá un incremento en el pago de su factura de electricidad”, explicó el director del CABI.


El estudio del CABI aclara que hay otros impactos no medibles, difíciles de cuantificar, pero que deben tomarse en cuenta, como la erosión de la imagen del país, riesgo para el sistema bancario (proyectos son financiados por la banca nacional), clima de inversión dañado, entre otros.

De León resaltó que se debe reconocer el impacto de la conflictividad social ilegítima y que pone en riesgo la sostenibilidad del suministro para los usuarios y el desarrollo de sectores en el país, así como la continuidad de planes de inversión.

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