En Guatemala, el gobierno de izquierda del Movimiento Semilla, busca establecer una Ley de Competencia. Por ahora la Directiva del Congreso dirige la mesa de análisis para escuchar a diferentes sectores. El siguiente paso será elaborar —supuestamente— una propuesta consensuada. 

La discusión viene dada por diferentes voces y opiniones. El argentino Eduardo Stordeur, Doctor en Derecho, profesor de Economía y experto en cuestiones de competencia, conversó con República Empresa. 

Guatemala es uno de los pocos países en el mundo sin esta ley, ¿es necesaria?  

—Sí, es deseable. Con una Ley de Defensa de Competencia los mercados tienen suficiente nivel de rivalidad y agentes económicos operativos, incentivos, mejorar calidad, ofrecer diversidad, invertir en innovación y desarrollo. Eso ocurre en los mercados competitivos y se traduce en ventajas para los consumidores.  

En la defensa de la competencia se investigan conductas anticompetitivas a través de procedimientos jurisdiccionales. Existen conductas exclusorias (eliminar competidores) y explotativas (discrimina precios para abuso de posición).  

¿Es justificable el escepticismo de algunos empresarios y compañías ante una Ley de Competencia? 

— Muchos piensan que es una ley de regulación indirecta. Sin embargo, es una agencia especializada, normalmente dirigida por un cuerpo colegiado de abogados y economistas que —muy importante— solamente intervienen ante violaciones a la ley en proceso de tipo jurisdiccional. 

No se trata de que, de golpe, no exista más libertad económica o que pueda haber una interferencia rápida en los mercados. Esto no funciona así.  

¿Podría entenderse que esta ley va en contra de la existencia de un monopolio per se?  

— No debería. La mayor parte de los expertos considera que no necesariamente una empresa grande es mala para la economía.  

Una empresa grande puede haber obtenido su tamaño a través de méritos, menores costos, mejor calidad, inversión en desarrollo e innovación. Hay mercados que requieren escala.  

La Ley de Competencia no se opone a compañías grandes. Estas pueden ser deseables. La competencia es una herramienta que se usa justamente para que los mercados sean más libres y competitivos y los consumidores tengan más oportunidades.  

El gobierno de Arévalo desea tener una ley operativa a más tardar para 2025. Hay quien recela de que pueda tratarse de una especie de imposición externa. ¿Comparte este temor?  

— No lo creo. En general, una Ley de Competencia está dentro del conjunto de instituciones que piden una economía dinámica y moderna. A priori lo veo como una recomendación muy general. Es un paso más junto con muchos otros hacia el desarrollo económico.  

Es importante que no esté politizada. En todo caso, sería una herramienta pesada para perseguir opositores porque lleva mucho tiempo la investigación y son procedimientos jurisdiccionales con garantías de defensa.  

Eso sí, la Ley debe estar razonablemente bien hecha. Tener un procedimiento clásico y estándares probatorios usuales que incorporen lo esencial de las mejores prácticas internacionales.  

¿Una Ley de Competencia es correlativa con mayor inversión extranjera?  

— Debería ser. Si el mercado es competitivo, es más fácil entrar en él que a uno con barreras artificiales.  

Un factor muy importante para que funcione bien es que haya un amplio control jurisdiccional de los actos por parte de una agencia técnica. Creo más en instituciones que en personas, por eso es muy importante que sea difícil removerlos. 

¿Qué requisitos serían fundamentales para una próxima Ley de Competencia en Guatemala?  

— La lista es larga. Empezaría con la necesidad de una agencia independiente del poder político. Puede ser como en Chile; en donde figura dentro del poder judicial. O también ser un ente autónomo.  

La agencia debería tener facultades propias. Parte de la independencia es buscar algún tipo de autonomía financiera, funcional, de difícil remoción y separar inducción de decisión. Es decir, que los investigadores de los casos no sean los mismos que después los resuelven. 

En la parte técnica, buscar abogados que entiendan economía y economistas… La prudencia es un aspecto fundamental en la decisión judicial. 

Por supuesto, un procedimiento establecido que garantice el derecho de defensa y sea amplio respecto a los principios y garantías básicas.  

Por el contrario, lo que no recomendaría son las sanciones penales. Las considero un arma peligrosa. En EE. UU. y otros países existen son multas. Estas deben ser grandes para que disuadan: el umbral probatorio tiene que ser alto. Y debe regirse por las técnicas de guías internacionales.  

Esto no es un ámbito para empezar a innovar. Entiendo que haya algún tipo de preocupación de distintos sectores, porque es una novedad importante para Guatemala. No obstante, creo que tiene una alta probabilidad de éxito.