Redacción
30 de mayo, 2014
Mientras sigue la lucha legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, una de las empresas telefónicas favorecida con la legislación en vigencia desde el 25 de abril continúa rompiendo aceras y colocando postes para hacer el cableado que permitirá la instalación en la ciudad de 1,752 cámaras de vídeo vigilancia de varias zonas capitalinas, según un contrato con la Policía Nacional Civil (PNC).
La comuna ha reforzado sus equipos de trabajo en las calles en horas de la madrugada cuando se rompen las banquetas. Sin embargo, no pueden impedir el trabajo de las empresas que han sido subcontratadas para colocar esas estructuras, porque la recién aprobada ley les obliga a auxiliarlos en la faena. La Municipalidad capitalina emitió un comunicado en el que afirma que respeta la decisión de la CC de no suspender provisionalmente la ley impugnada. Sin embargo, manifiesta “su preocupación, puesto que desde la vigencia de la ley se vienen realizando a su amparo múltiples instalaciones en distintas zonas, las cuales están provocando un daño irreparable a la Ciudad, lo cual hubiese podido detenerse mientras se dicta la sentencia correspondiente”.
La lucha se concentra en la CC, donde han sido presentadas cinco impugnaciones inconstitucionales en contra de la Ley de Control de las Telecomunicaciones móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos (decreto 12-2014), la cual fue ingresada y aprobada de urgencia nacional en pocas horas el pasado 8 de abril.
Luego que la ley fue emitida se firmó un contrato de arrendamiento por cinco años entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la empresa Comunicaciones Celulares, S.A. (TIGO) para instalar cinco mil cámaras de seguridad en seis municipios del país a un costo de Q1,232 millones. La Ley de Telecomunicaciones se aprobó el ocho de abril; dos días después, el 10 de abril, fue firmado el contrato entre la PNC y Tigo.
El constitucionalista Mario Fuentes Destarac señala que los primeros tres artículos de la ley no tienen problemas de compatibilidad con la Constitución. Esos artículos se refieren al objeto, ente recto y el control de las telecomunicaciones en centros penitenciarios. Sin embargo, expresa que del artículo 4 al 15 hay disposiciones que violan la Constitución de la República. La Ley solamente tiene 17 capítulos; los últimos dos se refieren a la derogación de otras leyes y la vigencia de la nueva.
‘Violan el derecho de igualdad, el derecho de la propiedad privada y el derecho a la libre disposición de los bienes. También hay disposiciones que no respetan las decisiones de otras autoridades, el caso de la protección ambiental y la autoridad municipal”, comenta Fuentes Destarac.
Un análisis de Carlos Martínez, del Instituto de Problemas nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), señala que la legislación viola varios artículos de la Constitución Política de la República; obvia la Ley General de Telecomunicaciones; hace caso omiso de las regulaciones del Código Municipal, y atenta contra lo regulado por el Código de Comercio, entre otros.
Estos serían los artículos de la Constitución Política de la República violados por la ley, según analistas:
- Artículo 130 que prohíbe los monopolios
- Artículo 253 que establece que los municipios de Guatemala son instituciones autónomas
- Artículo 66 referente a la protección a grupos étnicos, en el cual el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres y tradiciones
- Artículo 67 sobre la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas.
- Artículo 39 que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana
Entretelones del proyecto
Según el contrato de arrendamiento suscrito entre la Policía Nacional Civil y COMCEL (TIGO), esa empresa telefónica debe instalar 5 mil
Son cámaras de alta resolución que permitirán la identificación de rostros, observar el movimiento de personas y verifica los números de placas de vehículos en un tiempo récord. El sistema utiliza fibra óptica, un medio muy rápido y confiable para la transmisión de datos. Los impulsos viajan a la velocidad de la luz y la transmisión de datos llega rápidamente a un centro de datos.
La información puede recibirse en las comisarias de la PNC en tiempo real para prevenir o actuar contra la delincuencia. El sistema de cámaras permite el reconocimiento automático de matriculas de vehículos. Estas pueden escanear en segundos una placa de automotores que se desplazan hasta una velocidad de 160 kilómetros por hora.
Luego de la firma del contrato millonario, Tigo publicó un campo pagado donde felicita al gobierno por la adquisición de las cámaras.
Cuestionamientos sobre el contrato
Aunque el contrato de arrendamiento aparece en el portal Guatecompras, según NOG´S de Publicación sin Concurso E11739754, E11739053, E11739541, E11739355, no hay bases, ofertas ni contratos. Ello significa que la compra se hizo directa y por excepción. “Si usted compra por excepción no oferta con otras empresas y no hay mejores precios. Ni se puede hacer una comparación de precios para saber si hay sobrevaloración”, afirma la diputada Nineth Montenegro.
El contrato de arrendamiento se firmó el 10 de abril de este año, entre Telémaco Pérez, director de la Policía Nacional Civil, y Fernando José Valladares Guillen, gerente general y representante legal de Comunicaciones Celulares Sociedad Anónima, cuyas oficinas se ubican en el edificio Plaza Tigo, en el kilómetro 9.5 de la carretera a El Salvador.
El contrato establece que son cámaras de vídeo vigilancia de alta resolución, sistema que incluye conectividad, almacenamiento de imágenes y software con capacidad analítica incluida para uso de la PNC. Sin embargo, en una de las clausulas del contrato se establece que cuando los índices de criminalidad disminuyan o se considere trasladar las cámaras a otra ubicación, el traslado tiene un costo adicional de Q24,645.60 por cámara, hasta un máximo de 300 metros. Cuando la distancia de traslado sobrepase ese metraje, la PNC deberá correr con los costos adicionales de cableado, instalación y posteado.
“Imagínese usted ese precio. Además de pagar los Q1,232 millones en cinco años, los costos para un traslado son altos. Esto compromete el presupuesto del Ministerio de Gobernación del próximo Gobierno”, asegura la diputada Montenegro.
Lluvia de impugnaciones
Desde que la Ley de las Telecomunicaciones fue aprobada el 8 de abril se han promovido cinco acciones de inconstitucionalidad. Los primeros en acudir a la CC fueron el Consejo de Ancianos, Ancianas y principales del Pueblo Maya Kapchikel de Chimaltenango y el Consejo de Autoridades Comunitarias de Momostenango, quienes conjuntamente impugnan 12 de los 17 artículos de la ley.
La segunda inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Guatemalteca de Autoridades y Alcaldes Indígenas (AGAAI) que objeta 14 artículos del decreto 12-2014. La Municipalidad de Guatemala, tercero en la fila de acciones presentadas en la CC; impugna 6 de los artículos de la legislación.
Estos tres recursos fueron ya conocidos por siete magistrados de la CC, encabezados por su presidente Roberto Molina Barreto, según las resoluciones emitidas.
Y aunque la Corte no suspendió temporalmente la ley como habían solicitado los tres instituciones interponentes, la CC concedió un plazo de 15 días corridos a todos los sectores involucrados, incluyendo al Congreso de la República, para que se pronuncien para dar una resolución definitiva. Está prevista una vista pública en cada caso. La decisión se conocerá en semanas.
Está pendiente que la CC conozca dos acciones más. La presentada por la Asociación Nacional de las Municipalidades (ANAM) y la presentada el pasado jueves por el Movimiento Cívico Nacional (MCN). Las organizaciones que adversan la ley preparan sus baterías de argumentos legales para convencer a los magistrados de las ilegalidades, pero la CC tendrá la última palabra sobre si la cuestionada legislación viola la Constitución Política de la República.
Redacción
30 de mayo, 2014
Mientras sigue la lucha legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, una de las empresas telefónicas favorecida con la legislación en vigencia desde el 25 de abril continúa rompiendo aceras y colocando postes para hacer el cableado que permitirá la instalación en la ciudad de 1,752 cámaras de vídeo vigilancia de varias zonas capitalinas, según un contrato con la Policía Nacional Civil (PNC).
La comuna ha reforzado sus equipos de trabajo en las calles en horas de la madrugada cuando se rompen las banquetas. Sin embargo, no pueden impedir el trabajo de las empresas que han sido subcontratadas para colocar esas estructuras, porque la recién aprobada ley les obliga a auxiliarlos en la faena. La Municipalidad capitalina emitió un comunicado en el que afirma que respeta la decisión de la CC de no suspender provisionalmente la ley impugnada. Sin embargo, manifiesta “su preocupación, puesto que desde la vigencia de la ley se vienen realizando a su amparo múltiples instalaciones en distintas zonas, las cuales están provocando un daño irreparable a la Ciudad, lo cual hubiese podido detenerse mientras se dicta la sentencia correspondiente”.
La lucha se concentra en la CC, donde han sido presentadas cinco impugnaciones inconstitucionales en contra de la Ley de Control de las Telecomunicaciones móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos (decreto 12-2014), la cual fue ingresada y aprobada de urgencia nacional en pocas horas el pasado 8 de abril.
Luego que la ley fue emitida se firmó un contrato de arrendamiento por cinco años entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la empresa Comunicaciones Celulares, S.A. (TIGO) para instalar cinco mil cámaras de seguridad en seis municipios del país a un costo de Q1,232 millones. La Ley de Telecomunicaciones se aprobó el ocho de abril; dos días después, el 10 de abril, fue firmado el contrato entre la PNC y Tigo.
El constitucionalista Mario Fuentes Destarac señala que los primeros tres artículos de la ley no tienen problemas de compatibilidad con la Constitución. Esos artículos se refieren al objeto, ente recto y el control de las telecomunicaciones en centros penitenciarios. Sin embargo, expresa que del artículo 4 al 15 hay disposiciones que violan la Constitución de la República. La Ley solamente tiene 17 capítulos; los últimos dos se refieren a la derogación de otras leyes y la vigencia de la nueva.
‘Violan el derecho de igualdad, el derecho de la propiedad privada y el derecho a la libre disposición de los bienes. También hay disposiciones que no respetan las decisiones de otras autoridades, el caso de la protección ambiental y la autoridad municipal”, comenta Fuentes Destarac.
Un análisis de Carlos Martínez, del Instituto de Problemas nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), señala que la legislación viola varios artículos de la Constitución Política de la República; obvia la Ley General de Telecomunicaciones; hace caso omiso de las regulaciones del Código Municipal, y atenta contra lo regulado por el Código de Comercio, entre otros.
Estos serían los artículos de la Constitución Política de la República violados por la ley, según analistas:
- Artículo 130 que prohíbe los monopolios
- Artículo 253 que establece que los municipios de Guatemala son instituciones autónomas
- Artículo 66 referente a la protección a grupos étnicos, en el cual el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres y tradiciones
- Artículo 67 sobre la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas.
- Artículo 39 que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana
Entretelones del proyecto
Según el contrato de arrendamiento suscrito entre la Policía Nacional Civil y COMCEL (TIGO), esa empresa telefónica debe instalar 5 mil
Son cámaras de alta resolución que permitirán la identificación de rostros, observar el movimiento de personas y verifica los números de placas de vehículos en un tiempo récord. El sistema utiliza fibra óptica, un medio muy rápido y confiable para la transmisión de datos. Los impulsos viajan a la velocidad de la luz y la transmisión de datos llega rápidamente a un centro de datos.
La información puede recibirse en las comisarias de la PNC en tiempo real para prevenir o actuar contra la delincuencia. El sistema de cámaras permite el reconocimiento automático de matriculas de vehículos. Estas pueden escanear en segundos una placa de automotores que se desplazan hasta una velocidad de 160 kilómetros por hora.
Luego de la firma del contrato millonario, Tigo publicó un campo pagado donde felicita al gobierno por la adquisición de las cámaras.
Cuestionamientos sobre el contrato
Aunque el contrato de arrendamiento aparece en el portal Guatecompras, según NOG´S de Publicación sin Concurso E11739754, E11739053, E11739541, E11739355, no hay bases, ofertas ni contratos. Ello significa que la compra se hizo directa y por excepción. “Si usted compra por excepción no oferta con otras empresas y no hay mejores precios. Ni se puede hacer una comparación de precios para saber si hay sobrevaloración”, afirma la diputada Nineth Montenegro.
El contrato de arrendamiento se firmó el 10 de abril de este año, entre Telémaco Pérez, director de la Policía Nacional Civil, y Fernando José Valladares Guillen, gerente general y representante legal de Comunicaciones Celulares Sociedad Anónima, cuyas oficinas se ubican en el edificio Plaza Tigo, en el kilómetro 9.5 de la carretera a El Salvador.
El contrato establece que son cámaras de vídeo vigilancia de alta resolución, sistema que incluye conectividad, almacenamiento de imágenes y software con capacidad analítica incluida para uso de la PNC. Sin embargo, en una de las clausulas del contrato se establece que cuando los índices de criminalidad disminuyan o se considere trasladar las cámaras a otra ubicación, el traslado tiene un costo adicional de Q24,645.60 por cámara, hasta un máximo de 300 metros. Cuando la distancia de traslado sobrepase ese metraje, la PNC deberá correr con los costos adicionales de cableado, instalación y posteado.
“Imagínese usted ese precio. Además de pagar los Q1,232 millones en cinco años, los costos para un traslado son altos. Esto compromete el presupuesto del Ministerio de Gobernación del próximo Gobierno”, asegura la diputada Montenegro.
Lluvia de impugnaciones
Desde que la Ley de las Telecomunicaciones fue aprobada el 8 de abril se han promovido cinco acciones de inconstitucionalidad. Los primeros en acudir a la CC fueron el Consejo de Ancianos, Ancianas y principales del Pueblo Maya Kapchikel de Chimaltenango y el Consejo de Autoridades Comunitarias de Momostenango, quienes conjuntamente impugnan 12 de los 17 artículos de la ley.
La segunda inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Guatemalteca de Autoridades y Alcaldes Indígenas (AGAAI) que objeta 14 artículos del decreto 12-2014. La Municipalidad de Guatemala, tercero en la fila de acciones presentadas en la CC; impugna 6 de los artículos de la legislación.
Estos tres recursos fueron ya conocidos por siete magistrados de la CC, encabezados por su presidente Roberto Molina Barreto, según las resoluciones emitidas.
Y aunque la Corte no suspendió temporalmente la ley como habían solicitado los tres instituciones interponentes, la CC concedió un plazo de 15 días corridos a todos los sectores involucrados, incluyendo al Congreso de la República, para que se pronuncien para dar una resolución definitiva. Está prevista una vista pública en cada caso. La decisión se conocerá en semanas.
Está pendiente que la CC conozca dos acciones más. La presentada por la Asociación Nacional de las Municipalidades (ANAM) y la presentada el pasado jueves por el Movimiento Cívico Nacional (MCN). Las organizaciones que adversan la ley preparan sus baterías de argumentos legales para convencer a los magistrados de las ilegalidades, pero la CC tendrá la última palabra sobre si la cuestionada legislación viola la Constitución Política de la República.