En agosto de 2022 el Congreso de la República aprobó la Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica. Esta Ley se suma a otros esfuerzos como el de la Municipalidad de Guatemala para implementar un sistema de transporte público de cero emisiones. Ambas medidas son esfuerzos positivos para realizar la transición hacia un sistema con menor impacto ambiental. Sin embargo, cabe hacer la pregunta de cuáles son los retos de hacer la transición a este tipo de vehículos.

Para comenzar es el costo de adquirir en sí del vehículo. Los vehículos eléctricos son más caros que un vehículo de gasolina tradicional. Y, aunque la Ley propone incentivos fiscales para la importación de vehículos eléctricos o que cumplan criterios de movilidad verde (haciendo énfasis en vehículos con celdas de hidrógeno), como una medida para mitigar parte de este costo, aun está por verse que tanto ayudará a la disminución del precio promedio.

No obstante, el valor promedio de un vehículo nuevo siempre ha sido un obstáculo para la población promedio y el porcentaje de vehículos usados es muestra de ello. Si hacemos un análisis de las importaciones de vehículos de Guatemala, se puede observar que por cada vehículo nuevo en 2021 se importaron 3 usados.

Lo que se puede interpretar como una forma que ha encontrado el guatemalteco para solventar el problema del costo de adquirir un carro. Sin embargo, esta solución puede no funcionar para los vehículos eléctricos.

Esto porque el componente principal de los vehículos eléctricos es su sistema de baterías que, aunque ha mejorado en rendimiento y durabilidad, aún están sujetas a un desgaste paulatino por uso.

Por ello y para verlo de forma práctica, si tener un celular cuya batería no rinde lo necesario para un día cotidiano puede ser motivo para que cambiemos el celular o desistamos de comprarlo, traslademos el mismo problema, pero a la escala de un vehículo. Importar vehículos usados eléctricos puede representar un mayor problema que los beneficios esperados, ya sea por el costo de reparar el vehículo o el manejo de baterías obsoletas. Solo el manejo de los desechos, baterías, de estos vehículos representa un problema por sí mismo.

Esto nos lleva al siguiente elemento a considerar. La matriz o red de proveedores y mecánicos capaces de atender de forma adecuada un vehículo eléctrico de baterías.

En el estudio “Brechas de Talento” elaborado por Fundesa, ya desde 2017 se ha identificado que uno de los perfiles técnicos profesionales que poseen mayor demanda y que a su vez existe una falta de personal cualificado, es el especializado en electrónica automotriz.

En la versión 2020 del estudio se presenta que para la contratación de personal, los perfiles de técnicos en electricidad y electrónica industrial son de dificultad alta. Aunque parcial, estos elementos relacionados al capital humano esbozan un escenario en el que parece que no serán los vehículos sino el capital humano el principal obstáculo para la adopción de una matriz de movilidad eléctrica a nivel de la sociedad.

Esto porque el tener un vehículo, sea eléctrico o de combustión interna, conlleva una serie de gastos asociados a su mantenimiento. Esto claro es adicional al valor de adquirir en primer lugar el vehículo. Tradicionalmente el mercado y las personas encuentran alternativas que se adapten a su capacidad económica y que por ende sean asequibles.

Los talleres de barrio e importadoras de vehículos usados, que triplican a la de vehículos nuevos, es evidencia de ellos. Así como también si incluimos en la ecuación la importación de motocicletas que solo en 2021 fue de 1.79 millones, se refuerza la idea que el costo tanto de compra o de mantenimiento es un elemento de peso.

Sin embargo, el que exista una oferta limitada de personas o perfiles que puedan reparar y darles mantenimiento a los vehículos eléctricos, puede llevar a que el mantenimiento de esto represente un costo elevado o inclusive prohibitivo para algunos segmentos sociales. Aunque las motos eléctricas puedan ser la mejor alternativa para la adopción de vehículos eléctricos a nivel individual, sin una red de proveedores y mecánicos adecuados, estás también tenderán a ser muy costosas en mantenimiento y por ende poco atractivas.

Por ello y con el fin de evitar este escenario se debe de apuntalar uno de los problemas ya conocidos del país, la educación. Iniciativas como la Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica y el programa de transporte público cero emisiones de la Municipalidad de Guatemala son pasos adecuados en la dirección correcta. Sin embargo, solo abordan una parte del problema.

Para alcanzar el objetivo deseado no solo se tienen que crear los incentivos que permitan importan bienes que faciliten la transición hacia un modelo de movilidad verde, sino también abordar al individuo y el sistema cotidiano del que este depende incluido el educativo.