¿Cuál es la principal
problemática que enfrentan las empresas dedicadas a la generación de energía
renovable?
Oposición por grupos organizados que cometen actos criminales en contra de las
instalaciones de las hidroeléctricas, en algunos casos cuando éstas se
encuentran en período de construcción; en otros casos, el nivel de oposición se encuentra incluso cuando las hidroeléctricas no están ni siquiera en
construcción. Hay ejemplos en la hidroeléctrica de Santa Cruz Barrillas, la de San Luis, en Santa Eulalia, y Santa Rita, todas en Huehuetenango, que son de los casos más sonados. Esas tres hidroeléctricas ni siquiera han colocado la primera piedra
o movimiento de tierras; sin embargo, hay grupos que se han dedicado a oponerse
a la construcción. Estos grupos, principalmente organizaciones no gubernamentales que
no representan a las comunidades y tampoco son lideres legítimos de las
comunidades, son organizaciones con ideologías que se oponen
a la inversión privada. Ello provoca falta de empleo y que las personas sigan viviendo en condiciones de pobreza,
desnutrición y falta de educación.
¿Qué hacen las empresas para
informar a la población respecto del proyecto a realizar?
Generalmente las empresas tienen planes de socialización y de responsabilidad social empresarial. Los proyectos han iniciado hace un par de años a contratar a personas responsables de la parte social, muchos de ellos pertenecen a las comunidades, hablan el idioma y son prácticamente vecinos. De esa manera pueden entender mejor la cultura de los lugares y utilizar herramientas que les permitan comunicarse mejor con la población. Por ejemplo, en muchos de los casos se hacen visitas directamente a las casas de los líderes legítimos de las comunidades y hay acercamientos con los alcaldes y gobernadores. También se hacen campañas radiales para informar cuál es el funcionamiento de la hidroeléctrica. Hay un caso en particular de una de las hidroeléctricas que puso una oficina de información con una persona contratada específicamente para que cualquier vecino que tenga duda acerca del proyecto pueda llegar allí: tienen los planos del proyecto y todas las copias de documentos como licencias y autorizaciones; es decir, toda la parte legal que autoriza hacer la construcción de los proyectos. Son diversos los tipos de formas para ese tipo de socialización.
¿Considera que la conflictividad
generada alrededor de las hidroeléctricas tiene una razón específica o
alguna agenda de interés particular?
El tema de la conflictividad la dividimos en dos: una que es una conflictividad legítima, la cual tiene que ver con una demanda de tipo social, generalmente dirigida al Estado, no necesariamente a las empresas. Ocurre cuando una comunidad tiene dudas acerca del funcionamiento de la hidroeléctrica. La materia prima es el agua y es un tema sensible para cualquier ser humano, y si hay alguna duda que la hidroeléctrica pueda contaminar el agua, las comunidades sí pueden tener dudas legítimas. Las hidroeléctricas se instalan en lugares muy profundos del área rural y esos lugares han sido históricamente abandonado: no tienen infraestructura, no hay institucionalidad ni instituciones de seguridad; en algunos casos ni un juez. Cuando las comunidades ven que se va a instalar una hidroeléctrica, la ven como un paracaídas de salvación y empiezan a hacer demandas hacia las empresas, que no son quienes tienen que llenar o cumplir esas carencias.
Pero hay otra conflictividad que es ilegítima, orquestada por esos grupos de ONG que son financiadas por países nórdicos y que adoptan las agendas de estas organizaciones. Para seguir en la consecución de recursos financieros hacen bloqueos en las carreteras o toman las instalaciones. Existen tres casos en los que han quemado la maquinaria y los lugares donde viven los empleados; el último fue el 5 de mayo en San Mateo Ixtatán, que incluso entraron disparando e hirieron a varias personas. Eso no es una conflictividad ilegítima, son actos criminales y delincuenciales.
A su criterio, ¿podrían estar
grupos paralelos detrás de la conflictividad en algunos proyectos
hidroeléctricos?
Es difícil decirlo, pero muchas
veces hemos identificado que estas ONG están siendo lideradas por personas que
pertenecieron a la guerrilla y quieren ser una
autoridad paralela. Nosotros en Guatemala tenemos un Gobierno y somos un
Estado, cuando hay grupos que empiezan a hablar de un gobierno plurinacional ¿a
qué se están refiriendo? Eso sería un gobierno paralelo al que ya existe. Eso crea confusión porque ellos se autodenominan autoridades,
algo que no son ni tienen. Estos son los grupos paralelos que nosotros hemos
identificado. Hay muchas investigaciones en el área de Huehuetenango,
específicamente donde de manera pública ha habido personas que, sin ningún
liderazgo, dan a conocer a la población que hay un gobierno
plurinacional. Eso en Guatemala no existe porque sería un gobierno paralelo.
¿Cuál es la solicitud concreta
que ha hecho AGER al Gobierno para que se resuelva la conflictividad alrededor
de las hidroeléctricas? ¿Han presentado denuncias ante el Ministerio Publico?
¿Cuál es el resultado de esas denuncias?
Nosotros tenemos varias
solicitudes. Una es directamente al Ministerio Público para que le dé trámite a las denuncias que han interpuesto los representantes de proyectos. Son aproximadamente unas 50 denuncias provenientes de proyectos que han sufrido actos criminales; muchas de ellas todavía en proceso. Otras están en la parte de ejecución con órdenes de captura, pero el
Ministerio de Gobernación no las ha ejecutado todavía. Nuestro pedido
es, particularmente al Ministerio de Gobernación, ejecutar las órdenes de captura. Por ejemplo, en el caso de Santa Rita no se han realizado; no se han ejecutado por falta de voluntad. El Ministerio Público no ha
actuado con rapidez en el procesamiento de la denuncia
para trasladarla al Organismo Judicial para que se emita la orden de captura. Si las denuncias que se
realizaron en una área específica se hubieran atendido rápidamente se habrían evitado
los ataques a otras hidroeléctricas.
¿Qué opina de las declaraciones
del Ministro de Gobernación sobre la posible presencia del crimen organizado
atrás de los focos de conflictividad en algunas regiones del país?
Seguro que él tiene mejor información que nosotros. Entiendo que en Huehuetenango, como es frontera con México, hay un alto índice del crimen organizado, pero no tengo información sobre esa aseveración. Lo que sí puedo decir es que nosotros hemos identificado que son los mismos grupos que atacan a las hidroeléctricas, y creemos que esto es principalmente por causas ideológicas. Son personas que su creencia es oponerse a la inversión privada, de una u otra manera: en programas de televisión o radio se les ha cuestionado el por qué oponerse a las hidroeléctricas y la argumentación es que no se oponen a las hidroeléctricas pero sí a que sean de capital privado. Por eso hemos llegado a la conclusión que es un tema ideológico.
¿Qué responsabilidad tienen las
empresas con las comunidades cercanas al proyecto?
Las hidroeléctricas son la única inversión
a nivel rural. Si analizamos fríamente el tema de la inversión, los
proyectos hidroeléctricos son los únicos que están invirtiendo. Se reconoce una responsabilidad de buen vecino y de promotor de una convivencia pacífica y armoniosa, pero las
demandas de escuelas, hospitales o centros de salud son demandas históricas
al Estado. Las hidroeléctricas tienen la responsabilidad de ser unos
integrantes más de la comunidad y entender
que son los extraños, los extranjeros. Por ello es importante la sensibilidad cultural y social al desarrollar un proyecto.
¿Cuál es la principal
problemática que enfrentan las empresas dedicadas a la generación de energía
renovable?
Oposición por grupos organizados que cometen actos criminales en contra de las
instalaciones de las hidroeléctricas, en algunos casos cuando éstas se
encuentran en período de construcción; en otros casos, el nivel de oposición se encuentra incluso cuando las hidroeléctricas no están ni siquiera en
construcción. Hay ejemplos en la hidroeléctrica de Santa Cruz Barrillas, la de San Luis, en Santa Eulalia, y Santa Rita, todas en Huehuetenango, que son de los casos más sonados. Esas tres hidroeléctricas ni siquiera han colocado la primera piedra
o movimiento de tierras; sin embargo, hay grupos que se han dedicado a oponerse
a la construcción. Estos grupos, principalmente organizaciones no gubernamentales que
no representan a las comunidades y tampoco son lideres legítimos de las
comunidades, son organizaciones con ideologías que se oponen
a la inversión privada. Ello provoca falta de empleo y que las personas sigan viviendo en condiciones de pobreza,
desnutrición y falta de educación.
¿Qué hacen las empresas para
informar a la población respecto del proyecto a realizar?
Generalmente las empresas tienen planes de socialización y de responsabilidad social empresarial. Los proyectos han iniciado hace un par de años a contratar a personas responsables de la parte social, muchos de ellos pertenecen a las comunidades, hablan el idioma y son prácticamente vecinos. De esa manera pueden entender mejor la cultura de los lugares y utilizar herramientas que les permitan comunicarse mejor con la población. Por ejemplo, en muchos de los casos se hacen visitas directamente a las casas de los líderes legítimos de las comunidades y hay acercamientos con los alcaldes y gobernadores. También se hacen campañas radiales para informar cuál es el funcionamiento de la hidroeléctrica. Hay un caso en particular de una de las hidroeléctricas que puso una oficina de información con una persona contratada específicamente para que cualquier vecino que tenga duda acerca del proyecto pueda llegar allí: tienen los planos del proyecto y todas las copias de documentos como licencias y autorizaciones; es decir, toda la parte legal que autoriza hacer la construcción de los proyectos. Son diversos los tipos de formas para ese tipo de socialización.
¿Considera que la conflictividad
generada alrededor de las hidroeléctricas tiene una razón específica o
alguna agenda de interés particular?
El tema de la conflictividad la dividimos en dos: una que es una conflictividad legítima, la cual tiene que ver con una demanda de tipo social, generalmente dirigida al Estado, no necesariamente a las empresas. Ocurre cuando una comunidad tiene dudas acerca del funcionamiento de la hidroeléctrica. La materia prima es el agua y es un tema sensible para cualquier ser humano, y si hay alguna duda que la hidroeléctrica pueda contaminar el agua, las comunidades sí pueden tener dudas legítimas. Las hidroeléctricas se instalan en lugares muy profundos del área rural y esos lugares han sido históricamente abandonado: no tienen infraestructura, no hay institucionalidad ni instituciones de seguridad; en algunos casos ni un juez. Cuando las comunidades ven que se va a instalar una hidroeléctrica, la ven como un paracaídas de salvación y empiezan a hacer demandas hacia las empresas, que no son quienes tienen que llenar o cumplir esas carencias.
Pero hay otra conflictividad que es ilegítima, orquestada por esos grupos de ONG que son financiadas por países nórdicos y que adoptan las agendas de estas organizaciones. Para seguir en la consecución de recursos financieros hacen bloqueos en las carreteras o toman las instalaciones. Existen tres casos en los que han quemado la maquinaria y los lugares donde viven los empleados; el último fue el 5 de mayo en San Mateo Ixtatán, que incluso entraron disparando e hirieron a varias personas. Eso no es una conflictividad ilegítima, son actos criminales y delincuenciales.
A su criterio, ¿podrían estar
grupos paralelos detrás de la conflictividad en algunos proyectos
hidroeléctricos?
Es difícil decirlo, pero muchas
veces hemos identificado que estas ONG están siendo lideradas por personas que
pertenecieron a la guerrilla y quieren ser una
autoridad paralela. Nosotros en Guatemala tenemos un Gobierno y somos un
Estado, cuando hay grupos que empiezan a hablar de un gobierno plurinacional ¿a
qué se están refiriendo? Eso sería un gobierno paralelo al que ya existe. Eso crea confusión porque ellos se autodenominan autoridades,
algo que no son ni tienen. Estos son los grupos paralelos que nosotros hemos
identificado. Hay muchas investigaciones en el área de Huehuetenango,
específicamente donde de manera pública ha habido personas que, sin ningún
liderazgo, dan a conocer a la población que hay un gobierno
plurinacional. Eso en Guatemala no existe porque sería un gobierno paralelo.
¿Cuál es la solicitud concreta
que ha hecho AGER al Gobierno para que se resuelva la conflictividad alrededor
de las hidroeléctricas? ¿Han presentado denuncias ante el Ministerio Publico?
¿Cuál es el resultado de esas denuncias?
Nosotros tenemos varias
solicitudes. Una es directamente al Ministerio Público para que le dé trámite a las denuncias que han interpuesto los representantes de proyectos. Son aproximadamente unas 50 denuncias provenientes de proyectos que han sufrido actos criminales; muchas de ellas todavía en proceso. Otras están en la parte de ejecución con órdenes de captura, pero el
Ministerio de Gobernación no las ha ejecutado todavía. Nuestro pedido
es, particularmente al Ministerio de Gobernación, ejecutar las órdenes de captura. Por ejemplo, en el caso de Santa Rita no se han realizado; no se han ejecutado por falta de voluntad. El Ministerio Público no ha
actuado con rapidez en el procesamiento de la denuncia
para trasladarla al Organismo Judicial para que se emita la orden de captura. Si las denuncias que se
realizaron en una área específica se hubieran atendido rápidamente se habrían evitado
los ataques a otras hidroeléctricas.
¿Qué opina de las declaraciones
del Ministro de Gobernación sobre la posible presencia del crimen organizado
atrás de los focos de conflictividad en algunas regiones del país?
Seguro que él tiene mejor información que nosotros. Entiendo que en Huehuetenango, como es frontera con México, hay un alto índice del crimen organizado, pero no tengo información sobre esa aseveración. Lo que sí puedo decir es que nosotros hemos identificado que son los mismos grupos que atacan a las hidroeléctricas, y creemos que esto es principalmente por causas ideológicas. Son personas que su creencia es oponerse a la inversión privada, de una u otra manera: en programas de televisión o radio se les ha cuestionado el por qué oponerse a las hidroeléctricas y la argumentación es que no se oponen a las hidroeléctricas pero sí a que sean de capital privado. Por eso hemos llegado a la conclusión que es un tema ideológico.
¿Qué responsabilidad tienen las
empresas con las comunidades cercanas al proyecto?
Las hidroeléctricas son la única inversión
a nivel rural. Si analizamos fríamente el tema de la inversión, los
proyectos hidroeléctricos son los únicos que están invirtiendo. Se reconoce una responsabilidad de buen vecino y de promotor de una convivencia pacífica y armoniosa, pero las
demandas de escuelas, hospitales o centros de salud son demandas históricas
al Estado. Las hidroeléctricas tienen la responsabilidad de ser unos
integrantes más de la comunidad y entender
que son los extraños, los extranjeros. Por ello es importante la sensibilidad cultural y social al desarrollar un proyecto.