Es noticia. La OCDE ha advertido que en México es primordial garantizar una gestión sostenible del agua para aprovechar eficazmente las oportunidades del nearshoring. 

• En su Estudio Económico de México 2024, la organización indica que una gestión eficiente del agua salvaguardaría los limitados recursos hídricos. Además, mejoraría la fiabilidad del suministro para las empresas, reduciendo riesgo y costos operativos.  
• Para la OCDE, lo anterior también debería ser un elemento clave de la estrategia azteca de adaptación al cambio climático.  
• El estudio asegura que promover la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de las normas internacionales, lo convertiría en un destino incluso más atractivo para el nearshoring. 

Por qué importa. La grave escasez limita las oportunidades ofrecidas por la relocalización: inversiones y generación de empleo.  

• En la industria, la disponibilidad de agua es un factor crítico. De acuerdo con el ‘Panorama ASG en México y Centroamérica 2023’, el 50% de las empresas considera la crisis del agua una de sus principales preocupaciones.
• El 70% del territorio padece escasez. El 50% de las cuencas del país están sobreexplotadas.    
• Para 2030, se estima que la demanda de agua superará la oferta en 30%. 1 de cada 3 mexicanos no tiene acceso a agua potable. 

Qué destacar. Hay un mandato de la Suprema Corte para emitir una Ley General de Aguas antes de agosto de 2024. Mediante ella, y otorgando un mayor papel a la Comisión Nacional del Agua, mejorarían gobernanza y regulaciones.  

• México tiene una de las proporciones más bajas de la población conectada a las plantas públicas de tratamiento de aguas residuales en la OCDE.  
• Un desafío clave es mejorar la precisión y la disponibilidad de datos actualizados sobre los recursos, el uso y la calidad hídricos.  
• Las responsabilidades están muy fragmentadas, lo que dificulta la coordinación de políticas y la rendición de cuentas, afirmó en su estudio.

Lo indispensable. Se requiere, ante todo, voluntad política e inversión. Después, un marco para su institucionalización. Falta un plan hídrico nacional. Se necesita con urgencia una estrategia integral capaz de garantizar el suministro. Tanto a la población como a la industria. 

• Un problema añadido es que se pierde alrededor del 30% debido a fugas causadas por una deficiente infraestructura.  
• Empresas e industrias deben implementar medidas para optimizar la utilización por el uso ineficiente. Se impone la inversión en abastecimiento y saneamiento; tratamiento y distribución.  
• Estas inversiones podrían financiarse al aumentar la capacidad de recuperación de costos de las tarifas. Hasta ahora estas se fijan a nivel municipal, por lo que el precio no refleja el costo de provisión. La diferencia se cubre a través de subsidios federales. 

Cómo funciona. Lo anterior, con ser imprescindible, ha de complementarse con otras medidas. En especial, promover la eficiencia hídrica.   

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías: sistemas de detección temprana de fugas y tratamiento de aguas residuales.
• Incentivar la adopción de prácticas como el uso de tecnologías eficientes en el consumo y la reutilización en sus procesos.  
• Impulsar la colaboración entre los sectores para una gestión integral, así como educar a la población sobre la importancia del uso responsable. Una cooperación real entre academia, industria, gobierno y sociedad civil. 

Entre líneas. El 7 de marzo, organizaciones de la sociedad civil y de representación empresarial, junto con operadores, dieron a conocer los “Compromisos por el Agua. Decálogo para detonar soluciones”. Un llamado urgente para lograr un cambio de paradigma para enfrentar los desafíos climáticos. 

• Un primer análisis enumeraba la desdibujada agenda, falta de una política hídrica y ausencia del sector en la jerarquía de prioridades.  
• El documento pretende priorizar la agenda del agua en una estrategia nacional con visión al 2050, revertir la tendencia de reducción presupuestal y asignar más recursos del PIB para la gestión, entre otras medidas.  
• El verdadero trabajo comenzará tras las elecciones 2 de junio. Será entonces cuando deban tomarse acciones concretas. Y, también, disponer de un sistema de monitoreo de las políticas en marcha y los alcances presupuestales. 

Ecos regionales. Las ventajas competitivas de Guatemala (localización, estabilidad macroeconómica y leyes pro-inversión) son insuficientes. Sus tres grandes déficit son: infraestructura defectuosa e incompleta y las ineficiencias energética e hídrica.  

• Al igual que sucede en México, Guatemala tampoco dispone de una muy necesaria ley de agua. Es una de las eternas asignaturas pendientes de las pasadas legislaturas.  
• Hasta tener esa ley —prioritaria— Guatemala debe continuar buscando el uso racional del líquido elemento.  
• El BM cuenta con la campaña de “residuo a recurso” que tiene el objeto de valorar las aguas residuales como solución al problema de escasez. California cuenta con normativas para consumir agua regenerada (Singapur o Tailandia ya lo hacen). Israel recicla el 100%.

En conclusión. La crisis hídrica no ha de considerarse solo como un problema. Tanto en México como en Guatemala representa, a la vez, una oportunidad para impulsar la innovación, la eficiencia y la colaboración en la gestión. El esfuerzo conjunto de todos los sectores puede asegurar un futuro sostenible.