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CC ordena consulta para que Minera San Rafael pueda operar

Edgar Quiñónez
03 de septiembre, 2018

Con más de una hora de retraso inició la conferencia de prensa de la Corte de Constitucionalidad (CC), respecto al caso de Minera San Rafael.

La CC resolvió que la mina continuará suspendida hasta que el Ministerio de Energía y Minas realice la consulta indígena a las comunidades de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

No se dio un plazo para realizar la consulta y podría demorar hasta un año. Este procedimiento establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no es para que se apruebe la mina, busca establecer un diálogo con las “autoridades representativas y reconocidas”, con “genuina representatividad” y que son afectadas de manera directa por el proyecto.

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Lea acá la resolución completa de la Corte de Constitucionalidad:

Resolución de la CC, caso Minera San Rafael

La consulta se realizará específicamente en el área que comprende el Escobal.  

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En qué consiste el Convenio 169 de la OIT

Este convenio contiene implicaciones con las tierras y los recursos naturales existentes en el área.

Otorga a las comunidades indígenas la posibilidad de utilización, administración y conservación de estos recursos.

Antes de la suspensión de actividades, la capacidad de operación de la mina generaba 1500 empleos directos al país.

La extensa espera para resolver un proceso que sobrepasó los plazos establecidos ha dejado un saldo negativo en cientos de familias, daños a la economía del país y de los municipios cercanos a la mina.

También un ambiente de incertidumbre jurídica para las inversionistas.

Impacto negativo

La Minera San Rafael estima que la economía ha dejado de percibir unos Q2 mil 167,500,000 entre impuestos, regalías, pago a proveedores y salarios.

En impuestos la compañía considera que el Estado ha dejado de percibir Q467.5 millones y Q40 millones en regalías a la municipalidad del municipio de San Rafael las Flores, Santa Rosa.

Antecedentes

La mina suspendió operaciones por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas).

Antes de las resoluciones judiciales, la mina había suspendido labores por los bloqueos de carreteras en Casillas.

Esto era porque vecinos aseguraban que los trabajos en la mina ocasionaban movimientos sísmicos por el uso de explosivos en el único ingreso para el municipio de San Rafael Las Flores.

En respuesta a estas manifestaciones, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), después de hacer varios estudios en el área, determinó que las actividades de la industria extractiva no eran las causantes de los sismos, y aseguró que los temblores en Casillas son a causa de una falla geológica.

A esto se suma que la Corte de Constitucionalidad (CC) no había resuelto el amparo en forma definitiva y se debió esperar 313 días para la resolución dada a conocer este lunes. 

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