Nicaragua recibió casi el doble de Inversión Extranjera Directa (IED) que Guatemala en 2023. Costa Rica consiguió tres veces más —el 71% proveniente de EE. UU.—, además de un titular del New York Times que pega de lleno en el ego chapín “¿Es este el Silicon Valley de Latinoamérica?”, por su encaje en las cadenas de valor de microchips. Mientras la economía guatemalteca espera IED cual desfibrilador, lo político se cuela.
Es un activo político la percepción en Washington de que el presidente Arévalo es una suerte de Boric ístmico. Por ahora, ambos Gobiernos coinciden en signo —progresista— y forma —democracia liberal—. ¿Acaso no podría Guatemala aspirar a entrar al exclusivo club latinoamericano Alianza para el Desarrollo en Democracia, junto a democracias relativamente estables y prósperas como Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde EE. UU. concentra su IED? Sobre todo, ante el avance de su máximo rival geopolítico: China. Agnóstica y dadivosa en sus relaciones exteriores, no consta que se detenga a preguntar sobre derechos humanos a las satrapías tropicales que nos rodean.
Es un pasivo que el Gobierno consuma su escaso capital político en pasar una ley de competencia, que en manos de cuadros moderados y técnicos sería una herramienta para entregarle ahorros marginales al consumidor, pero que en manos de cuadros radicales e ideológicos sería un arma política para entregarle una vendetta al votante. No importa qué facción se imponga: toda la conversación económica padece de un sesgo ombliguista, con excesivo énfasis en el mercado y consumidor doméstico, adicto a las remesas y alejado de la disciplina de mercado que imprime producir bienes y servicios de valor para el mundo.
La salida para atraer más inversión pasa por mirar hacia afuera y hacia arriba, y reconocer la naturaleza específica de la IED por la que compite Guatemala. Quienes asignarían capital a Guatemala, abrumadoramente, no lo harían por su modesto mercado doméstico. Ni siquiera por el agregado centroamericano. Para esta audiencia clave, Guatemala en el mejor de los casos es un hub exportador próximo al mercado más grande del mundo. Una ley de competencia, redactada y esgrimida razonablemente, no haría daño. Pero el capital humano —los currículos de algunas secundarias técnicas en Costa Rica incluyen inteligencia artificial— y la infraestructura no son negociables.
Nicaragua recibió casi el doble de Inversión Extranjera Directa (IED) que Guatemala en 2023. Costa Rica consiguió tres veces más —el 71% proveniente de EE. UU.—, además de un titular del New York Times que pega de lleno en el ego chapín “¿Es este el Silicon Valley de Latinoamérica?”, por su encaje en las cadenas de valor de microchips. Mientras la economía guatemalteca espera IED cual desfibrilador, lo político se cuela.
Es un activo político la percepción en Washington de que el presidente Arévalo es una suerte de Boric ístmico. Por ahora, ambos Gobiernos coinciden en signo —progresista— y forma —democracia liberal—. ¿Acaso no podría Guatemala aspirar a entrar al exclusivo club latinoamericano Alianza para el Desarrollo en Democracia, junto a democracias relativamente estables y prósperas como Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde EE. UU. concentra su IED? Sobre todo, ante el avance de su máximo rival geopolítico: China. Agnóstica y dadivosa en sus relaciones exteriores, no consta que se detenga a preguntar sobre derechos humanos a las satrapías tropicales que nos rodean.
Es un pasivo que el Gobierno consuma su escaso capital político en pasar una ley de competencia, que en manos de cuadros moderados y técnicos sería una herramienta para entregarle ahorros marginales al consumidor, pero que en manos de cuadros radicales e ideológicos sería un arma política para entregarle una vendetta al votante. No importa qué facción se imponga: toda la conversación económica padece de un sesgo ombliguista, con excesivo énfasis en el mercado y consumidor doméstico, adicto a las remesas y alejado de la disciplina de mercado que imprime producir bienes y servicios de valor para el mundo.
La salida para atraer más inversión pasa por mirar hacia afuera y hacia arriba, y reconocer la naturaleza específica de la IED por la que compite Guatemala. Quienes asignarían capital a Guatemala, abrumadoramente, no lo harían por su modesto mercado doméstico. Ni siquiera por el agregado centroamericano. Para esta audiencia clave, Guatemala en el mejor de los casos es un hub exportador próximo al mercado más grande del mundo. Una ley de competencia, redactada y esgrimida razonablemente, no haría daño. Pero el capital humano —los currículos de algunas secundarias técnicas en Costa Rica incluyen inteligencia artificial— y la infraestructura no son negociables.