Para nadie es un secreto que la educación pública está en un permanente estado de crisis, tanto de calidad educativa como de infraestructura. No obstante, los maestros sindicalizados salieron este jueves a manifestarse para pedir que se dejen en vigor los nuevos impuestos contenidos en el Presupuesto de la Nación 2015. Esto para poder recibir el aumento salarial que les tienen pendiente.
Además, dijeron no estar de acuerdo con que se les fiscalice su trabajo por personas ajenas al Ministerio de Educación (Mineduc).
Lo anterior hace referencia a iniciativas como el monitoreo de los 180 días de clase que lanzó recientemente Empresarios por la Educación con el apoyo de Alertos. Ellos desarrollaron una plataforma electrónica que facilitará el monitoreo ciudadano de los días de clase. Esta se alimentará por varias vías como mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas o por medio de la página de Empresarios por la Educación (www.empresariosporlaeducacion.org).
La directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación, Verónica Spross, señala que esto se hace para cumplir con el compromiso por la calidad en la educación para el 2021. Esto está incluido en el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano firmado en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) del 2013.
Esos objetivos son que el 75% de los estudiantes de 6º primaria debe alcanzar el nivel esperado en matemática y lectura, y un 60% de los alumnos de básicos y graduandos debe tener el nivel de logro esperado en las dos áreas mencionadas. Además, la selección de maestros debe velar por elegir a los mejores, a los más preparados y competentes; continuar con las evaluaciones periódicas, continuas y comparables. Por último, se debe garantizar que el 100% de los establecimientos cumplan con la jornada escolar (5 horas diarias) y 180 días de clases al año.
“Es importante que se cumplan con los días de clase. Según reportes oficiales, se ha llegado a extremos como que en el 2010 en algunos establecimientos se tuvieron sólo 90 días efectivos, en 2013 el promedio fue de 136”, expone Spross. En el 2014 un monitoreo de la Red Nacional por la Integridad arrojó que en 30 municipios hubo 160 en promedio. Este año tendrá desafíos especiales porque es electoral y algunos planteles escolares son centros de votación.
Sin embargo, los maestros sindicalizados parecen más preocupados por otros temas, como el cumplimiento de los aumentos salariales que les fueron concedidos en 2013, incluidos el Pacto colectivo vigente, pero para los cuales el Gobierno Central no tiene fondos.
Buscan aumento de salario, no calidad
En 2012 se firmó un pacto colectivo de trabajo que fue homologado a inicios del 2013 entre el Mineduc y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). El pacto colectivo anterior era del 2008.
En el actual, entre otras cosas, se establece un aumento del 30% en forma escalonada de 2013 a 2015. Para el 2012 fue un reajuste salarial de 8%, un 10% para el 2014 y 12% para 2015, asimismo se incluyen compromisos para realizar procesos de capacitación, formación y evaluación docente.
El analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señala que este pacto colectivo no es de los “peores” de los que se tienen en el Estado, que son 14. “No cuenta con exagerados privilegios para los líderes sindicales o erogaciones a favor de los sindicatos”, considera. El problema es que se firmó bajo presión, con lo cual el Estado adquirió un compromiso que no puede cumplir. Paralelamente, el sistema educativo estatal sigue dando pobres resultados, puntualiza.
Mejores condiciones pero también mejor desempeño
Sin embargo, siendo la educación un tema de vital importancia para el desarrollo del país, no debe discutirse solamente desde el ángulo de remuneraciones sino a un nivel más integral. “En la práctica los pactos colectivos no han contribuido a la calidad educativa, únicamente han sido utilizados para bajar niveles de tensión o instrumentalizar clientelarmente a los docentes, ello sin resultados efectivos para los estudiantes”, opina Quezada.
Según el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Jorge Benavides, un factor es que en dicho pacto hay poca o nula especificación de responsabilidad o medidas de desempeño que condicionen el aumento en salarios y prestaciones.
Por otro lado, dadas las facilidades y la inamovilidad que se otorga a los dirigentes sindicales, quienes pueden hacer sus actividades con goce de sueldo, da lugar a que surjan personajes como Joviel Acevedo. “Al ejercer únicamente una función sindical y no docente, se vuelven actores políticos con gran capacidad de movilización, valiéndose para ello de su protagonismo ante medios de comunicación y asociaciones nacionales e internacionales”, considera Benavides.
Costo alto, pocos resultados
“Este pacto viola uno de los artículos de la Ley del Presupuesto al haber negociado pagos de forma multianual, los cuales carecían de un aval sobre disponibilidad financiera de parte del Ministerio de Finanzas”, refiere Benavides.
Esta negociación no tiene precedentes históricos y se hizo con el fin de evitar que se tomaran medidas de hecho, amenazas que siguen haciéndose en la actualidad para que se cumpla. Aunque es difícil calcular cuánto costará al Estado pagar los 3 años de aumentos salariales ofrecidos, solo para cumplir los del 2014 se aprobó una ampliación presupuestaria de Q1,000 millones, luego de que se hicieron manifestaciones en todo el país.
Para Spross es problemático que al hacer efectivos estos aumentos se desfinancia el presupuesto del Mineduc sin que se mejore la calidad de la educación. Considera importante valorar a los maestros que sí cumplen con su trabajo con calidad, quienes son los que deberían recibir incentivos.
Necesario rectificar el rumbo
Como lo han advertido muchos analistas, los pactos colectivos en el Estado son como bombas de tiempo que pueden hacerlo colapsar. Por eso, es necesario revisarlos y renegociarlos. “Aunque se cree que los beneficios adquiridos son irrenunciables, contienen disposiciones violatorias a la ley o comprometen presupuesto del Estado a futuro”, señala Quezada.
Por otro lado, el artículo 20 del Código de Trabajo hace esencialmente revisables los pactos colectivos. Esto es necesario si el Estado tiene complicaciones para cumplirlos, como en la actualidad en que el Presupuesto vigente tiene impugnaciones. Según el analista, el Estado puede argumentar ante un juez la imposibilidad material de cumplir con los compromisos de orden financiero.
“A futuro, el Gobierno tiene que negarse a pactar aumentos salariales más allá del ejercicio financiero en vigor, pues no se puede endeudar al Estado a futuro”, dice Quezada. Por otro lado, el Congreso de la República al aprobar aumentos en el presupuesto otorgados vía pactos colectivos, distorsiona la igualdad salarial que debe regir en el sector público.
Todos por la educación
Sin duda, para avanzar en el tema educativo es necesario tomar acciones. Además de discutir el tema de recursos, que también son necesarios, Benavides opina que el sistema actual carece de una evaluación del desempeño del docente en el aula. “Más allá de la asistencia, se hace muy poco evaluando el logro de los alumnos, ya que la medición se da después de que el proceso de aprendizaje fracasó”, opina.
Benavides considera que se han tenido avances con el programa de profesionalización docente (PADEP) que impacta a unos 15 mil maestros, y también con la reforma educativa que eleva a nivel universitario la carrera docente. “Sin embargo, todavía quedan alrededor de 150 mil maestros a los cuales no se ha actualizado”, refiere.
Si los ciudadanos se empoderan y monitorean, dando reportes al Mineduc de cuando no se cumpla con la labor docente de calidad, habrá información para que las autoridades tomen decisiones de mejora. Si los maestros aspiran a tener mejores prestaciones, a cambio deben cumplir su trabajo a cabalidad. “Incluso, si los días reglamentados de clase no se cumplen, el Mineduc puede alargar el ciclo lectivo”, concluye Spross.
Para nadie es un secreto que la educación pública está en un permanente estado de crisis, tanto de calidad educativa como de infraestructura. No obstante, los maestros sindicalizados salieron este jueves a manifestarse para pedir que se dejen en vigor los nuevos impuestos contenidos en el Presupuesto de la Nación 2015. Esto para poder recibir el aumento salarial que les tienen pendiente.
Además, dijeron no estar de acuerdo con que se les fiscalice su trabajo por personas ajenas al Ministerio de Educación (Mineduc).
Lo anterior hace referencia a iniciativas como el monitoreo de los 180 días de clase que lanzó recientemente Empresarios por la Educación con el apoyo de Alertos. Ellos desarrollaron una plataforma electrónica que facilitará el monitoreo ciudadano de los días de clase. Esta se alimentará por varias vías como mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas o por medio de la página de Empresarios por la Educación (www.empresariosporlaeducacion.org).
La directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación, Verónica Spross, señala que esto se hace para cumplir con el compromiso por la calidad en la educación para el 2021. Esto está incluido en el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano firmado en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) del 2013.
Esos objetivos son que el 75% de los estudiantes de 6º primaria debe alcanzar el nivel esperado en matemática y lectura, y un 60% de los alumnos de básicos y graduandos debe tener el nivel de logro esperado en las dos áreas mencionadas. Además, la selección de maestros debe velar por elegir a los mejores, a los más preparados y competentes; continuar con las evaluaciones periódicas, continuas y comparables. Por último, se debe garantizar que el 100% de los establecimientos cumplan con la jornada escolar (5 horas diarias) y 180 días de clases al año.
“Es importante que se cumplan con los días de clase. Según reportes oficiales, se ha llegado a extremos como que en el 2010 en algunos establecimientos se tuvieron sólo 90 días efectivos, en 2013 el promedio fue de 136”, expone Spross. En el 2014 un monitoreo de la Red Nacional por la Integridad arrojó que en 30 municipios hubo 160 en promedio. Este año tendrá desafíos especiales porque es electoral y algunos planteles escolares son centros de votación.
Sin embargo, los maestros sindicalizados parecen más preocupados por otros temas, como el cumplimiento de los aumentos salariales que les fueron concedidos en 2013, incluidos el Pacto colectivo vigente, pero para los cuales el Gobierno Central no tiene fondos.
Buscan aumento de salario, no calidad
En 2012 se firmó un pacto colectivo de trabajo que fue homologado a inicios del 2013 entre el Mineduc y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). El pacto colectivo anterior era del 2008.
En el actual, entre otras cosas, se establece un aumento del 30% en forma escalonada de 2013 a 2015. Para el 2012 fue un reajuste salarial de 8%, un 10% para el 2014 y 12% para 2015, asimismo se incluyen compromisos para realizar procesos de capacitación, formación y evaluación docente.
El analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señala que este pacto colectivo no es de los “peores” de los que se tienen en el Estado, que son 14. “No cuenta con exagerados privilegios para los líderes sindicales o erogaciones a favor de los sindicatos”, considera. El problema es que se firmó bajo presión, con lo cual el Estado adquirió un compromiso que no puede cumplir. Paralelamente, el sistema educativo estatal sigue dando pobres resultados, puntualiza.
Mejores condiciones pero también mejor desempeño
Sin embargo, siendo la educación un tema de vital importancia para el desarrollo del país, no debe discutirse solamente desde el ángulo de remuneraciones sino a un nivel más integral. “En la práctica los pactos colectivos no han contribuido a la calidad educativa, únicamente han sido utilizados para bajar niveles de tensión o instrumentalizar clientelarmente a los docentes, ello sin resultados efectivos para los estudiantes”, opina Quezada.
Según el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Jorge Benavides, un factor es que en dicho pacto hay poca o nula especificación de responsabilidad o medidas de desempeño que condicionen el aumento en salarios y prestaciones.
Por otro lado, dadas las facilidades y la inamovilidad que se otorga a los dirigentes sindicales, quienes pueden hacer sus actividades con goce de sueldo, da lugar a que surjan personajes como Joviel Acevedo. “Al ejercer únicamente una función sindical y no docente, se vuelven actores políticos con gran capacidad de movilización, valiéndose para ello de su protagonismo ante medios de comunicación y asociaciones nacionales e internacionales”, considera Benavides.
Costo alto, pocos resultados
“Este pacto viola uno de los artículos de la Ley del Presupuesto al haber negociado pagos de forma multianual, los cuales carecían de un aval sobre disponibilidad financiera de parte del Ministerio de Finanzas”, refiere Benavides.
Esta negociación no tiene precedentes históricos y se hizo con el fin de evitar que se tomaran medidas de hecho, amenazas que siguen haciéndose en la actualidad para que se cumpla. Aunque es difícil calcular cuánto costará al Estado pagar los 3 años de aumentos salariales ofrecidos, solo para cumplir los del 2014 se aprobó una ampliación presupuestaria de Q1,000 millones, luego de que se hicieron manifestaciones en todo el país.
Para Spross es problemático que al hacer efectivos estos aumentos se desfinancia el presupuesto del Mineduc sin que se mejore la calidad de la educación. Considera importante valorar a los maestros que sí cumplen con su trabajo con calidad, quienes son los que deberían recibir incentivos.
Necesario rectificar el rumbo
Como lo han advertido muchos analistas, los pactos colectivos en el Estado son como bombas de tiempo que pueden hacerlo colapsar. Por eso, es necesario revisarlos y renegociarlos. “Aunque se cree que los beneficios adquiridos son irrenunciables, contienen disposiciones violatorias a la ley o comprometen presupuesto del Estado a futuro”, señala Quezada.
Por otro lado, el artículo 20 del Código de Trabajo hace esencialmente revisables los pactos colectivos. Esto es necesario si el Estado tiene complicaciones para cumplirlos, como en la actualidad en que el Presupuesto vigente tiene impugnaciones. Según el analista, el Estado puede argumentar ante un juez la imposibilidad material de cumplir con los compromisos de orden financiero.
“A futuro, el Gobierno tiene que negarse a pactar aumentos salariales más allá del ejercicio financiero en vigor, pues no se puede endeudar al Estado a futuro”, dice Quezada. Por otro lado, el Congreso de la República al aprobar aumentos en el presupuesto otorgados vía pactos colectivos, distorsiona la igualdad salarial que debe regir en el sector público.
Todos por la educación
Sin duda, para avanzar en el tema educativo es necesario tomar acciones. Además de discutir el tema de recursos, que también son necesarios, Benavides opina que el sistema actual carece de una evaluación del desempeño del docente en el aula. “Más allá de la asistencia, se hace muy poco evaluando el logro de los alumnos, ya que la medición se da después de que el proceso de aprendizaje fracasó”, opina.
Benavides considera que se han tenido avances con el programa de profesionalización docente (PADEP) que impacta a unos 15 mil maestros, y también con la reforma educativa que eleva a nivel universitario la carrera docente. “Sin embargo, todavía quedan alrededor de 150 mil maestros a los cuales no se ha actualizado”, refiere.
Si los ciudadanos se empoderan y monitorean, dando reportes al Mineduc de cuando no se cumpla con la labor docente de calidad, habrá información para que las autoridades tomen decisiones de mejora. Si los maestros aspiran a tener mejores prestaciones, a cambio deben cumplir su trabajo a cabalidad. “Incluso, si los días reglamentados de clase no se cumplen, el Mineduc puede alargar el ciclo lectivo”, concluye Spross.