El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), presentó el tercer eje, de seis, del Informe Un Nuevo Rumbo de Nación. El tema de esta propuesta fue denominada Justicia.
Según el Cacif se debe a que los ámbitos profesional, financiero y técnico, en el sistema judicial han estado desatendidos por varios años, lo que ha dejado en los ciudadanos experiencias desafortunadas cuando acuden a él.
Agregan que un paso indispensable para que la población recobre la confianza en la justicia es revalorar la gestión del juez y dotarle de herramientas y recursos para que realice eficientemente su labor. Ello, sin duda, es una condición para que la justicia realmente sea pronta y cumplida.
Principales hallazgos
1. La falta de acceso a justicia y la incertidumbre legal continúa aumentando cada vez más. En ese marco, los procesos institucionales y la eficiencia del sector se encuentran cada vez más erosionados.
2. La discusión entre los expertos consultados nos llevó a dos niveles de discusión que conviene identificar. La denegación de justicia propiamente dicha, que refiere un sistema procesal anacrónico y muy poco personal asignado, en particular en el interior.
En lo penal, la falta de juzgados se pretende suplir con los llamados “juzgados pluripersonales” que no son más que un mismo juzgado con dos jueces. Esta extraña adaptación de otro sistema no ha resuelto los tiempos ni los accesos a tribunales.
3. En cuanto a la designación de magistrados de las altas Cortes y mejoras en las mismas, los criterios de los expertos son diversos.
Pareciera que la poca coincidencia que hay en las propuestas se limitan a que, si las soluciones requieren de una reforma constitucional, esta debe circunscribirse únicamente al sector justicia, con exclusión de otras propuestas en otras áreas que son resultado de discursos ideológicos.
Cuatro propuestas
Reformas profundas
Necesidad de reforma al Código Procesal Civil para eliminar recursos, tecnicismos y formalismos que no hacen más que entorpecer y desgastar los procesos. Incluso, se contemple incluir una limitación de la acción de amparo en los procesos civiles.
Considerar la oralidad
Promover los cambios normativos que permitan celebrar procesos civiles utilizando la oralidad. Guatemala es la única jurisdicción regional que todavía persiste en el anacrónico sistema de formalismo escrito, con lo cual se veda la inmediación de juez.
Evitar la politización
Rectificar el sistema de Comisiones de Postulación para la elección de Cortes. Una propuesta práctica puede ser la supresión del Colegio de Abogados como participante en las comisiones con lo que se evitaría la politización de este importante gremio profesional y ofrece un balance entre la academia y los mismos magistrados.
Plantear un nuevo modelo
Que se abra un diálogo de expertos para considerar temas como la ampliación de plazos de magistrados de CSJ, renovación parcial o escalonada de magistrados, revisión de las funciones administrativas de la CSJ y designación de un órgano administrativo, necesidad de un nuevo modelo para evaluación y designación de magistrados así como la inclusión de magistrados de salas dentro de la carrera judicial.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), presentó el tercer eje, de seis, del Informe Un Nuevo Rumbo de Nación. El tema de esta propuesta fue denominada Justicia.
Según el Cacif se debe a que los ámbitos profesional, financiero y técnico, en el sistema judicial han estado desatendidos por varios años, lo que ha dejado en los ciudadanos experiencias desafortunadas cuando acuden a él.
Agregan que un paso indispensable para que la población recobre la confianza en la justicia es revalorar la gestión del juez y dotarle de herramientas y recursos para que realice eficientemente su labor. Ello, sin duda, es una condición para que la justicia realmente sea pronta y cumplida.
Principales hallazgos
1. La falta de acceso a justicia y la incertidumbre legal continúa aumentando cada vez más. En ese marco, los procesos institucionales y la eficiencia del sector se encuentran cada vez más erosionados.
2. La discusión entre los expertos consultados nos llevó a dos niveles de discusión que conviene identificar. La denegación de justicia propiamente dicha, que refiere un sistema procesal anacrónico y muy poco personal asignado, en particular en el interior.
En lo penal, la falta de juzgados se pretende suplir con los llamados “juzgados pluripersonales” que no son más que un mismo juzgado con dos jueces. Esta extraña adaptación de otro sistema no ha resuelto los tiempos ni los accesos a tribunales.
3. En cuanto a la designación de magistrados de las altas Cortes y mejoras en las mismas, los criterios de los expertos son diversos.
Pareciera que la poca coincidencia que hay en las propuestas se limitan a que, si las soluciones requieren de una reforma constitucional, esta debe circunscribirse únicamente al sector justicia, con exclusión de otras propuestas en otras áreas que son resultado de discursos ideológicos.
Cuatro propuestas
Reformas profundas
Necesidad de reforma al Código Procesal Civil para eliminar recursos, tecnicismos y formalismos que no hacen más que entorpecer y desgastar los procesos. Incluso, se contemple incluir una limitación de la acción de amparo en los procesos civiles.
Considerar la oralidad
Promover los cambios normativos que permitan celebrar procesos civiles utilizando la oralidad. Guatemala es la única jurisdicción regional que todavía persiste en el anacrónico sistema de formalismo escrito, con lo cual se veda la inmediación de juez.
Evitar la politización
Rectificar el sistema de Comisiones de Postulación para la elección de Cortes. Una propuesta práctica puede ser la supresión del Colegio de Abogados como participante en las comisiones con lo que se evitaría la politización de este importante gremio profesional y ofrece un balance entre la academia y los mismos magistrados.
Plantear un nuevo modelo
Que se abra un diálogo de expertos para considerar temas como la ampliación de plazos de magistrados de CSJ, renovación parcial o escalonada de magistrados, revisión de las funciones administrativas de la CSJ y designación de un órgano administrativo, necesidad de un nuevo modelo para evaluación y designación de magistrados así como la inclusión de magistrados de salas dentro de la carrera judicial.
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