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Solo dos fincas desalojadas de 123 denuncias de usurpaciones durante 2020

Luis Gonzalez
21 de enero, 2021

Solo dos fincas fueron desalojadas en 2020, de 123 denuncias de usurpación presentadas por la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro).

En total, la entidad señala que alrededor de 1 mil 500 propiedades entre fincas y terrenos han sido usurpadas por estructuras vinculadas con el crimen organizado.

Para Acdepro recuperar solo dos fincas de 124, significa “inoperancia” de las instituciones del Estado que carecen de recursos para actuar. Esa falta de acción genera incertidumbre jurídica y desalienta la inversión y causa desempleo, resaltan los afectados.

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“Evidencia la impunidad para los grupos delincuenciales”, resalta la institución.

Usurpaciones en terrenos de actividad industrial

Unas de las invasiones recientes se registró en un parque industrial ubicado en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos. Un grupo de personas ingresó de manera violenta en terrenos propiedad de la empresa Duwest y sus empresas afiliadas, Westrade S.A. y Especialidades Industriales S.A.

Los usurpadores, unos 200, se asentaron en los terrenos y montaron champas. Las autoridades han intentado un retiro voluntario, pero el diálogo no ha funcionado. Lejos de ello, atacan con piedras y palos a los agentes.

Raimundo Riojas, representante de la compañía, comenta que existe un alto riesgo de que ocurra un daño sin precedentes en la zona. Los usurpadores además de violentos, han intentado quemar los bosques en un sector donde se almacena gas, químicos y cemento.

La empresa Duwest lleva 40 años de operar en Tecún Umán. Genera 150 empleos directos y otros 300 indirectos, pero estos beneficios están en riesgo.

Willy Kaltschmitt, otro de los ejecutivos delegados de la compañía, lamenta el mensaje negativo enviado a los inversionistas debido a que no se respeta el Estado de Derecho.

Añade que la compañía reforestó el área con maderas preciosas y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Bosques. Personeros de esta entidad explicaron a los invasores el delito que estarían cometiendo si realizan la tala ilegal, pero no les importa.

No es un problema agrario

Carlos Torrebiarte, directivo de la Acdepro, asegura que detrás de las invasiones no existe un problema agrario sino el interés de grupos criminales que viven de estafar.

Riojas no descarta el interés de grupos del narcotráfico interesados en tomar control de un área cercana a la frontera con México. En estos terrenos funciona una pista de aterrizaje registrada como manda la ley.

Los usurpadores usan a mujeres y a niños como escudo para cometer sus fechorías, enfatiza Torrebiarte, quien lamenta que la Fiscalía no accione de inmediato por una regulación impuesta durante la gestión de Claudia Paz y Paz.

La usurpación fue denunciada en el Ministerio Público, enfatizan. Cuando llegan las autoridades abandonan el lugar, pero al retirarse los agentes, vuelve a invadir.

Una de las soluciones que ha planteado Acdepro para agilizar los casos, es crear una fiscalía especialzada para dedicarse a temas de usurpaciones.

El 19 de enero la comitiva del MP, PNC, PGN y los afectados, “fueron agredidos por los usurpadores al ingresar al parque industrial con piedras, palos, insultos y amenazas y quebrando vidrios de los vehículos, “

Los afectados y autoridades fueron agredidos por los invasores. En la imagen uno de los vehículos dañados.

Acdepro ve con preocupación los ataques

  • La inversión nacional y extranjera en zonas industriales se ve afectada. Se daña el empleo de trabajadores honrados y paraliza el desarrollo de las áreas.
  • La zona de San Marcos es industrial, maneja productos inflamables y por los incendios causados, se pone en riesgo toda el área. Los usurpadores comenten actos “terroristas”.
  • La mayoría de estas industrias tienen más de 50 años de operar en la zona fronteriza. Cuentan con toda la papelería de posesión y registros de propiedad en orden.
  • Estos grupos usan a mujeres y niños como banderas para las tomas violentas. Agreden a los funcionarios públicos y a los dueños, frente a la inefectiva acción de las autoridades que violan la Constitución de la República que demanda que el Estado debe proteger la propiedad privada.
  • Los usurpadores ganan terreno y poder por la inoperancia de las instituciones del Estado, ya que el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Juzgados y organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos, no tienen en su agenda proteger el derecho humano de la propiedad privada.
  • Acdepro señala que muchas organizaciones que supuestamente buscan tierras para las comunidades, evidencias sus nexos con el crimen organizado, poniendo a Guatemala en un proceso y riesgo de convertirse en un Estado fallido, como en el caso de la toma de industrias.
  • Se exige al Gobierno de Guatemala, representado por el presidente Alejandro Giammattei, al Organismo Judicial y jueces, al Ministerio Público, y a la Procuraduría de Derechos Humanos, cumplir la ley y respetar la propiedad privada, porque está demostrado que no son problemas de tierras ancestrales, sino grupos delincuenciales organizados
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