Los constantes sucesos en donde pobladores obstaculizan la labor de los agentes de seguridad, demuestran el grado de irrespeto que se tiene contra la policía, pues la falta de autoridad es evidente ante este tipo de problemáticas, así como el debilitamiento de la institucionalidad.
Según el Ministerio de Gobernación, se ha evidenciado que las acciones de los pobladores se han convertido en oportunidades para desarrollar actos ilícitos y violentos contra la institución, como atentados, tentativas de asesinato, lesiones, secuestros y robo agravado.
Además, indica que la protesta se ha confundido con la resistencia a la aplicación de la Ley, con actos violentos que se privilegian frente a las acciones pacíficas disponibles a todos los ciudadanos para hacer valer sus derechos, ya que no se pueden defender intereses lícitos a través de medios ilícitos. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Gobernación, desde el 2010 se registran por lo menos 18 casos en donde se han retenido y secuestrado alrededor de 5 policías por caso, lo que significa que son aproximadamente 90 agentes. Además, 75 armas de fuego fueron robadas, 38 autopatrullas destruidas, así como instalaciones policíacas. Sin embargo, el director de la PNC, Telémaco Pérez, indica que se han interpuesto denuncias sobre los hechos delictivos contra agentes en las instancias correspondientes, pero desconoce si hay avances en las investigaciones del Ministerio Público. Según las autoridades, son acciones delictivas que atentan contra la institución y sus funcionarios.
Modus Operandi de algunas Organizaciones
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dice que éste es un modus operandi que algunas organizaciones en el interior del país desarrollan bajo el argumento del conflicto social, y lo que han hecho es instigar a las poblaciones a cometer actos que en el marco del ordenamiento jurídico del país constituyen un delito.
El titular de la Cartera del Interior dice que derivado de esa situación ha habido una serie de actos ocurridos en contra de las fuerzas de seguridad desde el 2010 a la fecha. Se reportan más de 38 unidades móviles destruidas que fueron quemadas y desmanteladas, así como varias sedes de la PNC destruidas. Además, se reporta el robo de equipo y armamento: 75 armas de fuego y la retención de policías que constituye, de acuerdo al código penal, un secuestro. Estos actos han ocurrido en varias ocasiones en San Marcos, Huehuetenango, Jalapa y las Verapaces.
Retención y robo de armas
Una de las retenciones de PNC reciente fue en abril del año pasado en Santa Maria Xalapán, Jalapa, donde detuvieron a 24 policías. Les robaron 24 pistolas. En esa ocasión se responsabilizó a Roberto González Ucelo, presidente del parlamento Xinca, por haber encabezado esa retención ilegal de la autoridad.
Hasta el momento 13 pistolas siguen sin ser entregadas. El 8 de marzo pasado apareció una de esas armas en manos de Marvin Geovanny Ucelo Arriola, sobrino de Roberto González Ucelo, recuperada en un operativo en la cabecera departamental de Jalapa, en donde fue sorprendido portando ilegalmente la pistola que le pertenece a la PNC. La retención de las autoridades, como la de cualquier ciudadano, constituye plagio, dice López Bonilla.
En marzo del 2012, un contingente policial con jueces y fiscales que se dirigían a detener a sicarios y narcotraficantes sindicados de asesinatos, homicidios, tráfico de drogas y portación ilegal de armas en Jalapa no pudo ejecutar la orden judicial porque las comunidades salieron a su paso.
Otro hecho similar ocurrió en la comunidad de Semococh, municipio de Chisec, Alta Verapaz, donde se pretendía ejecutar órdenes de captura de líderes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) vinculados al robo de energía eléctrica en el área. La ejecución de esas órdenes judiciales provocó un enfrentamiento entre pobladores del lugar y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dejó como saldo tres personas fallecidas, cinco elementos policiales heridos, 22 personas detenidas y 11 armas robadas. En esa oportunidad fueron retenidos elementos de la PNC, despojados de sus armas y atados. En el incidente incluso se propuso intercambiarlos por miembros de CODECA detenidos.
Se evidencia la debilidad del Estado de Derecho
Según Telémaco Pérez, director general de la PNC, las fuerzas de seguridad deben cumplir la ejecución de las órdenes judiciales, por lo que la población debe saber que la policía actúa porque existe una orden de juez competente. Pérez reconoce que en muchas ocasiones se han tomado como rehenes a los elementos policiales para que se deje sin efecto las órdenes de captura, pero es algo que no se puede resolver cometiendo un ilícito ya que lo que realizan es un secuestro a las fuerzas de seguridad. A criterio del funcionario, la PNC está preparada para actuar en cualquier situación, y cuando suceden estas accones se establecen procesos de negociación para llevar a cabo los protocolos adecuados y neutralizar esa amenaza en el marco de la ley, enfatiza.
El director de la PNC reconoce que la retención de las fuerzas de seguridad por parte de la población es ‘una falta de respeto’, en donde los líderes se aprovechan de las comunidades para seguir en la impunidad, así como cuando se quiere ejecutar una orden en su contra al cometer ilícitos, como el robo de energía. Se utiliza a la población en contra de las autoridades, dice Pérez.
Sobre el tema, Luis Linares, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dice que estos acontecimientos son un precedente nefasto porque dejan en evidencia la debilidad de la policía. ‘Lo que tiene que hacer la policía es evitar ponerse en riesgo de ser retenida. Cuando actúen para capturar a alguien tienen que tener asegurada su superioridad sobre posibles opositores. No se pueden dar el lujo de ser humillados porque en ese momento la autoridad se desvaloriza’, señala Linares.
Agrega que estos hechos ocurren en lugares donde hay poca presencia policial, ya que en algunas comunidades cuando se captura a alguien pone resistencia porque existe un tipo de solidaridad comunitaria, algo que ha pasado más de una vez.
Además, refiere que estos actos delictivos en contra de las autoridades alientan a que se repitan porque no hay consecuencias, ya que no son perseguidos legalmente los responsables. Ejemplifica que aunque se firmara un acta, que regularmente se efectúa bajo presión, no tiene validez, pero la autoridad puede actuar posteriormente. De lo contrario se sientan precedentes y se evidencia la debilidad del Estado de Derecho.
Los constantes sucesos en donde pobladores obstaculizan la labor de los agentes de seguridad, demuestran el grado de irrespeto que se tiene contra la policía, pues la falta de autoridad es evidente ante este tipo de problemáticas, así como el debilitamiento de la institucionalidad.
Según el Ministerio de Gobernación, se ha evidenciado que las acciones de los pobladores se han convertido en oportunidades para desarrollar actos ilícitos y violentos contra la institución, como atentados, tentativas de asesinato, lesiones, secuestros y robo agravado.
Además, indica que la protesta se ha confundido con la resistencia a la aplicación de la Ley, con actos violentos que se privilegian frente a las acciones pacíficas disponibles a todos los ciudadanos para hacer valer sus derechos, ya que no se pueden defender intereses lícitos a través de medios ilícitos. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Gobernación, desde el 2010 se registran por lo menos 18 casos en donde se han retenido y secuestrado alrededor de 5 policías por caso, lo que significa que son aproximadamente 90 agentes. Además, 75 armas de fuego fueron robadas, 38 autopatrullas destruidas, así como instalaciones policíacas. Sin embargo, el director de la PNC, Telémaco Pérez, indica que se han interpuesto denuncias sobre los hechos delictivos contra agentes en las instancias correspondientes, pero desconoce si hay avances en las investigaciones del Ministerio Público. Según las autoridades, son acciones delictivas que atentan contra la institución y sus funcionarios.
Modus Operandi de algunas Organizaciones
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dice que éste es un modus operandi que algunas organizaciones en el interior del país desarrollan bajo el argumento del conflicto social, y lo que han hecho es instigar a las poblaciones a cometer actos que en el marco del ordenamiento jurídico del país constituyen un delito.
El titular de la Cartera del Interior dice que derivado de esa situación ha habido una serie de actos ocurridos en contra de las fuerzas de seguridad desde el 2010 a la fecha. Se reportan más de 38 unidades móviles destruidas que fueron quemadas y desmanteladas, así como varias sedes de la PNC destruidas. Además, se reporta el robo de equipo y armamento: 75 armas de fuego y la retención de policías que constituye, de acuerdo al código penal, un secuestro. Estos actos han ocurrido en varias ocasiones en San Marcos, Huehuetenango, Jalapa y las Verapaces.
Retención y robo de armas
Una de las retenciones de PNC reciente fue en abril del año pasado en Santa Maria Xalapán, Jalapa, donde detuvieron a 24 policías. Les robaron 24 pistolas. En esa ocasión se responsabilizó a Roberto González Ucelo, presidente del parlamento Xinca, por haber encabezado esa retención ilegal de la autoridad.
Hasta el momento 13 pistolas siguen sin ser entregadas. El 8 de marzo pasado apareció una de esas armas en manos de Marvin Geovanny Ucelo Arriola, sobrino de Roberto González Ucelo, recuperada en un operativo en la cabecera departamental de Jalapa, en donde fue sorprendido portando ilegalmente la pistola que le pertenece a la PNC. La retención de las autoridades, como la de cualquier ciudadano, constituye plagio, dice López Bonilla.
En marzo del 2012, un contingente policial con jueces y fiscales que se dirigían a detener a sicarios y narcotraficantes sindicados de asesinatos, homicidios, tráfico de drogas y portación ilegal de armas en Jalapa no pudo ejecutar la orden judicial porque las comunidades salieron a su paso.
Otro hecho similar ocurrió en la comunidad de Semococh, municipio de Chisec, Alta Verapaz, donde se pretendía ejecutar órdenes de captura de líderes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) vinculados al robo de energía eléctrica en el área. La ejecución de esas órdenes judiciales provocó un enfrentamiento entre pobladores del lugar y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dejó como saldo tres personas fallecidas, cinco elementos policiales heridos, 22 personas detenidas y 11 armas robadas. En esa oportunidad fueron retenidos elementos de la PNC, despojados de sus armas y atados. En el incidente incluso se propuso intercambiarlos por miembros de CODECA detenidos.
Se evidencia la debilidad del Estado de Derecho
Según Telémaco Pérez, director general de la PNC, las fuerzas de seguridad deben cumplir la ejecución de las órdenes judiciales, por lo que la población debe saber que la policía actúa porque existe una orden de juez competente. Pérez reconoce que en muchas ocasiones se han tomado como rehenes a los elementos policiales para que se deje sin efecto las órdenes de captura, pero es algo que no se puede resolver cometiendo un ilícito ya que lo que realizan es un secuestro a las fuerzas de seguridad. A criterio del funcionario, la PNC está preparada para actuar en cualquier situación, y cuando suceden estas accones se establecen procesos de negociación para llevar a cabo los protocolos adecuados y neutralizar esa amenaza en el marco de la ley, enfatiza.
El director de la PNC reconoce que la retención de las fuerzas de seguridad por parte de la población es ‘una falta de respeto’, en donde los líderes se aprovechan de las comunidades para seguir en la impunidad, así como cuando se quiere ejecutar una orden en su contra al cometer ilícitos, como el robo de energía. Se utiliza a la población en contra de las autoridades, dice Pérez.
Sobre el tema, Luis Linares, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dice que estos acontecimientos son un precedente nefasto porque dejan en evidencia la debilidad de la policía. ‘Lo que tiene que hacer la policía es evitar ponerse en riesgo de ser retenida. Cuando actúen para capturar a alguien tienen que tener asegurada su superioridad sobre posibles opositores. No se pueden dar el lujo de ser humillados porque en ese momento la autoridad se desvaloriza’, señala Linares.
Agrega que estos hechos ocurren en lugares donde hay poca presencia policial, ya que en algunas comunidades cuando se captura a alguien pone resistencia porque existe un tipo de solidaridad comunitaria, algo que ha pasado más de una vez.
Además, refiere que estos actos delictivos en contra de las autoridades alientan a que se repitan porque no hay consecuencias, ya que no son perseguidos legalmente los responsables. Ejemplifica que aunque se firmara un acta, que regularmente se efectúa bajo presión, no tiene validez, pero la autoridad puede actuar posteriormente. De lo contrario se sientan precedentes y se evidencia la debilidad del Estado de Derecho.