La iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentada por el Ejecutivo, se ha agendado varias veces por los jefes de bancada en el Congreso de la República, pero al no lograr consensos no ha sido conocida por el Pleno.
Algunos sectores manifiestan dudas sobre las supuestas bondades de la iniciativa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso ha advertido que esa normativa, de ser aprobada, podría amenazar los ingresos fiscales. Luego de una revisión de cumplimiento en Guatemala, el organismo internacional expresó su preocupación porque las exenciones de impuestos amenazarían los ingresos fiscales.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) ha declarado que de aprobar esta ley y ponerla en vigencia se estarían otorgando exageradas exenciones fiscales con plazos muy largos. Según su análisis, esto comprometería la recaudación de impuestos ya que bajo este esquema se favorecerá a una serie de actividades económicas que no las necesitarían. En consecuencia, no se reflejaría el establecimiento ni la promoción de nuevas inversiones y, por ende, no se vería resuelto el problema de desempleo existente. El presidente de la CCG, Jorge Briz, conversó con República.GT para exponer su punto de vista.
Se intentó conocer la opinión del ministro de Economía, Sergio de la Torre, quién es uno de los funcionarios del Ejecutivo que impulsa la Ley convencido que la aprobación de la misma fomentará la inversión y el empleo en el país. Sin embargo, no respondió las llamadas para pronunciarse al respecto.
¿Qué escenarios visualiza de aprobarse la iniciativa?
Se comprometería la estabilidad macroeconómica del país, generando la migración de empresas que actualmente ya tributan, las cuales se verán atraídas por estos regímenes favorecidos innecesariamente con las exenciones propuestas. Como consecuencia, paulatinamente se quedarán pagando impuestos únicamente empleados en relación de dependencia, profesionales, comerciantes, algunas actividades de servicios y muy pocos sectores productivos. Con esto se lesionan los principios de igualdad y equidad tributaria y seremos las mismas personas individuales y jurídicas las que seguiremos soportando altas cargas fiscales para hacer frente a los gastos del Estado de Guatemala. Incluso, algunas empresas medianas, que no entran en los que favorece la ley o no pueden migrar, quebrarían y desaparecerían. Es como competir contra la economía informal.
¿Podría provocarse un “hoyo fiscal”?
Sí, como lo hizo ver el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que dejó ver sus preocupaciones sobre el negativo impacto que las exenciones fiscales contenidas en dicha iniciativa. Según la SAT, el impacto inicial derivado de los beneficios tributarios establecidos para las zonas y unidades económicas de inversión, hasta por 60 años en concepto de ISR, ISO, IVA, entre otros impuestos, implicarían como efecto inicial una reducción drástica en la recaudación tributaria. Podrían perderse miles de millones de quetzales. Además, para tratar de solucionar esto, los que no son exentos y sí pagan impuestos tendrán más carga, volviéndose menos competitivos. Se podría devaluar la moneda, se empobrecería a la gente, habría desequilibrios macroeconómicos importantes, desempleo y crisis económicas. Los “candados” que se pusieron luego de este estudio no sirven de nada. Muchos van a migrar para no pagar impuestos, porque constitucionalmente no les pueden prohibir que hagan empresas nuevas para optar a los nuevos regímenes.
¿Qué propuesta hace entonces la CCG?
Desde el año 2012, venimos enfrentando una irresponsable Ley de Actualización Tributaria que ha hecho crecer la economía informal. Además, Guatemala se sigue endeudando y sigue creciendo la brecha fiscal. Nosotros siempre hemos creído que el Impuesto Sobre la Renta es ineficiente. Es por eso que la CCG ha propuesto desde las pasadas elecciones, en 2011, una reforma tributaria estructural que simplifique e incorpore a todos los sectores de la economía, con tarifas bajas y competitivas, que atraigan mayor inversión y generen más empleos. Serían leyes de aplicación general, con una reforma fiscal que nos trate a todos por igual, simple, sencilla y que responda a nuestra realidad económica y social. (Puede descargar la propuesta de la CCG en el documento adjunto a esta entrevista).
Usted habla de igualdad tributaria, ¿cree que con esta ley haya sectores favorecidos?
Se ha dicho que si no se aprueba la ley, se irán algunas maquilas y se perderían miles de empleos. Esas empresas tienen privilegios desde hace 25 años, pero si hay problemas en ese sector debe tratarse el caso individualmente. Estamos de acuerdo que si en un remoto caso existieran actividades económicas que requieran privilegios, por no ser capaces de competir y se logra comprobar fehacientemente ese extremo, podría pensarse en una legislación focalizada que les otorgue ventajas impositivas por plazos breves. En lo que no estamos de acuerdo es que amparados en esa necesidad, el abanico de privilegios se extienda a otros sectores.
¿Cómo propone la CCG la r creación de más empleos?
Tenemos dudas que esta ley podría generar empleos. Si realmente queremos atraer la inversión y generar empleo, se debe poner atención en la seguridad, infraestructura, certeza jurídica, conflictividad, costo de la energía eléctrica, combate a la corrupción, mejorar la salud, educación, infraestructura, transparencia y eficiencia en el gasto público; y no mediante prebendas y privilegios. Eso es como darles una ventaja a cambio de, por ejemplo, no darles seguridad. La ley que proponen no es una varita mágica, es cuestionable. Es una falacia que los inversores se irán a otros lugares que les ofrezcan menos impuestos. Poner el país en oferta no significa que la inversión va a venir.
¿Cómo visualiza el panorama en torno a la iniciativa?
En el Congreso de la República debe revisarse el proyecto de ley bajo criterios técnicos, que respondan a la realidad económica y social del país. Debería promoverse una legislación estructurada integralmente, que incluya otros satisfactores para los inversionistas nacionales y extranjeros. El proyecto, como está planteado ahora, es un desencuentro total con tantos cambios y enmiendas. Aunque en un principio nos oponíamos totalmente, ahora opinamos que hay que empezar de cero, crear una nueva ley. Hay que darles certeza jurídica a los inversores, no privilegios. Además hay que reducir los plazos de exoneración y toda la producción que ingrese al sistema aduanero nacional debe pagar los impuestos de importación. El compromiso con la Organización Mundial del Comercio debe cumplirse antes del 31 de diciembre 2015, así que hay tiempo para hacer las cosas bien.
La iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentada por el Ejecutivo, se ha agendado varias veces por los jefes de bancada en el Congreso de la República, pero al no lograr consensos no ha sido conocida por el Pleno.
Algunos sectores manifiestan dudas sobre las supuestas bondades de la iniciativa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso ha advertido que esa normativa, de ser aprobada, podría amenazar los ingresos fiscales. Luego de una revisión de cumplimiento en Guatemala, el organismo internacional expresó su preocupación porque las exenciones de impuestos amenazarían los ingresos fiscales.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) ha declarado que de aprobar esta ley y ponerla en vigencia se estarían otorgando exageradas exenciones fiscales con plazos muy largos. Según su análisis, esto comprometería la recaudación de impuestos ya que bajo este esquema se favorecerá a una serie de actividades económicas que no las necesitarían. En consecuencia, no se reflejaría el establecimiento ni la promoción de nuevas inversiones y, por ende, no se vería resuelto el problema de desempleo existente. El presidente de la CCG, Jorge Briz, conversó con República.GT para exponer su punto de vista.
Se intentó conocer la opinión del ministro de Economía, Sergio de la Torre, quién es uno de los funcionarios del Ejecutivo que impulsa la Ley convencido que la aprobación de la misma fomentará la inversión y el empleo en el país. Sin embargo, no respondió las llamadas para pronunciarse al respecto.
¿Qué escenarios visualiza de aprobarse la iniciativa?
Se comprometería la estabilidad macroeconómica del país, generando la migración de empresas que actualmente ya tributan, las cuales se verán atraídas por estos regímenes favorecidos innecesariamente con las exenciones propuestas. Como consecuencia, paulatinamente se quedarán pagando impuestos únicamente empleados en relación de dependencia, profesionales, comerciantes, algunas actividades de servicios y muy pocos sectores productivos. Con esto se lesionan los principios de igualdad y equidad tributaria y seremos las mismas personas individuales y jurídicas las que seguiremos soportando altas cargas fiscales para hacer frente a los gastos del Estado de Guatemala. Incluso, algunas empresas medianas, que no entran en los que favorece la ley o no pueden migrar, quebrarían y desaparecerían. Es como competir contra la economía informal.
¿Podría provocarse un “hoyo fiscal”?
Sí, como lo hizo ver el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que dejó ver sus preocupaciones sobre el negativo impacto que las exenciones fiscales contenidas en dicha iniciativa. Según la SAT, el impacto inicial derivado de los beneficios tributarios establecidos para las zonas y unidades económicas de inversión, hasta por 60 años en concepto de ISR, ISO, IVA, entre otros impuestos, implicarían como efecto inicial una reducción drástica en la recaudación tributaria. Podrían perderse miles de millones de quetzales. Además, para tratar de solucionar esto, los que no son exentos y sí pagan impuestos tendrán más carga, volviéndose menos competitivos. Se podría devaluar la moneda, se empobrecería a la gente, habría desequilibrios macroeconómicos importantes, desempleo y crisis económicas. Los “candados” que se pusieron luego de este estudio no sirven de nada. Muchos van a migrar para no pagar impuestos, porque constitucionalmente no les pueden prohibir que hagan empresas nuevas para optar a los nuevos regímenes.
¿Qué propuesta hace entonces la CCG?
Desde el año 2012, venimos enfrentando una irresponsable Ley de Actualización Tributaria que ha hecho crecer la economía informal. Además, Guatemala se sigue endeudando y sigue creciendo la brecha fiscal. Nosotros siempre hemos creído que el Impuesto Sobre la Renta es ineficiente. Es por eso que la CCG ha propuesto desde las pasadas elecciones, en 2011, una reforma tributaria estructural que simplifique e incorpore a todos los sectores de la economía, con tarifas bajas y competitivas, que atraigan mayor inversión y generen más empleos. Serían leyes de aplicación general, con una reforma fiscal que nos trate a todos por igual, simple, sencilla y que responda a nuestra realidad económica y social. (Puede descargar la propuesta de la CCG en el documento adjunto a esta entrevista).
Usted habla de igualdad tributaria, ¿cree que con esta ley haya sectores favorecidos?
Se ha dicho que si no se aprueba la ley, se irán algunas maquilas y se perderían miles de empleos. Esas empresas tienen privilegios desde hace 25 años, pero si hay problemas en ese sector debe tratarse el caso individualmente. Estamos de acuerdo que si en un remoto caso existieran actividades económicas que requieran privilegios, por no ser capaces de competir y se logra comprobar fehacientemente ese extremo, podría pensarse en una legislación focalizada que les otorgue ventajas impositivas por plazos breves. En lo que no estamos de acuerdo es que amparados en esa necesidad, el abanico de privilegios se extienda a otros sectores.
¿Cómo propone la CCG la r creación de más empleos?
Tenemos dudas que esta ley podría generar empleos. Si realmente queremos atraer la inversión y generar empleo, se debe poner atención en la seguridad, infraestructura, certeza jurídica, conflictividad, costo de la energía eléctrica, combate a la corrupción, mejorar la salud, educación, infraestructura, transparencia y eficiencia en el gasto público; y no mediante prebendas y privilegios. Eso es como darles una ventaja a cambio de, por ejemplo, no darles seguridad. La ley que proponen no es una varita mágica, es cuestionable. Es una falacia que los inversores se irán a otros lugares que les ofrezcan menos impuestos. Poner el país en oferta no significa que la inversión va a venir.
¿Cómo visualiza el panorama en torno a la iniciativa?
En el Congreso de la República debe revisarse el proyecto de ley bajo criterios técnicos, que respondan a la realidad económica y social del país. Debería promoverse una legislación estructurada integralmente, que incluya otros satisfactores para los inversionistas nacionales y extranjeros. El proyecto, como está planteado ahora, es un desencuentro total con tantos cambios y enmiendas. Aunque en un principio nos oponíamos totalmente, ahora opinamos que hay que empezar de cero, crear una nueva ley. Hay que darles certeza jurídica a los inversores, no privilegios. Además hay que reducir los plazos de exoneración y toda la producción que ingrese al sistema aduanero nacional debe pagar los impuestos de importación. El compromiso con la Organización Mundial del Comercio debe cumplirse antes del 31 de diciembre 2015, así que hay tiempo para hacer las cosas bien.