Guatemala muestra deterioro en Índice Internacional de Derechos de Propiedad
En el caso de Guatemala se observa una baja calificación en los aspectos analizados: político-legal, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual.
Guatemala muestra un constante deterioro del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI, por sus siglas en inglés), según datos divulgados por el Observatorio de Derechos de Propiedad.
El 2022 fue otro año negativo para el país al ser evaluado en su entorno político-legal, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual. El máximo punteo lo mantiene Finlandia con un 8.17 de 10, mientras que el mínimo es de 1.77 y corresponde a Venezuela.
El estudio analiza a 129 naciones y Guatemala se ubica en el puesto 103 en 2022, un deterioro en comparación con 2021 cuando se ubicó en el puesto 95, siempre de 129 países evaluados, agrega el citado Observatorio.
Y este resultado negativo solo refleja un retroceso, pues en 2017, seis años atrás, el punteo fue de 5.08.
Análisis de cada aspecto
Pero el caso de Guatemala no aislado. El estudio concluye que solo cinco naciones mejoraron su posición: Brunei, Bangladesh, Haití, Finlandia y Alemania.
En el caso de Guatemala se observa una baja calificación en los aspectos analizados: político-legal, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual.
El peor segmento de los tres fue el político-legal, con 3.37 de 10, seguido por propiedad intelectual donde obtuvo 4.13 y propiedad física con 4.57.
En relación con el primer tema, político legal, que analiza los aspectos independencia judicial, estado de derecho, estabilidad política y control de corrupción, el punteo más bajo es en estado de derecho y control de corrupción (2.89 ambos).
Mientras que en derecho de propiedad físicos, que abarca tres aspectos, el proceso de Registro de la Propiedad obtuvo 3.21 de 10, acceso a financiamiento 5.18 y protección de la propiedad física 5.30.
Sobre los derechos de propiedad intelectual fueron analizados cuatro temas: protección de derecho de autor que obtuvo 2.20, protección de la propiedad intelectual 4.47, protección de patentes 5.71 y en protección de marcas no se registró resultado.
Problemas en Guatemala
El Observatorio de Derechos de la Propiedad subraya la importancia de garantizar el derecho a la propiedad como un fundamento para atraer inversión al país, pero en la actualidad no se observa mejoras en este aspecto.
El estudio visualiza tres problemas sobre los derechos de propiedad inmueble: falta de acceso a la justicia, incertidumbre en el sistema de Registro de la Propiedad y crimen organizado.
Indican que la falta de acceso a la justicia se refleja en temor ciudadano al sistema de justicia, percepción de instituciones ineficientes, falta de confianza en las entidades y alto niveles de impunidad y falta de certeza de castigo.
Sobre este punto resaltan el problema de las usurpaciones o invasiones, como se conoce de manera simple. En este aspecto subrayan que entre 2017 y 2021 el Ministerio Público recibió 20,596 denuncias y solo este año suman 4,119. El promedio de casos no ha variado en los últimos diez años, agrega el Observatorio de Derechos de Propiedad.
Pero se indica que el problema no es el número de denuncias, sino en falta de eficiencia para resolver los casos. Un proceso legal tarda 817 días en promedio para resolverse, mientras que debería tardar un promedio de 341 días. Entre 2017 y 2021 solo se cerró el 28% de los expedientes ingresados por delitos relacionados con invasiones. Y apena se reporta un promedio anual de desalojos de 14.
"Sin un sistema de justicia eficiente y eficaz no procesa el gran número de denuncias presentadas por violaciones a los derechos de propiedad inmueble, el problema de la protección de los derechos de propiedad en Guatemala seguirá empeorando", concluye el Observatorio de Derechos de Propiedad.
Diez recomendaciones
- Reformas al sistema de justicia para que sea eficiente, accesible, efectivo e independiente con el objetivo de restaurar el disfrute de los derechos de propiedad cuando estos son vulnerados.
- Crear una política criminal orientada en el despojo de bienes inmuebles que contenga una coordinación de los garantes de propiedad, en especial Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial.
- Revisar y estandarizar los protocolos de desalojo existentes en caso de invasiones para garantizar que el proceso sea inmediato y se evite que la usurpación continúe de manera indefinida.
- Fortalecimiento de las capacidades institucionales de todos los garantes de propiedad
- Digitalizar todo el proceso registral que permitirá que las operaciones sean más eficientes y con mayor certeza jurídica.
- Fortalecer la seguridad registral del Registro de la Propiedad por medio de tecnología que permita dotar de mayor certeza los actos y contratos que autoricen los notarios e identificar de forma ágil casos de falsificación ideológica o material.
- Establecer medios para promover eficiencia y rapidez para la realización de los trámites en el Registro de la Propiedad para acelerar el desarrollo inmobiliario.
- Transcripción digital de la totalidad de inscripciones registrales que en la actualidad se encuentran manuscritas para certeza jurídica del contenido de estas.
- Fortalecer el sistema de catastro nacional, mediante reformas legales e intervenciones estratégicas que permitan la finalización del proceso catastral, dotar de recursos económicos para hacerlo viable, así como herramientas tecnológicas para que los esfuerzos realizados en esta materia tengan un impacto real.
- Vincular de forma sistemática los sistemas de registro de la propiedad y el sistema de catastro para garantizar mayor certeza a los propietarios de bienes inmuebles.
Acá puedes consultar la presentación completa
Guatemala muestra deterioro en Índice Internacional de Derechos de Propiedad
En el caso de Guatemala se observa una baja calificación en los aspectos analizados: político-legal, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual.
Guatemala muestra un constante deterioro del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI, por sus siglas en inglés), según datos divulgados por el Observatorio de Derechos de Propiedad.
El 2022 fue otro año negativo para el país al ser evaluado en su entorno político-legal, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual. El máximo punteo lo mantiene Finlandia con un 8.17 de 10, mientras que el mínimo es de 1.77 y corresponde a Venezuela.
El estudio analiza a 129 naciones y Guatemala se ubica en el puesto 103 en 2022, un deterioro en comparación con 2021 cuando se ubicó en el puesto 95, siempre de 129 países evaluados, agrega el citado Observatorio.
Y este resultado negativo solo refleja un retroceso, pues en 2017, seis años atrás, el punteo fue de 5.08.
Análisis de cada aspecto
Pero el caso de Guatemala no aislado. El estudio concluye que solo cinco naciones mejoraron su posición: Brunei, Bangladesh, Haití, Finlandia y Alemania.
En el caso de Guatemala se observa una baja calificación en los aspectos analizados: político-legal, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual.
El peor segmento de los tres fue el político-legal, con 3.37 de 10, seguido por propiedad intelectual donde obtuvo 4.13 y propiedad física con 4.57.
En relación con el primer tema, político legal, que analiza los aspectos independencia judicial, estado de derecho, estabilidad política y control de corrupción, el punteo más bajo es en estado de derecho y control de corrupción (2.89 ambos).
Mientras que en derecho de propiedad físicos, que abarca tres aspectos, el proceso de Registro de la Propiedad obtuvo 3.21 de 10, acceso a financiamiento 5.18 y protección de la propiedad física 5.30.
Sobre los derechos de propiedad intelectual fueron analizados cuatro temas: protección de derecho de autor que obtuvo 2.20, protección de la propiedad intelectual 4.47, protección de patentes 5.71 y en protección de marcas no se registró resultado.
Problemas en Guatemala
El Observatorio de Derechos de la Propiedad subraya la importancia de garantizar el derecho a la propiedad como un fundamento para atraer inversión al país, pero en la actualidad no se observa mejoras en este aspecto.
El estudio visualiza tres problemas sobre los derechos de propiedad inmueble: falta de acceso a la justicia, incertidumbre en el sistema de Registro de la Propiedad y crimen organizado.
Indican que la falta de acceso a la justicia se refleja en temor ciudadano al sistema de justicia, percepción de instituciones ineficientes, falta de confianza en las entidades y alto niveles de impunidad y falta de certeza de castigo.
Sobre este punto resaltan el problema de las usurpaciones o invasiones, como se conoce de manera simple. En este aspecto subrayan que entre 2017 y 2021 el Ministerio Público recibió 20,596 denuncias y solo este año suman 4,119. El promedio de casos no ha variado en los últimos diez años, agrega el Observatorio de Derechos de Propiedad.
Pero se indica que el problema no es el número de denuncias, sino en falta de eficiencia para resolver los casos. Un proceso legal tarda 817 días en promedio para resolverse, mientras que debería tardar un promedio de 341 días. Entre 2017 y 2021 solo se cerró el 28% de los expedientes ingresados por delitos relacionados con invasiones. Y apena se reporta un promedio anual de desalojos de 14.
"Sin un sistema de justicia eficiente y eficaz no procesa el gran número de denuncias presentadas por violaciones a los derechos de propiedad inmueble, el problema de la protección de los derechos de propiedad en Guatemala seguirá empeorando", concluye el Observatorio de Derechos de Propiedad.
Diez recomendaciones
- Reformas al sistema de justicia para que sea eficiente, accesible, efectivo e independiente con el objetivo de restaurar el disfrute de los derechos de propiedad cuando estos son vulnerados.
- Crear una política criminal orientada en el despojo de bienes inmuebles que contenga una coordinación de los garantes de propiedad, en especial Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial.
- Revisar y estandarizar los protocolos de desalojo existentes en caso de invasiones para garantizar que el proceso sea inmediato y se evite que la usurpación continúe de manera indefinida.
- Fortalecimiento de las capacidades institucionales de todos los garantes de propiedad
- Digitalizar todo el proceso registral que permitirá que las operaciones sean más eficientes y con mayor certeza jurídica.
- Fortalecer la seguridad registral del Registro de la Propiedad por medio de tecnología que permita dotar de mayor certeza los actos y contratos que autoricen los notarios e identificar de forma ágil casos de falsificación ideológica o material.
- Establecer medios para promover eficiencia y rapidez para la realización de los trámites en el Registro de la Propiedad para acelerar el desarrollo inmobiliario.
- Transcripción digital de la totalidad de inscripciones registrales que en la actualidad se encuentran manuscritas para certeza jurídica del contenido de estas.
- Fortalecer el sistema de catastro nacional, mediante reformas legales e intervenciones estratégicas que permitan la finalización del proceso catastral, dotar de recursos económicos para hacerlo viable, así como herramientas tecnológicas para que los esfuerzos realizados en esta materia tengan un impacto real.
- Vincular de forma sistemática los sistemas de registro de la propiedad y el sistema de catastro para garantizar mayor certeza a los propietarios de bienes inmuebles.
Acá puedes consultar la presentación completa