Redacción
04 de agosto, 2014
Guatemala es uno de los países con las tasas más altas por inseguridad y violencia en la región latinoamericana. Estudios como el Informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas sitúan al Estado en el quinto puesto por las altas tasas de homicidios. Según el documento, el primer lugar lo ocupa Honduras, con 90.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; seguido de Venezuela con 53.7; Belice, 44.7; y El Salvador, 41.2.
Según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el año pasado en el país se registraron 6,072 muertes al año, un promedio de 16 diarias. En este punto empieza la dificultad de medir los homicidios en Guatemala, ya que la fuente de información puede hacer variar los números.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el 2013 ocurrieron 5,252 muertes violentas, lo que significaría un promedio de 14 diarias. Los Gobiernos utilizan los datos de la PNC como su fuente oficial. El problema con ello es que el ente policial cuantifica las muertes sólo si ella ocurre en el momento del levantamiento de datos. Ejemplo: Si una persona es herida por arma de fuego, la PNC lo cuantifica como ‘herido’; si esta persona fallece después, la PNC no lo registra, pero el INACIF sí lo hace. De ahí la necesidad de unificar esfuerzos en materia estadística, algo que los Gobiernos han intentado pero no han logrado concretar.
Se han firmado Acuerdos, se han implementado Pactos y hasta se han creado grupos interinstitucionales, pero la complejidad de la inseguridad en Guatemala, sumado a la debilidad institucional, los niveles de corrupción e impunidad hacen de ésta una tarea de grandes dimensiones.
¿Baja en homicidios?
Las declaraciones oficiales hablan del éxito gubernamental por lograr una reducción en la ocurrencia de los homicidios en Guatemala, pero ¿qué dicen las estadísticas?
Según Carlos Mendoza, analista del Central American Business Intelligence (CABI), sí existe una reducción en la tasa de homicidios pero esta tendencia se registra desde el año 2009. Pero ‘hay que comprobar si esta disminución se debe a las acciones de Gobierno en la recuperación del orden institucional en instancias como la Policía Nacional Civil o por la hipótesis que grupos delincuenciales ya tomaron el control de las zonas donde operan’, añade Mendoza. En seguridad existe la teoría de disminución de violencia cuando algún grupo delictivo toma el control de una zona: la inexistencia de ‘competencia’ hace reducir la violencia asociada a ellos.
Analistas e investigadores no saben explicar con exactitud a qué se debe la reducción de los homicidios. Todo se reduce a la mejor ‘coordinación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público’, según las declaraciones de ex funcionarios de la administración de Álvaro Colom, citas que copian actuales funcionarios.
Los delitos en Guatemala registran una tendencia permanente al alza históricamente. Al analizar las estadísticas desde el año 2000 al 2013, cada año se incrementa la incidencia delictiva, salvo en los años 2006 y 2010, que se redujeron en relación con el año anterior (Ver Delitos en Guatemala). En cuanto a la tasa por 100 mil habitantes se ha logrado en los últimos años un estancamiento de la misma; y una mínima reducción en el último año: de 234 delitos por cada 100 mil habitantes en el 2013 se redujo a 230. Ese estancamiento de la tasa es evidente desde el año 2008, con una tendencia casi lineal. Sin embargo, la debilidad de estos datos es que se realizan con proyecciones de población, ya que el último censo realizado data del 2002.
En cuanto al análisis histórico del índice de homicidios, éste refleja una tendencia al alza del año 2000 al 2009 y una tendencia a la baja a partir del 2010. Sin embargo, es evidente que esa tendencia a la baja se rompió en el año 2013: De 5,174 muertes violentas en el 2012 se incrementó a 5,252. Ello es una paradoja desde el punto de vista político, ya que una de las promesas de campaña del actual Gobierno se enfocaba en brindar mayor seguridad a la población, una expectativa que se generó muy alta debido al perfil del Presidente y su Ministro de Gobernación.
El Viceministro de Gobernación, Arkel Benítez, reconoce el repunte de homicidios del año pasado pero explica que la tendencia es la baja ‘debido a la compatibilidad de acciones en investigación’.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes refleja una tendencia a la baja desde el año 2010 y un estancamiento en los últimos dos años, que se ubica en 34, aún una de las más altas en la región latinoamericana. Según la Organización Mundial de la Salud, los homicidios en América Latina han alcanzado un nivel considerado ‘epidémico’ porque 11 de los 18 países de la región superan la tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Acuerdos y Pactos para la Seguridad
En el año 2009 se alcanzó un récord histórico en el número de muertes violentas: 6,498, una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes y un promedio de casi 18 muertes diarias. Esa crítica situación, sumado al asesinato de dos parlamentarios salvadoreños por elementos de la Policía Nacional Civil, fueron los detonantes para que algunas instancias unificaran una presión hacia las instancias gubernamentales en la búsqueda de una salida.
Según Edgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) y ex participante del G4, estos hechos motivaron a instancias como Universidad de San Carlos (USAC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Arzobispado y la Alianza Evangélica para formar la instancia conocida como G4 o Grupo Garante para la seguridad y justicia.
Luego de reuniones entre varios sectores, el 15 de abril de 2009 se firmó el “Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia” donde los Presidentes de los tres Órganos de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como el Ministerio Público se comprometieron a combatir la criminalidad, inseguridad y corrupción.
Luego de reuniones entre varios sectores, el 15 de abril de 2009 se firmó el “Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia” donde los Presidentes de los tres Órganos de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como el Ministerio Público se comprometieron a combatir la criminalidad, inseguridad y corrupción.
Ese alto compromiso quedo en eso nada más. “Hubo falta de voluntad política y de capacidad estructural de las instituciones para ejecutar los compromisos adquiridos al más alto nivel del Estado”, según Celada. Debido a la autonomía de poderes, se generó falta de voluntad de las dependencias involucradas y se creó una estructura muy débil; muchas de las acciones no formaban parte de la agenda política de cada autoridad.
Apenas tres años más tarde había quedado como muchas políticas en Guatemala: engavetado en el escritorio de algún ex funcionario.
En el 2012, cuando inicia la administración de un militar retirado, las expectativas en materia de seguridad fueron muy altas. Otto Pérez Molina ofrecía en campaña “mano dura” contra la inseguridad. En ese contexto, el 21 de mayo de ese mismo año lanza el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. ‘En la implementación del Pacto se logró articular el trabajo entre instituciones públicas, siendo la base para integrar planes que evitan la violencia’, afirma el Viceministro de Gobernación Arkel Benítez.
El objetivo del Pacto es desarrollar una estrategia cooperativa que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales; sin embargo, no fue consensuada.‘Esta política trataría de ser más organizada pero es una política de Gobierno que no fue consensuada”, explica Celada.
Los resultados del Acuerdo o del Pacto por la seguridad los puede evaluar cada ciudadano con su propia percepción de seguridad. La tendencia de la incidencia criminal también será un referente; pero el ofrecimiento del Presidente Otto Pérez de reducir la tasa de muertes violentas a 25 por cada 100 mil habitantes parece aún lejana.
Redacción
04 de agosto, 2014
Guatemala es uno de los países con las tasas más altas por inseguridad y violencia en la región latinoamericana. Estudios como el Informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas sitúan al Estado en el quinto puesto por las altas tasas de homicidios. Según el documento, el primer lugar lo ocupa Honduras, con 90.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; seguido de Venezuela con 53.7; Belice, 44.7; y El Salvador, 41.2.
Según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el año pasado en el país se registraron 6,072 muertes al año, un promedio de 16 diarias. En este punto empieza la dificultad de medir los homicidios en Guatemala, ya que la fuente de información puede hacer variar los números.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el 2013 ocurrieron 5,252 muertes violentas, lo que significaría un promedio de 14 diarias. Los Gobiernos utilizan los datos de la PNC como su fuente oficial. El problema con ello es que el ente policial cuantifica las muertes sólo si ella ocurre en el momento del levantamiento de datos. Ejemplo: Si una persona es herida por arma de fuego, la PNC lo cuantifica como ‘herido’; si esta persona fallece después, la PNC no lo registra, pero el INACIF sí lo hace. De ahí la necesidad de unificar esfuerzos en materia estadística, algo que los Gobiernos han intentado pero no han logrado concretar.
Se han firmado Acuerdos, se han implementado Pactos y hasta se han creado grupos interinstitucionales, pero la complejidad de la inseguridad en Guatemala, sumado a la debilidad institucional, los niveles de corrupción e impunidad hacen de ésta una tarea de grandes dimensiones.
¿Baja en homicidios?
Las declaraciones oficiales hablan del éxito gubernamental por lograr una reducción en la ocurrencia de los homicidios en Guatemala, pero ¿qué dicen las estadísticas?
Según Carlos Mendoza, analista del Central American Business Intelligence (CABI), sí existe una reducción en la tasa de homicidios pero esta tendencia se registra desde el año 2009. Pero ‘hay que comprobar si esta disminución se debe a las acciones de Gobierno en la recuperación del orden institucional en instancias como la Policía Nacional Civil o por la hipótesis que grupos delincuenciales ya tomaron el control de las zonas donde operan’, añade Mendoza. En seguridad existe la teoría de disminución de violencia cuando algún grupo delictivo toma el control de una zona: la inexistencia de ‘competencia’ hace reducir la violencia asociada a ellos.
Analistas e investigadores no saben explicar con exactitud a qué se debe la reducción de los homicidios. Todo se reduce a la mejor ‘coordinación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público’, según las declaraciones de ex funcionarios de la administración de Álvaro Colom, citas que copian actuales funcionarios.
Los delitos en Guatemala registran una tendencia permanente al alza históricamente. Al analizar las estadísticas desde el año 2000 al 2013, cada año se incrementa la incidencia delictiva, salvo en los años 2006 y 2010, que se redujeron en relación con el año anterior (Ver Delitos en Guatemala). En cuanto a la tasa por 100 mil habitantes se ha logrado en los últimos años un estancamiento de la misma; y una mínima reducción en el último año: de 234 delitos por cada 100 mil habitantes en el 2013 se redujo a 230. Ese estancamiento de la tasa es evidente desde el año 2008, con una tendencia casi lineal. Sin embargo, la debilidad de estos datos es que se realizan con proyecciones de población, ya que el último censo realizado data del 2002.
En cuanto al análisis histórico del índice de homicidios, éste refleja una tendencia al alza del año 2000 al 2009 y una tendencia a la baja a partir del 2010. Sin embargo, es evidente que esa tendencia a la baja se rompió en el año 2013: De 5,174 muertes violentas en el 2012 se incrementó a 5,252. Ello es una paradoja desde el punto de vista político, ya que una de las promesas de campaña del actual Gobierno se enfocaba en brindar mayor seguridad a la población, una expectativa que se generó muy alta debido al perfil del Presidente y su Ministro de Gobernación.
El Viceministro de Gobernación, Arkel Benítez, reconoce el repunte de homicidios del año pasado pero explica que la tendencia es la baja ‘debido a la compatibilidad de acciones en investigación’.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes refleja una tendencia a la baja desde el año 2010 y un estancamiento en los últimos dos años, que se ubica en 34, aún una de las más altas en la región latinoamericana. Según la Organización Mundial de la Salud, los homicidios en América Latina han alcanzado un nivel considerado ‘epidémico’ porque 11 de los 18 países de la región superan la tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Acuerdos y Pactos para la Seguridad
En el año 2009 se alcanzó un récord histórico en el número de muertes violentas: 6,498, una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes y un promedio de casi 18 muertes diarias. Esa crítica situación, sumado al asesinato de dos parlamentarios salvadoreños por elementos de la Policía Nacional Civil, fueron los detonantes para que algunas instancias unificaran una presión hacia las instancias gubernamentales en la búsqueda de una salida.
Según Edgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) y ex participante del G4, estos hechos motivaron a instancias como Universidad de San Carlos (USAC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Arzobispado y la Alianza Evangélica para formar la instancia conocida como G4 o Grupo Garante para la seguridad y justicia.
Luego de reuniones entre varios sectores, el 15 de abril de 2009 se firmó el “Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia” donde los Presidentes de los tres Órganos de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como el Ministerio Público se comprometieron a combatir la criminalidad, inseguridad y corrupción.
Luego de reuniones entre varios sectores, el 15 de abril de 2009 se firmó el “Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia” donde los Presidentes de los tres Órganos de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como el Ministerio Público se comprometieron a combatir la criminalidad, inseguridad y corrupción.
Ese alto compromiso quedo en eso nada más. “Hubo falta de voluntad política y de capacidad estructural de las instituciones para ejecutar los compromisos adquiridos al más alto nivel del Estado”, según Celada. Debido a la autonomía de poderes, se generó falta de voluntad de las dependencias involucradas y se creó una estructura muy débil; muchas de las acciones no formaban parte de la agenda política de cada autoridad.
Apenas tres años más tarde había quedado como muchas políticas en Guatemala: engavetado en el escritorio de algún ex funcionario.
En el 2012, cuando inicia la administración de un militar retirado, las expectativas en materia de seguridad fueron muy altas. Otto Pérez Molina ofrecía en campaña “mano dura” contra la inseguridad. En ese contexto, el 21 de mayo de ese mismo año lanza el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. ‘En la implementación del Pacto se logró articular el trabajo entre instituciones públicas, siendo la base para integrar planes que evitan la violencia’, afirma el Viceministro de Gobernación Arkel Benítez.
El objetivo del Pacto es desarrollar una estrategia cooperativa que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales; sin embargo, no fue consensuada.‘Esta política trataría de ser más organizada pero es una política de Gobierno que no fue consensuada”, explica Celada.
Los resultados del Acuerdo o del Pacto por la seguridad los puede evaluar cada ciudadano con su propia percepción de seguridad. La tendencia de la incidencia criminal también será un referente; pero el ofrecimiento del Presidente Otto Pérez de reducir la tasa de muertes violentas a 25 por cada 100 mil habitantes parece aún lejana.