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Vielmann: “Los argumentos en España se basan en información recibida de CICIG y MP”

Redacción
21 de abril, 2014
En el año 2006, se desarrolló una operación interinstitucional denominada Pavo Real para retomar el control por las autoridades del centro de detención Pavón, una cárcel bajo control de los reclusos donde se traficaba droga, se planeaban secuestros y extorsiones, según las mismas autoridades. Durante el operativo murieron varios reos, base de la acusación de supuesta ejecución extrajudicial contra los funcionarios de Gobernación. Sin embargo, el peritaje de un vídeo que Figueroa presentó en su juicio en Austria demostró que las autoridades fueron recibidas con disparos de armas de grueso calibre por los reos, lo cual fue un elemento clave para desvirtuar el señalamiento de ejecución extrajudicial pues se habría tratado de un enfrentamiento contra fuerzas de seguridad que retomaban el control de la prisión.
En el año 2011, la justicia guatemalteca (a solicitud de la CICIG) desistió de la solicitud de extradición de Vielmann a Guatemala por considerar que el país carecía de las condiciones para garantizarle seguridad y su integridad. En febrero del 2014, la Sala de Apelaciones de mayor Riesgo de Guatemala ordenó repetir el juicio contra otros implicados en el caso (anuló la sentencia) por considerar que el tribunal no “valoró de manera adecuada las pruebas”. En ese contexto, los funcionarios acusados cuestionan la actuación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al considerar que han existido irregularidades en la conducción de sus casos.  
Carlos Vielmann concede esta entrevista por vía electrónica para República.Gt y explica su situación previo a enfrentar juicio en España.

¿Cuál era la importancia de retomar el control de Pavón? 

Los centros penitenciarios eran verdaderas escuelas del crimen, en donde se cometían y dirigían un sinnúmero de delitos. Específicamente Pavón era un centro que por más de 10 años estaba bajo el control de los reclusos por medio del Comité de Orden y Disciplina; era un Estado dentro del propio Estado. Desde ese centro penitenciario se traficaba droga, se planeaban secuestros y extorsiones, se alteraban vehículos robados, se sometía por parte del Comité de Orden y Disciplina a vejámenes inimaginables a la propia población reclusa. 
El control era tal que las autoridades no tenían autorización de ingresar; era un bastión muy importante de crimen organizado, con toda la impunidad del caso. Como Gobierno teníamos dos caminos: uno, ver para otro lado como lo hicieron los gobiernos anteriores; y el otro, asumir nuestras obligaciones de Estado y darle la cara a la situación y solucionar el problema. Con responsabilidad se tomó una decisión de Estado en el Gabinete de Seguridad de resolver el problema con una fuerza interinstitucional conformada por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Sistema Penitenciario (SP), la COPREDEH y
el Ministerio de la Defensa. Todo en un marco legal, institucional y constitucional vigente. 

Según un video que fue presentado por la defensa de Javier Figueroa en su caso en Austria, en la toma de Pavón las autoridades fueron recibidas por disparos de reos ¿es cierto? ¿Por qué no había trascendido ese vídeo? 

Es un vídeo que sí se presentó durante el proceso de Javier Figueroa, al cual se le hizo el correspondiente peritaje técnico y del cual se concluye que hubo disparos de los reos contra la policía. En las declaraciones en el proceso en Austria, del fiscal de la CICIG, se le preguntó si conocía ese video y si así fuera por qué no se había incorporado a la investigación. El Fiscal aceptó conocerlo con anterioridad; asimismo, declaró que habían considerado que no era importante y por eso no lo incorporaron a la investigación. Esto evidencia una ocultación de pruebas. El vídeo no trasciende porque lo ocultaron. 

¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía para acusarlo cuando los casos relacionados han evidenciado la inocencia de su equipo de trabajo (declaración de inocencia de Alejandro Giammattei y Javier Figueroa, por ejemplo)?

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Los argumentos que usa la Fiscalía de la Audiencia Nacional (de España) son exactamente los mismos que han usado en Guatemala, Austria y Suiza: es información directamente recibida de la CICIG y del MP. En la legislación española se puede enviar a juicio a un acusado con un sólo indicio de que se pudo haber cometido un delito, respetando por supuesto la presunción de inocencia. Eso facilita el trabajo de la fiscalía y sin hacer mucho esfuerzo logra su cometido de ir a juicio. Es decir que con una pequeña duda que le quede al juez es suficiente para ir a juicio. Ya durante el juicio tiene que quedar plenamente demostrada la participación en el delito del acusado. 

Cuando la CICIG emite opinión sobre el caso, lo acusa de 8 delitos; posteriormente se retracta y únicamente se enfoca en señalamientos sobre asociación ilícita y ejecución extrajudicial. ¿Cómo se puede valorar esta situación de un ente que se supone debe buscar el fortalecimiento de la persecución penal en Guatemala? 

Yo la valoro como una actitud perversa, que en este caso ha sido característica de ellos y es parte de su estrategia mediática; su objetivo era litigar por los medios como soporte al caso que habían armado y no investigado. Pudimos ver en esos días, cuando aún el caso estaba en reserva y que ninguno de los acusados teníamos acceso al expediente, ni siquiera los que estaban en prisión y que nos fue negado por el juez, la CICIG por medio del ex comisionado Dall´Annese lo hacía público por diferentes medios de comunicación nacional e internacional, así como por medios electrónicos. Todo eso por supuesto con el apoyo del Gobierno de turno (era la administración de Álvaro Colom), el MP y el propio OJ. 
La valoración de esto para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala no puede ser bueno. Debemos reflexionar que la CICIG no es sus comisionados ni sus comisionados son la CICIG; lamentablemente este es un problema de personas y no del concepto de la institución, así que los responsables de que esto no sea bueno para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala es de quienes la han dirigido y del propio Gobierno que ha permitido que actúen impunemente fuera de su mandato. 

¿Por qué decide buscar justicia en un país extranjero? ¿Que ha sido lo más difícil para usted al verse obligado a residir en el extranjero? 

En el momento que empieza esta perversa situación, inmediatamente nos dimos cuenta de la manipulación que se estaba dando del caso. Desde el inicio se me negó tener mi propia defensa; se negó el acceso a la acusación. En ningún momento se respetó la presunción de inocencia; la presión de la CICIG, el MP y del Gobierno de turno comprometían la actuación independiente del poder judicial. Se intentó por la juez, cambiar el delito de la acusación; no había ninguna garantía de poder tener un juicio justo. Aunado a esto, hubo información del propio Gobierno que decía no poder garantizarme mi propia vida. Estas fueron las razones en el ámbito judicial. Pero hubo otras en el ámbito personal: ¡fortalecer mi honorabilidad, que han intentado cuestionar; y aunque me han hecho daño, no lo han logrado! 
  
Y, al ser absuelto por un tribunal español, que no tengo duda que así será, todos y cada uno de mis detractores tendrá que callar; y el que no, no tendría la suficiente credibilidad para sostener su posición… y a pesar de eso, estoy seguro los habrá. La decisión no fue fácil. El proceso ha sido duro y, entre tantas cosas difíciles, sin duda lo más difícil es estar fuera del entorno familiar. 

¿Cómo busca demostrar su inocencia? 

Sometiéndome al Imperio de la Ley, ante unos tribunales independientes, donde no se me podrá acusar de ningún tipo de influencia. Y por sobré todo, siempre diciendo la verdad. 

Hace 4 años que usted enfrenta las acusaciones ¿Qué ha significado eso desde su perspectiva personal y profesional? 

Desde una perspectiva personal ha sido una situación dura y difícil. El estar fuera del entorno familiar ha sido probablemente lo más duro. El no poder estar ahí en el día a día, en los momentos de alegría o de tristeza da una nostalgia y una situación de impotencia que duele. Pero al mismo tiempo he tenido una familia más unida que nunca; una familia inquebrantable y luchadora que no da un paso para atrás ni para tomar aire. Aunado a esto, unos amigos que han sido incondicionales; que han sido más que amigos, han sido hermanos. Ha sido una oportunidad para fortalecer la relación con la familia de España que es maravillosa. He hecho amigos muy especiales que no me conocían de nada y me han apoyado incondicionalmente.¡Al tener la familia que tengo y los amigos que tengo todo se hace más fácil de llevar! Jamás han dejado que me sienta solo y han sido ellos los que me dan el ánimo y la fortaleza para luchar con más fuerza y ánimo. 

¿Cuáles serían sus acciones inmediatas cuando conozca la sentencia de su caso? 

¡La sentencia será absolutoria no me cabe la menor duda! Lo único que, de momento, tengo seguro que haré es legalizar la sentencia en donde corresponda, hacerla valer en los tribunales guatemaltecos y volver a mi país lo antes posible. Hay otras acciones que he evaluado, que tomaré la decisión de llevarlas a cabo o no al finalizar el juicio. Las llevaré a cabo si realmente ayudaran a fortalecer el sistema de justicia en Guatemala y a que los guatemaltecos tengamos la oportunidad de tener una justicia pronta y cumplida; donde se respete la independencia de los jueces y prevalezca la presunción de inocencia; y que la fiscalía sea un ente investigador y autónomo. 

De acuerdo a sus afirmaciones puede deducirse que percibe irregularidades en su caso. ¿Considera que han existido irregularidades en el caso que se sigue en su contra? 

Lamentablemente ha habido varias irregularidades e inclusive ilegalidades en mi caso y en los que se han seguido a todos los acusados del caso Infiernito y Pavón.
Las irregularidades son tantas que podríamos llenar hojas de hojas, pero las más obvias han sido que mientras se nos negaba la documentación del caso por estar en reserva, la CICIG y el MP lo hacían público a nivel nacional e internacional. Partiendo de faltar a la verdad por parte de la CICIG se me inician dos juicios por los mismos hechos en dos países diferentes, violando mis derechos humanos como quedó demostrado en resolución judicial. Se me negó, en Guatemala, tener derecho a mi defensa al no dejarme tener abogados que me representaran; no fue sino hasta que la CC lo ordenó que tuve defensa. Me quisieron cambiar los delitos por los que se me acusaba, y la CC nos volvió a amparar. A la investigación como tal no se le puede llamar investigación; es un caso fabricado. Los testigos son en su mayoría personas con problemas con la ley, desde asesinos de policías, pasando por un PNC acusado de encubrir la violación de una indígena en una comisaría del suroccidente del país, hasta funcionarios de presidios acusados previamente por actos de corrupción. 
En diciembre del 2010, el Juez Español ordena que se me entreguen todos los documentos de lo que se me acusa y no fue sino hasta marzo del 2013 que me los entregan. Hubo un momento que tuve tres procesos judiciales abiertos: uno de extradición y dos por los mismos hechos en dos países diferentes. Por otro lado, los mismos fiscales pedían mi extradición, otros que me juzgarán en España y otros en Guatemala; y todo ese enredo lo hace la CICIG por medio de su ex comisionado Francisco Dall´Annese, quien deliberadamente actúa fuera de su mandato según el convenio entre Guatemala y la ONU. Supongo que todo esto con la complacencia del gobierno de Guatemala y el MP. 

Según su experiencia como ex Ministro de Gobernación ¿la CICIG cuenta con información privilegiada para actuar contundentemente contra los grupos criminales y estructuras paralelas de seguridad, como estipula su mandato? ¿Por qué cree que no se ha desmantelado ninguna estructura de esa naturaleza? 

Debemos de suponer que la CICIG efectivamente cuenta con información privilegiada, de no ser así sería su principal fracaso. Lamentablemente la mayor actividad que ha realizado la CICIG está fuera de su mandato; se ha vuelto un grupo paralelo de poder más en el país que se va por la ruta más fácil. Fue una decisión errónea de los anteriores comisionados y, como convenía al gobierno anterior, nunca los forzó a que cumplieran con su mandato. Hay responsabilidad de ambas partes. Es una pena que se haya perdido el Norte de lo que se esperaba de la CICIG, dilapidando los recursos de los países amigos. Tanto la CICIG como del MP se pone medallas de investigaciones hechas por autoridades judiciales y policíacas de otros países. No quisiera pensar que no han hecho su trabajo por miedo. 

¿Qué mensaje envía a las personas que lo señalan de conformar una estructura cuando fue Ministro de Gobernación supuestamente dedicada a ejecuciones extrajudiciales? 

Que no me conocen, que siempre he actuado dentro del marco legal, institucional y constitucional vigente. Que en mi vida he actuado con decisión, voluntad y transparencia. Y que cuando sea declarado inocente por los tribunales correspondientes, tengan el carácter de reconocer que se equivocaron y no sean soberbios de cuestionarlo.

Vielmann: “Los argumentos en España se basan en información recibida de CICIG y MP”

Redacción
21 de abril, 2014
En el año 2006, se desarrolló una operación interinstitucional denominada Pavo Real para retomar el control por las autoridades del centro de detención Pavón, una cárcel bajo control de los reclusos donde se traficaba droga, se planeaban secuestros y extorsiones, según las mismas autoridades. Durante el operativo murieron varios reos, base de la acusación de supuesta ejecución extrajudicial contra los funcionarios de Gobernación. Sin embargo, el peritaje de un vídeo que Figueroa presentó en su juicio en Austria demostró que las autoridades fueron recibidas con disparos de armas de grueso calibre por los reos, lo cual fue un elemento clave para desvirtuar el señalamiento de ejecución extrajudicial pues se habría tratado de un enfrentamiento contra fuerzas de seguridad que retomaban el control de la prisión.
En el año 2011, la justicia guatemalteca (a solicitud de la CICIG) desistió de la solicitud de extradición de Vielmann a Guatemala por considerar que el país carecía de las condiciones para garantizarle seguridad y su integridad. En febrero del 2014, la Sala de Apelaciones de mayor Riesgo de Guatemala ordenó repetir el juicio contra otros implicados en el caso (anuló la sentencia) por considerar que el tribunal no “valoró de manera adecuada las pruebas”. En ese contexto, los funcionarios acusados cuestionan la actuación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al considerar que han existido irregularidades en la conducción de sus casos.  
Carlos Vielmann concede esta entrevista por vía electrónica para República.Gt y explica su situación previo a enfrentar juicio en España.

¿Cuál era la importancia de retomar el control de Pavón? 

Los centros penitenciarios eran verdaderas escuelas del crimen, en donde se cometían y dirigían un sinnúmero de delitos. Específicamente Pavón era un centro que por más de 10 años estaba bajo el control de los reclusos por medio del Comité de Orden y Disciplina; era un Estado dentro del propio Estado. Desde ese centro penitenciario se traficaba droga, se planeaban secuestros y extorsiones, se alteraban vehículos robados, se sometía por parte del Comité de Orden y Disciplina a vejámenes inimaginables a la propia población reclusa. 
El control era tal que las autoridades no tenían autorización de ingresar; era un bastión muy importante de crimen organizado, con toda la impunidad del caso. Como Gobierno teníamos dos caminos: uno, ver para otro lado como lo hicieron los gobiernos anteriores; y el otro, asumir nuestras obligaciones de Estado y darle la cara a la situación y solucionar el problema. Con responsabilidad se tomó una decisión de Estado en el Gabinete de Seguridad de resolver el problema con una fuerza interinstitucional conformada por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Sistema Penitenciario (SP), la COPREDEH y
el Ministerio de la Defensa. Todo en un marco legal, institucional y constitucional vigente. 

Según un video que fue presentado por la defensa de Javier Figueroa en su caso en Austria, en la toma de Pavón las autoridades fueron recibidas por disparos de reos ¿es cierto? ¿Por qué no había trascendido ese vídeo? 

Es un vídeo que sí se presentó durante el proceso de Javier Figueroa, al cual se le hizo el correspondiente peritaje técnico y del cual se concluye que hubo disparos de los reos contra la policía. En las declaraciones en el proceso en Austria, del fiscal de la CICIG, se le preguntó si conocía ese video y si así fuera por qué no se había incorporado a la investigación. El Fiscal aceptó conocerlo con anterioridad; asimismo, declaró que habían considerado que no era importante y por eso no lo incorporaron a la investigación. Esto evidencia una ocultación de pruebas. El vídeo no trasciende porque lo ocultaron. 

¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía para acusarlo cuando los casos relacionados han evidenciado la inocencia de su equipo de trabajo (declaración de inocencia de Alejandro Giammattei y Javier Figueroa, por ejemplo)?

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Los argumentos que usa la Fiscalía de la Audiencia Nacional (de España) son exactamente los mismos que han usado en Guatemala, Austria y Suiza: es información directamente recibida de la CICIG y del MP. En la legislación española se puede enviar a juicio a un acusado con un sólo indicio de que se pudo haber cometido un delito, respetando por supuesto la presunción de inocencia. Eso facilita el trabajo de la fiscalía y sin hacer mucho esfuerzo logra su cometido de ir a juicio. Es decir que con una pequeña duda que le quede al juez es suficiente para ir a juicio. Ya durante el juicio tiene que quedar plenamente demostrada la participación en el delito del acusado. 

Cuando la CICIG emite opinión sobre el caso, lo acusa de 8 delitos; posteriormente se retracta y únicamente se enfoca en señalamientos sobre asociación ilícita y ejecución extrajudicial. ¿Cómo se puede valorar esta situación de un ente que se supone debe buscar el fortalecimiento de la persecución penal en Guatemala? 

Yo la valoro como una actitud perversa, que en este caso ha sido característica de ellos y es parte de su estrategia mediática; su objetivo era litigar por los medios como soporte al caso que habían armado y no investigado. Pudimos ver en esos días, cuando aún el caso estaba en reserva y que ninguno de los acusados teníamos acceso al expediente, ni siquiera los que estaban en prisión y que nos fue negado por el juez, la CICIG por medio del ex comisionado Dall´Annese lo hacía público por diferentes medios de comunicación nacional e internacional, así como por medios electrónicos. Todo eso por supuesto con el apoyo del Gobierno de turno (era la administración de Álvaro Colom), el MP y el propio OJ. 
La valoración de esto para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala no puede ser bueno. Debemos reflexionar que la CICIG no es sus comisionados ni sus comisionados son la CICIG; lamentablemente este es un problema de personas y no del concepto de la institución, así que los responsables de que esto no sea bueno para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala es de quienes la han dirigido y del propio Gobierno que ha permitido que actúen impunemente fuera de su mandato. 

¿Por qué decide buscar justicia en un país extranjero? ¿Que ha sido lo más difícil para usted al verse obligado a residir en el extranjero? 

En el momento que empieza esta perversa situación, inmediatamente nos dimos cuenta de la manipulación que se estaba dando del caso. Desde el inicio se me negó tener mi propia defensa; se negó el acceso a la acusación. En ningún momento se respetó la presunción de inocencia; la presión de la CICIG, el MP y del Gobierno de turno comprometían la actuación independiente del poder judicial. Se intentó por la juez, cambiar el delito de la acusación; no había ninguna garantía de poder tener un juicio justo. Aunado a esto, hubo información del propio Gobierno que decía no poder garantizarme mi propia vida. Estas fueron las razones en el ámbito judicial. Pero hubo otras en el ámbito personal: ¡fortalecer mi honorabilidad, que han intentado cuestionar; y aunque me han hecho daño, no lo han logrado! 
  
Y, al ser absuelto por un tribunal español, que no tengo duda que así será, todos y cada uno de mis detractores tendrá que callar; y el que no, no tendría la suficiente credibilidad para sostener su posición… y a pesar de eso, estoy seguro los habrá. La decisión no fue fácil. El proceso ha sido duro y, entre tantas cosas difíciles, sin duda lo más difícil es estar fuera del entorno familiar. 

¿Cómo busca demostrar su inocencia? 

Sometiéndome al Imperio de la Ley, ante unos tribunales independientes, donde no se me podrá acusar de ningún tipo de influencia. Y por sobré todo, siempre diciendo la verdad. 

Hace 4 años que usted enfrenta las acusaciones ¿Qué ha significado eso desde su perspectiva personal y profesional? 

Desde una perspectiva personal ha sido una situación dura y difícil. El estar fuera del entorno familiar ha sido probablemente lo más duro. El no poder estar ahí en el día a día, en los momentos de alegría o de tristeza da una nostalgia y una situación de impotencia que duele. Pero al mismo tiempo he tenido una familia más unida que nunca; una familia inquebrantable y luchadora que no da un paso para atrás ni para tomar aire. Aunado a esto, unos amigos que han sido incondicionales; que han sido más que amigos, han sido hermanos. Ha sido una oportunidad para fortalecer la relación con la familia de España que es maravillosa. He hecho amigos muy especiales que no me conocían de nada y me han apoyado incondicionalmente.¡Al tener la familia que tengo y los amigos que tengo todo se hace más fácil de llevar! Jamás han dejado que me sienta solo y han sido ellos los que me dan el ánimo y la fortaleza para luchar con más fuerza y ánimo. 

¿Cuáles serían sus acciones inmediatas cuando conozca la sentencia de su caso? 

¡La sentencia será absolutoria no me cabe la menor duda! Lo único que, de momento, tengo seguro que haré es legalizar la sentencia en donde corresponda, hacerla valer en los tribunales guatemaltecos y volver a mi país lo antes posible. Hay otras acciones que he evaluado, que tomaré la decisión de llevarlas a cabo o no al finalizar el juicio. Las llevaré a cabo si realmente ayudaran a fortalecer el sistema de justicia en Guatemala y a que los guatemaltecos tengamos la oportunidad de tener una justicia pronta y cumplida; donde se respete la independencia de los jueces y prevalezca la presunción de inocencia; y que la fiscalía sea un ente investigador y autónomo. 

De acuerdo a sus afirmaciones puede deducirse que percibe irregularidades en su caso. ¿Considera que han existido irregularidades en el caso que se sigue en su contra? 

Lamentablemente ha habido varias irregularidades e inclusive ilegalidades en mi caso y en los que se han seguido a todos los acusados del caso Infiernito y Pavón.
Las irregularidades son tantas que podríamos llenar hojas de hojas, pero las más obvias han sido que mientras se nos negaba la documentación del caso por estar en reserva, la CICIG y el MP lo hacían público a nivel nacional e internacional. Partiendo de faltar a la verdad por parte de la CICIG se me inician dos juicios por los mismos hechos en dos países diferentes, violando mis derechos humanos como quedó demostrado en resolución judicial. Se me negó, en Guatemala, tener derecho a mi defensa al no dejarme tener abogados que me representaran; no fue sino hasta que la CC lo ordenó que tuve defensa. Me quisieron cambiar los delitos por los que se me acusaba, y la CC nos volvió a amparar. A la investigación como tal no se le puede llamar investigación; es un caso fabricado. Los testigos son en su mayoría personas con problemas con la ley, desde asesinos de policías, pasando por un PNC acusado de encubrir la violación de una indígena en una comisaría del suroccidente del país, hasta funcionarios de presidios acusados previamente por actos de corrupción. 
En diciembre del 2010, el Juez Español ordena que se me entreguen todos los documentos de lo que se me acusa y no fue sino hasta marzo del 2013 que me los entregan. Hubo un momento que tuve tres procesos judiciales abiertos: uno de extradición y dos por los mismos hechos en dos países diferentes. Por otro lado, los mismos fiscales pedían mi extradición, otros que me juzgarán en España y otros en Guatemala; y todo ese enredo lo hace la CICIG por medio de su ex comisionado Francisco Dall´Annese, quien deliberadamente actúa fuera de su mandato según el convenio entre Guatemala y la ONU. Supongo que todo esto con la complacencia del gobierno de Guatemala y el MP. 

Según su experiencia como ex Ministro de Gobernación ¿la CICIG cuenta con información privilegiada para actuar contundentemente contra los grupos criminales y estructuras paralelas de seguridad, como estipula su mandato? ¿Por qué cree que no se ha desmantelado ninguna estructura de esa naturaleza? 

Debemos de suponer que la CICIG efectivamente cuenta con información privilegiada, de no ser así sería su principal fracaso. Lamentablemente la mayor actividad que ha realizado la CICIG está fuera de su mandato; se ha vuelto un grupo paralelo de poder más en el país que se va por la ruta más fácil. Fue una decisión errónea de los anteriores comisionados y, como convenía al gobierno anterior, nunca los forzó a que cumplieran con su mandato. Hay responsabilidad de ambas partes. Es una pena que se haya perdido el Norte de lo que se esperaba de la CICIG, dilapidando los recursos de los países amigos. Tanto la CICIG como del MP se pone medallas de investigaciones hechas por autoridades judiciales y policíacas de otros países. No quisiera pensar que no han hecho su trabajo por miedo. 

¿Qué mensaje envía a las personas que lo señalan de conformar una estructura cuando fue Ministro de Gobernación supuestamente dedicada a ejecuciones extrajudiciales? 

Que no me conocen, que siempre he actuado dentro del marco legal, institucional y constitucional vigente. Que en mi vida he actuado con decisión, voluntad y transparencia. Y que cuando sea declarado inocente por los tribunales correspondientes, tengan el carácter de reconocer que se equivocaron y no sean soberbios de cuestionarlo.