Redacción
03 de junio, 2014
La conflictividad social en Guatemala debilita las bases de la gobernabilidad. En un Estado donde las instituciones son raquíticas, pueden generarse niveles de conflictividad violenta en un marco de irrespeto por el Estado de Derecho. Según el estudio “Comprendiendo el conflicto sobre minería en Guatemala para tender puentes de gobernabilidad” del Instituto Regional de Altos Estudios Políticos (IRALEP), en lugares donde hay proyectos mineros existe un creciente rechazo “por actores externos al territorio y a las comunidades que los rechazan”. Además, las percepciones negativas de cada uno de los actores de la conflictividad dificultan el diálogo y la mediación efectiva, contribuyendo a profundizarla y polarizar. Según el estudio, algunos líderes comunitarios perciben a las empresas mineras como “enemigos, particularmente cuando éstas son extranjeras”.
Un caso paradigmático de esa polarización se identifica en los hechos ocurridos alrededor del proyecto Mina Progreso VII de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), subsidiaria de Kappes, Cassiday & Associates (KCA). El proyecto se ubica en la frontera entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Los pobladores locales le denominan La Puya.
Dicho proyecto inició en el año 2002 con los trabajos de reconocimiento del terreno; en el 2003 obtuvieron la licencia de exploración, que inician tres años después. Coincidentemente con el período electoral del 2011, se empieza a gestar una oposición local al proyecto bajo el argumento de “NO A LA MINERÍA”. Ese mismo año, la empresa obtiene la licencia por impacto ambiental y la licencia de explotación para extraer oro y plata.
Dos de las personas que lideran la oposición contra el proyecto minero fueron candidatos a alcalde por San José del Golfo en las elecciones 2011, y su bandera política era “NO A LA MINERÍA”. Ovidio Palencia Morales se postuló por la coalición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (GANA); en tanto, Felipe Sandoval, se postuló por el partido Visión con Valores (VIVA). Finalmente fue reelecto Elser Fidelino Palencia Mayén. La pérdida de la alcaldía por los dos liderazgos que hoy se involucran en el movimiento de oposición es una señal de su poca legitimidad para representar los intereses de la población local.
En un caso similar, donde la violencia escaló por un grupo de oposición a una hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, un Comité Regional Permanente, democráticamente electo por la población local, emitió un comunicado dónde cuestionan a los líderes radicales. Según el documento al que tuvo acceso República.Gt, algunas de las preguntas que el Comité hace a estos ‘líderes defensores del pueblo’ son: ‘¿Quién los ha autorizado para venir a nuestras comunidades? ¿Qué proyecto de desarrollo han presentado ante la Municipalidad para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos ¿Se habrá superado su gente con las acciones violentas que han tomado anteriormente?’. El punto en este conflicto cuestiona la legitimidad de estos liderazgos que no han sido electos democráticamente para incidir en decisiones públicas.
Volviendo al tema en San José del Golfo, mucho se ha escrito sobre este conflicto por los sectores de oposición. Sin embargo, hay algunas aristas que se han obviado en toda esa información que circula y que no permiten pintar el escenario completo. Un hecho es cierto, la oposición a un proyecto no debe generar violación de leyes, ya que los marcos normativos democráticos están fijados. De lo contrario se generan escenarios de violencia, anarquía e ingobernabilidad local.
Una oposición que sube de tono
A partir del año 2012, la oposición a la mina alimenta la conflictividad y empieza un escalamiento de bloqueos ilegales y permanentes al ingreso de propiedad privada (del proyecto) y el secuestro de maquinaria perteneciente a terceros. La oposición, que en marzo de ese año se autodenominó “pacífica”, bloqueó la entrada a la mina amparados en el artículo 45 de la Constitución. Ese artículo reza que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Irónicamente con sus acciones están violando dos artículos de la carta magna: el derecho de disponer libremente de la propiedad privada (Artículo 39) y la libertad de locomoción (Artículo 26).
En un Estado de Derecho, los canales institucionales y legales se deben respetar para que la convivencia en sociedad no se convierta en una anarquía donde los poderes chocan sin encontrar una vía de salida democrática.
Uno de los argumentos de los grupos de oposición es que el “Estado no responde a las exigencias de la población”; sin embargo, los líderes democráticamente electos en este caso no apoyan las manifestaciones de resistencia. Muchos de los líderes que movilizan la oposición son personas que no pertenecen a la comunidad supuestamente afectada. Eso se hace evidente con la presencia de personas extranjeras en el movimiento.
Una “resistencia pacífica” que ataca a las fuerzas de seguridad
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Desde muy temprano, las máquinas que ingresarían a la propiedad de Exmingua eran esperadas; fueron representados en un primer momento por un sujeto que se presentó a los policías como uno de los líderes (con chumpa de cuero negro en la fotografía). A medio día se movilizó con un grupo de personas en un pick up particular; y en los incidentes cubrió su rostro con gorro pasamontañas. Fue identificado como uno de los incitadores a la violencia.
Aunque los líderes de oposición señalan el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad, los observadores de la comunidad internacional desmienten el extremo. Según el comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), emitido el 26 de mayo de 2014 (Ref. 04 2014), “en línea con los estándares internacionales no se hizo uso de armas de fuego letales durante el operativo”.
Luego de varias horas de intentar entablar un diálogo que llevara al retiro pacífico de los opositores y que permitieran el libre tránsito de personas y maquinaria, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los protestantes. La Jueza de Paz de San José del Golfo, Ana Leticia Guevara Hernández, se hace presente en el lugar y explica a manifestantes que de no contar con un documento que especifique que EXMINGUA posee una prohibición legal para ingresar a su propiedad, ellos pueden caer en ilícitos y la autoridad puede proceder e incluso ponerlos a disposición judicial basados en varios delitos, entre ellos el de retención ilegal de maquinaria privada.
La ilegalidad en el bloqueo de la libre locomoción y la retención de la maquinaria fue confirmada por la juez Ana Leticia Guevara Hernández, que llegó al lugar de los hechos el 23 de mayo cuando la situación se volvió tensa.
No obstante las advertencias de la Juez, una de las líderes del movimiento, Yolanda Oquelí, se opone al retiro de la manifestación. En ese momento habría aproximadamente 100 personas bloqueando el paso. Los liderazgos evidencian una postura radical e incitan a los protestantes a no retirarse a pesar de las advertencias de la Juez y PNC, quien posteriormente solicita se retiren voluntariamente antes que ésta se vea obligada a avanzar para garantizar la libertad de locomoción y el respeto a las leyes.
No obstante las advertencias de la Juez, una de las líderes del movimiento, Yolanda Oquelí, se opone al retiro de la manifestación. En ese momento habría aproximadamente 100 personas bloqueando el paso. Los liderazgos evidencian una postura radical e incitan a los protestantes a no retirarse a pesar de las advertencias de la Juez y PNC, quien posteriormente solicita se retiren voluntariamente antes que ésta se vea obligada a avanzar para garantizar la libertad de locomoción y el respeto a las leyes.
Ante esto, algunos pobladores, los más violentos del movimiento, retroceden para agredir a las fuerzas de seguridad. La PNC responde con gases lacrimógenos para desmovilizar la protesta y defender su integridad física.
También fue evidente que la población agredió a las fuerzas de seguridad cuando éstas procedieron a la dispersión y desalojo del área, según la orden de la juez competente. En los vídeos de abajo se puede visualizar cuando los inconformes agreden a las fuerzas de seguridad con piedras y palos; algunos de ellos se cubren con sillas de plástico.
La oposición cuanta con el respaldo institucional de organizaciones como Madre Selva y del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS). En febrero del presente año, Rafael Maldonado, de CALAS, dijo a medios que la oposición “ha logrado detener las operaciones de la empresa minera” y que la solución sería que “el Gobierno reconozca el error de haber concedido la licencia de explotación (…) por lo que habría que cancelar la licencia”. Declaraciones como las del abogado de CALAS evidencian que el diálogo en ese tipo de condiciones es casi imposible, ya que la postura de una de las contrapartes es rígida.
Esa oposición bloqueó la entrada a la propiedad de la empresa, provocando la suspensión de los trabajos de construcción desde marzo de 2012, lo que provocó que la empresa mantuviera ociosa una maquinaria por la que pagaba un costo de alquiler de US2,500 diarios. En febrero de 2014 fue liberada la maquinaria que estuvo retenida durante dos años por la “resistencia pacífica”. Trascendió que algunos líderes exigieron un chantaje de US$35,000 para liberar la maquinaria y dejar el paso libre por 48 horas.
Una resistencia irresponsable
Los pobladores locales han utilizado una estrategia que denominan de resistencia “pacífica”; sin embargo, han demostrado irresponsabilidad a lo largo de su oposición, poniendo en riesgo la integridad de personas vulnerables: ancianos, mujeres embarazadas, niños y hasta bebes. Ninguna autoridad como PDH y OACNUDH, presentes en el lugar, se pronunciaron al respecto.
¿Y el arsénico?
Existen señalamientos de contaminación del agua de fuentes locales con arsénico por el trabajo de la mina. Por su parte, la Municipalidad ha cerrado dos pozos de uso local por los altos contenidos de arsénico, en los últimos dos años. Sin embargo, la empresa afirma que no ha iniciado trabajos, por lo que esa contaminación no es resultado de actividades de la misma.
“Es un poco confuso porque el tema del agua es un argumento utilizado por la oposición contra nosotros (proyecto minero). Dicen que el agua está contaminada por la mina y eso no es cierto. Pero estamos en la disposición de apoyar a resolver el problema de los niveles de arsénico en el agua”, dice Ryan Adams, Vicepresidente e inversionista de Exmingua. “No se ha hecho ningún trabajo de Minería; no se ha armado ni siquiera la planta”, recalca Denis Colindres, vocero de EXMINGUA. “Los niveles de arsénico están altos de manera natural; pero la empresa ha ofrecido evaluar la instalación de una planta de tratamiento de agua si ello fuese necesario”, indica.
Inversión en un contexto de conflictividad social
“Guatemala tiene excelentes oportunidades para un plan de largo plazo de manejo de los recursos naturales; hay más que suficientes oportunidades para atraer inversiones que sean manejadas correctamente, que podrían hacer una diferencia en el desarrollo de este país. El Gobierno, la comunidad y la industria deben trabajar juntos en planes de desarrollo. ¡No obstante, pareciera que Guatemala no está en posibilidades de lograr eso!”, afirma Ryan Adams, inversionista de Exmingua.
Para el Vicepresidente de Exmingua Guatemala tiene un potencial que no se aprovecha de manera responsable por líderes que se oponen a la minería por intereses particulares. “Hemos seguimos las reglas del país; y si aun así no podemos continuar el proyecto, sería un mensaje muy negativo para los inversionistas”, dice al momento de comentar que ha visto empresas marcharse del país debido a la conflictividad social y violenta contra proyectos específicos; también cuenta que sabía de empresas que estaban evaluando invertir en Guatemala pero debido al contexto decidieron no hacerlo.
Hay personas que tienen preocupaciones reales sobre el proyecto y nosotros estamos abiertos a proporcionar información para esos legítimos cuesitonamientos, comenta el vocero de la empresa. “Pero hay líderes que no quieren diálogo porque tienen intereses y motivos particulares” dice Adams. “Es ilógico pensar que invertiríamos si hubieran daños a la comunidad, como si nadie se fuera a dar cuenta de la situación”, afirma.
Para el Vicepresidente de Exmingua Guatemala tiene un potencial que no se aprovecha de manera responsable por líderes que se oponen a la minería por intereses particulares. “Hemos seguimos las reglas del país; y si aun así no podemos continuar el proyecto, sería un mensaje muy negativo para los inversionistas”, dice al momento de comentar que ha visto empresas marcharse del país debido a la conflictividad social y violenta contra proyectos específicos; también cuenta que sabía de empresas que estaban evaluando invertir en Guatemala pero debido al contexto decidieron no hacerlo.
Hay personas que tienen preocupaciones reales sobre el proyecto y nosotros estamos abiertos a proporcionar información para esos legítimos cuesitonamientos, comenta el vocero de la empresa. “Pero hay líderes que no quieren diálogo porque tienen intereses y motivos particulares” dice Adams. “Es ilógico pensar que invertiríamos si hubieran daños a la comunidad, como si nadie se fuera a dar cuenta de la situación”, afirma.
Redacción
03 de junio, 2014
La conflictividad social en Guatemala debilita las bases de la gobernabilidad. En un Estado donde las instituciones son raquíticas, pueden generarse niveles de conflictividad violenta en un marco de irrespeto por el Estado de Derecho. Según el estudio “Comprendiendo el conflicto sobre minería en Guatemala para tender puentes de gobernabilidad” del Instituto Regional de Altos Estudios Políticos (IRALEP), en lugares donde hay proyectos mineros existe un creciente rechazo “por actores externos al territorio y a las comunidades que los rechazan”. Además, las percepciones negativas de cada uno de los actores de la conflictividad dificultan el diálogo y la mediación efectiva, contribuyendo a profundizarla y polarizar. Según el estudio, algunos líderes comunitarios perciben a las empresas mineras como “enemigos, particularmente cuando éstas son extranjeras”.
Un caso paradigmático de esa polarización se identifica en los hechos ocurridos alrededor del proyecto Mina Progreso VII de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), subsidiaria de Kappes, Cassiday & Associates (KCA). El proyecto se ubica en la frontera entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Los pobladores locales le denominan La Puya.
Dicho proyecto inició en el año 2002 con los trabajos de reconocimiento del terreno; en el 2003 obtuvieron la licencia de exploración, que inician tres años después. Coincidentemente con el período electoral del 2011, se empieza a gestar una oposición local al proyecto bajo el argumento de “NO A LA MINERÍA”. Ese mismo año, la empresa obtiene la licencia por impacto ambiental y la licencia de explotación para extraer oro y plata.
Dos de las personas que lideran la oposición contra el proyecto minero fueron candidatos a alcalde por San José del Golfo en las elecciones 2011, y su bandera política era “NO A LA MINERÍA”. Ovidio Palencia Morales se postuló por la coalición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (GANA); en tanto, Felipe Sandoval, se postuló por el partido Visión con Valores (VIVA). Finalmente fue reelecto Elser Fidelino Palencia Mayén. La pérdida de la alcaldía por los dos liderazgos que hoy se involucran en el movimiento de oposición es una señal de su poca legitimidad para representar los intereses de la población local.
En un caso similar, donde la violencia escaló por un grupo de oposición a una hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, un Comité Regional Permanente, democráticamente electo por la población local, emitió un comunicado dónde cuestionan a los líderes radicales. Según el documento al que tuvo acceso República.Gt, algunas de las preguntas que el Comité hace a estos ‘líderes defensores del pueblo’ son: ‘¿Quién los ha autorizado para venir a nuestras comunidades? ¿Qué proyecto de desarrollo han presentado ante la Municipalidad para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos ¿Se habrá superado su gente con las acciones violentas que han tomado anteriormente?’. El punto en este conflicto cuestiona la legitimidad de estos liderazgos que no han sido electos democráticamente para incidir en decisiones públicas.
Volviendo al tema en San José del Golfo, mucho se ha escrito sobre este conflicto por los sectores de oposición. Sin embargo, hay algunas aristas que se han obviado en toda esa información que circula y que no permiten pintar el escenario completo. Un hecho es cierto, la oposición a un proyecto no debe generar violación de leyes, ya que los marcos normativos democráticos están fijados. De lo contrario se generan escenarios de violencia, anarquía e ingobernabilidad local.
Una oposición que sube de tono
A partir del año 2012, la oposición a la mina alimenta la conflictividad y empieza un escalamiento de bloqueos ilegales y permanentes al ingreso de propiedad privada (del proyecto) y el secuestro de maquinaria perteneciente a terceros. La oposición, que en marzo de ese año se autodenominó “pacífica”, bloqueó la entrada a la mina amparados en el artículo 45 de la Constitución. Ese artículo reza que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Irónicamente con sus acciones están violando dos artículos de la carta magna: el derecho de disponer libremente de la propiedad privada (Artículo 39) y la libertad de locomoción (Artículo 26).
En un Estado de Derecho, los canales institucionales y legales se deben respetar para que la convivencia en sociedad no se convierta en una anarquía donde los poderes chocan sin encontrar una vía de salida democrática.
Uno de los argumentos de los grupos de oposición es que el “Estado no responde a las exigencias de la población”; sin embargo, los líderes democráticamente electos en este caso no apoyan las manifestaciones de resistencia. Muchos de los líderes que movilizan la oposición son personas que no pertenecen a la comunidad supuestamente afectada. Eso se hace evidente con la presencia de personas extranjeras en el movimiento.
Una “resistencia pacífica” que ataca a las fuerzas de seguridad
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Desde muy temprano, las máquinas que ingresarían a la propiedad de Exmingua eran esperadas; fueron representados en un primer momento por un sujeto que se presentó a los policías como uno de los líderes (con chumpa de cuero negro en la fotografía). A medio día se movilizó con un grupo de personas en un pick up particular; y en los incidentes cubrió su rostro con gorro pasamontañas. Fue identificado como uno de los incitadores a la violencia.
Aunque los líderes de oposición señalan el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad, los observadores de la comunidad internacional desmienten el extremo. Según el comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), emitido el 26 de mayo de 2014 (Ref. 04 2014), “en línea con los estándares internacionales no se hizo uso de armas de fuego letales durante el operativo”.
Luego de varias horas de intentar entablar un diálogo que llevara al retiro pacífico de los opositores y que permitieran el libre tránsito de personas y maquinaria, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los protestantes. La Jueza de Paz de San José del Golfo, Ana Leticia Guevara Hernández, se hace presente en el lugar y explica a manifestantes que de no contar con un documento que especifique que EXMINGUA posee una prohibición legal para ingresar a su propiedad, ellos pueden caer en ilícitos y la autoridad puede proceder e incluso ponerlos a disposición judicial basados en varios delitos, entre ellos el de retención ilegal de maquinaria privada.
La ilegalidad en el bloqueo de la libre locomoción y la retención de la maquinaria fue confirmada por la juez Ana Leticia Guevara Hernández, que llegó al lugar de los hechos el 23 de mayo cuando la situación se volvió tensa.
No obstante las advertencias de la Juez, una de las líderes del movimiento, Yolanda Oquelí, se opone al retiro de la manifestación. En ese momento habría aproximadamente 100 personas bloqueando el paso. Los liderazgos evidencian una postura radical e incitan a los protestantes a no retirarse a pesar de las advertencias de la Juez y PNC, quien posteriormente solicita se retiren voluntariamente antes que ésta se vea obligada a avanzar para garantizar la libertad de locomoción y el respeto a las leyes.
No obstante las advertencias de la Juez, una de las líderes del movimiento, Yolanda Oquelí, se opone al retiro de la manifestación. En ese momento habría aproximadamente 100 personas bloqueando el paso. Los liderazgos evidencian una postura radical e incitan a los protestantes a no retirarse a pesar de las advertencias de la Juez y PNC, quien posteriormente solicita se retiren voluntariamente antes que ésta se vea obligada a avanzar para garantizar la libertad de locomoción y el respeto a las leyes.
Ante esto, algunos pobladores, los más violentos del movimiento, retroceden para agredir a las fuerzas de seguridad. La PNC responde con gases lacrimógenos para desmovilizar la protesta y defender su integridad física.
También fue evidente que la población agredió a las fuerzas de seguridad cuando éstas procedieron a la dispersión y desalojo del área, según la orden de la juez competente. En los vídeos de abajo se puede visualizar cuando los inconformes agreden a las fuerzas de seguridad con piedras y palos; algunos de ellos se cubren con sillas de plástico.
La oposición cuanta con el respaldo institucional de organizaciones como Madre Selva y del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS). En febrero del presente año, Rafael Maldonado, de CALAS, dijo a medios que la oposición “ha logrado detener las operaciones de la empresa minera” y que la solución sería que “el Gobierno reconozca el error de haber concedido la licencia de explotación (…) por lo que habría que cancelar la licencia”. Declaraciones como las del abogado de CALAS evidencian que el diálogo en ese tipo de condiciones es casi imposible, ya que la postura de una de las contrapartes es rígida.
Esa oposición bloqueó la entrada a la propiedad de la empresa, provocando la suspensión de los trabajos de construcción desde marzo de 2012, lo que provocó que la empresa mantuviera ociosa una maquinaria por la que pagaba un costo de alquiler de US2,500 diarios. En febrero de 2014 fue liberada la maquinaria que estuvo retenida durante dos años por la “resistencia pacífica”. Trascendió que algunos líderes exigieron un chantaje de US$35,000 para liberar la maquinaria y dejar el paso libre por 48 horas.
Una resistencia irresponsable
Los pobladores locales han utilizado una estrategia que denominan de resistencia “pacífica”; sin embargo, han demostrado irresponsabilidad a lo largo de su oposición, poniendo en riesgo la integridad de personas vulnerables: ancianos, mujeres embarazadas, niños y hasta bebes. Ninguna autoridad como PDH y OACNUDH, presentes en el lugar, se pronunciaron al respecto.
¿Y el arsénico?
Existen señalamientos de contaminación del agua de fuentes locales con arsénico por el trabajo de la mina. Por su parte, la Municipalidad ha cerrado dos pozos de uso local por los altos contenidos de arsénico, en los últimos dos años. Sin embargo, la empresa afirma que no ha iniciado trabajos, por lo que esa contaminación no es resultado de actividades de la misma.
“Es un poco confuso porque el tema del agua es un argumento utilizado por la oposición contra nosotros (proyecto minero). Dicen que el agua está contaminada por la mina y eso no es cierto. Pero estamos en la disposición de apoyar a resolver el problema de los niveles de arsénico en el agua”, dice Ryan Adams, Vicepresidente e inversionista de Exmingua. “No se ha hecho ningún trabajo de Minería; no se ha armado ni siquiera la planta”, recalca Denis Colindres, vocero de EXMINGUA. “Los niveles de arsénico están altos de manera natural; pero la empresa ha ofrecido evaluar la instalación de una planta de tratamiento de agua si ello fuese necesario”, indica.
Inversión en un contexto de conflictividad social
“Guatemala tiene excelentes oportunidades para un plan de largo plazo de manejo de los recursos naturales; hay más que suficientes oportunidades para atraer inversiones que sean manejadas correctamente, que podrían hacer una diferencia en el desarrollo de este país. El Gobierno, la comunidad y la industria deben trabajar juntos en planes de desarrollo. ¡No obstante, pareciera que Guatemala no está en posibilidades de lograr eso!”, afirma Ryan Adams, inversionista de Exmingua.
Para el Vicepresidente de Exmingua Guatemala tiene un potencial que no se aprovecha de manera responsable por líderes que se oponen a la minería por intereses particulares. “Hemos seguimos las reglas del país; y si aun así no podemos continuar el proyecto, sería un mensaje muy negativo para los inversionistas”, dice al momento de comentar que ha visto empresas marcharse del país debido a la conflictividad social y violenta contra proyectos específicos; también cuenta que sabía de empresas que estaban evaluando invertir en Guatemala pero debido al contexto decidieron no hacerlo.
Hay personas que tienen preocupaciones reales sobre el proyecto y nosotros estamos abiertos a proporcionar información para esos legítimos cuesitonamientos, comenta el vocero de la empresa. “Pero hay líderes que no quieren diálogo porque tienen intereses y motivos particulares” dice Adams. “Es ilógico pensar que invertiríamos si hubieran daños a la comunidad, como si nadie se fuera a dar cuenta de la situación”, afirma.
Para el Vicepresidente de Exmingua Guatemala tiene un potencial que no se aprovecha de manera responsable por líderes que se oponen a la minería por intereses particulares. “Hemos seguimos las reglas del país; y si aun así no podemos continuar el proyecto, sería un mensaje muy negativo para los inversionistas”, dice al momento de comentar que ha visto empresas marcharse del país debido a la conflictividad social y violenta contra proyectos específicos; también cuenta que sabía de empresas que estaban evaluando invertir en Guatemala pero debido al contexto decidieron no hacerlo.
Hay personas que tienen preocupaciones reales sobre el proyecto y nosotros estamos abiertos a proporcionar información para esos legítimos cuesitonamientos, comenta el vocero de la empresa. “Pero hay líderes que no quieren diálogo porque tienen intereses y motivos particulares” dice Adams. “Es ilógico pensar que invertiríamos si hubieran daños a la comunidad, como si nadie se fuera a dar cuenta de la situación”, afirma.