El sistema de transporte urbano de la ciudad capital se ha visto envuelto en una serie de críticas por diferentes denuncias de corrupción, tanto en la compra de buses y la entrega del subsidio, como en el mal servicio y estado deplorable en que se encuentran los buses que prestan el servicio a miles de guatemaltecos, que con sus impuestos han financiado proyectos que finalmente se vuelven negocios de los empresarios de autobuses y políticos.
Durante el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ahora promueve como candidata presidencial a Sandra Torres exesposa del expresidente Álvaro Colom, se realizó la implementación del nuevo sistema de transporte “Transurbano”. En esa oportunidad se vendió al usuario como uno de los trasportes públicos más eficientes de Latinoamérica con el fin de terminar con el mal servicio prestado por las unidades rojas. Sin embargo no ha sido así pues desde su inicio hubo denuncias de corrupción por la forma de adquisición de los autobuses.
El negocio empañó al Gobierno del entonces presidente Colom, que con bombos y platillos junto a la entonces primera dama Sandra Torres y el alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú, promocionaban el Transurbano. Durante la campaña electoral del 2011, Torres fue la candidata fallida del partido y quien movió sus influencias para promocionarse en las pantallas colocadas dentro de las unidades del Transurbano.
Durante el gobierno de Álvaro Colom se afirmaba que Sandra Torres era el poder tras el trono y que sus directrices eran ejecutadas. Fue acusada de usurpación de funciones cuando coordinó los programas sociales y pedía cuentas a los diferentes Ministros e inclusive dirigía algunos de los gabinetes de Gobierno, lo que creó choques con el exvicepresidente Rafael Espada, a quien por mandato constitucional le correspondía dicha labor. También realizaba giras por todo el país como la cara visible y social de los programas sociales, durante las cuales se identificó con muchas mujeres del interior de la República que eran las beneficiarias del programa Mi Familia Progresa.
Un negocio sobrevalorado en Q242,550 por bus
Según un estudio realizado por Acción Ciudadana y Transparencia Internacional, se tenía previsto adquirir 3,150 buses por un valor total de US$636,226,578.00, el cual se proyectó con el respaldo de un préstamo otorgado por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil por US$419.2 millones.
El estudio refiere que “la empresa Transurbano pagó alrededor de US$126 mil por los buses normales, y US$275 mil por los buses articulados (dos partes), ambos tipos de origen brasileño, un cuarto más que el precio de mercado. “Un precio tan alto que solo podía significar un soborno entre las dos partes”, puntualiza trasparencia Internacional.
Tomando en cuenta que el informe indica que el precio apunta a una sobrevaloración de un cuarto más de lo que ofrece el mercado, se deduce que cada autobús normal tuvo una sobrevaloración de US$31,500, es decir que se pagaron Q242,550.00 más por cada unidad, mientras que para los buses articulados la sobrevaloración fue de US$68,750 equivalente a Q529,375 por bus. Estas unidades no ingresaron al parque vehicular guatemalteco.
Según Oscar Vásquez de Acción Ciudadana, el negocio de Transurbano “nació opaco y sigue opaco” porque no solo por la forma en que se gestionó el préstamo para los transportistas, el cual se dio en condiciones de poca transparencia, sino también hubo incluso empresarios de la empresa en Brasil que fueron capturados y separados de la empresa por la sobrevaloración de los buses, algo que fue poco conocido en el país.
“En el ámbito financiero el prometedor negocio también significó un fracaso. Al final ingresaron únicamente 450 buses a Guatemala. Los mil restantes que hasta el momento ya habían sido finalizados, fueron detenidos después de descubrirse la corrupción en el negocio”.
El negocio del Transurbano inicia con la creación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 emitido por el entonces presidente Colom, en el cual se autorizó la entrega de “un aporte económico” por US$35 millones a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) cuyo destino específico era financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades del transporte urbano de la ciudad capital.
De acuerdo con el estudio de Transparencia Internacional, el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas Públicas otorgó de los presupuestos de 2009 a 2012 un monto de Q270 millones para el sistema prepago, se ignora cuál fue el aporte del 2013 a dicho sistema.
En el artículo 2 de dicho acuerdo se establece que los desembolsos de la inversión se realizarían en el transcurso de los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011, los fondos serían trasladados en función a la disponibilidad financiera del Estado.
Los autobuseros más beneficiados
La asociación que canalizó el dinero fue la AEAU que está conformada por cuatro sociedades anónimas las cuales son Tendencias Modernas Latinoamericanas, S.A; cuyo representante legal es Rudy Leonel Maldonado Castillo; Expansión Corporativa Milenum S.A con la representación legal de Luis Alfonso Gómez González; Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A a cargo de Mario Enrique Vargas Salazar; y Concesionarios de Transporte, S.A cuyo representante es Víctor Hugo Figueroa Ortiz.
“El negocio del transurbano nació con fines clientelares porque la idea era no solo hacer el negocio, sino ganar votos supuestamente con un sistema de trasporte público moderno y al mismo precio para ganarse la voluntad de los votantes de la ciudad de Guatemala”, dijo Vásquez al referirse al gobierno de la UNE en contubernio con la AEAU, que engranaron el negocio millonario.
Por su parte el Defensor del Usuario de Transporte Urbano de la Procuraduría de Derechos Humanos, Edgar Guerra, indica que el Transurbano ha sido un negocio generalmente porque han recibido cantidades multimillonarias de diferentes proyectos que en teoría iban a ser complementarios e integrales como el sistema Transurbano.
Guerra dice que el primer proyecto fue el Leasing de la cámaras de seguridad, que en primero lugar costaron Q80 millones del presupuesto del Ministerio de Gobernación, la construcción de la paradas seguras que fueron más o menos Q87 millones que salieron de FONAPAZ y de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, el usufructo de un predio en el bulevar El Naranjo por 25 años que iba ser utilizado como predio de los buses de transurbano. “Este tipo de dádivas no ha llegado directa ni indirectamente al pueblo de Guatemala”, señala.
Posteriormente, el Gobierno de Colom otorgó otros “aportes económicos temporales” a la AEAU, que se encuentran en los Acuerdos Gubernativos 281-2009 y 176-2011, por las sumas de Q79.8 millones y Q43 millones, respectivamente. La Contraloría General de Cuentas ha presentado las denuncias correspondientes al Ministerio Público por las anomalías e irregularidades en el manejo de dichos “aportes”, sin que se tenga algún resultado del ente investigador por este caso.
Investigación abierta en el MP
Aunque no hay certeza de una investigación sobre la compra de los buses, Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público (MP), confirma que existe una investigación en curso en la fiscalía contra la corrupción por las anomalías en el subsidio al transporte público. Hay tres denuncias, la primera interpuesta por la Contraloría General de Cuentas, también la del exdiputado Anibal García y de una asociación autobusera que Barrera no reveló.
Se consultó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) si existe una investigación a la AEAU por el tema de subsidio y Transurbano, pero el portavoz Diego Álvarez indicó no tener información sobre las investigaciones que realiza el ente internacional. Sin embargo, se rumora que existe una investigación en curso por estos temas, que aceleró la denuncia de la Contraloría que por años había estado callada, aunque califican que es una reacción tardía del actual Contralor Carlos Mencos.
Se buscó la versión de Mencos sobre el tema y así conocer sobre las denuncias concretas, sin embargo, al cierre de esta nota no se lograron las declaraciones, pese al ofrecimiento del portavoz de dicha institución.
También exoneración de impuestos
Otro privilegio que el gobierno de la UNE otorgó para adquirir los autobuses fue la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás derechos arancelarios a la importación de unidades totalmente nuevas de autobuses y microbuses para el trasporte público, en los cuales se instalaría el sistema prepago y además “que darán comodidad y seguridad a los usuarios” según lo establece el decreto 21-2010 del Congreso de la República, “Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Trasporte Público de Pasajeros”.
Pese a lo anterior las empresas que integran el Transurbano tenían fecha límite para importar los 2,500 buses restantes hasta el jueves 6 de junio de 2013, algo que no cumplieron. “A pesar que el Estado de Guatemala ya ha desembolsado US$35 millones, adicional al aporte por más de Q56 millones realizados por Fonapaz, el proceso de importación de buses está prácticamente detenido o cancelado”, dice el informe de Acción Ciudadana.
Vásquez refiere que la idea de la exoneración de impuestos era para ser eficiente el servicio del transporte público, sin embargo se podría sospechar que esos privilegios fueron utilizados de una forma inadecuada, porque no se sabe si verdaderamente importaron los autobuses o trajeron otras cosas.
Guerra por su parte indica que se han dado este tipo de beneficios sin controles y una deficiente fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas.
Un subsidio que no refleja calidad en el servicio
Para nadie es un secreto que el subsidio al transporte público de pasajeros urbanos es un foco de corrupción, sin una fiscalización profunda de los fondos que se le otorgan año con año a la AEAU. En el presupuesto aprobado para ejercicio fiscal del 2015 se establece que el subsidio para el transporte urbano es de Q35 millones. Sin embargo también se establece una partida presupuestaria adicional de Q1.9 millardos del Ministerio de Comunicaciones, de los cuales se trasladarán Q400 millones para transportistas, en total serán Q435 millones.
Desde el 2004 a 2012 la AEAU ha recibido un total de Q2,167,300,000.00 por concepto de subsidio al transporte urbano, de estos Q108,000,000.00 asignados al subsidio para el adulto mayor. Pese a estas cantidades millonarias, tantos los adultos mayores como los usuarios no han percibido ninguna mejora en el trato y mucho menos en el servicio que prestan las empresas del transporte público.
Vásquez indica que a lo largo del tiempo el manejo del subsidio que se le ha dado al transporte público a esta fecha no hay información sobre esos recursos, no se sabe para qué es, para que sirve; eso sumado a la agravante de la reducción en el precio del combustible, ¿Qué han hecho los empresarios con esos recursos?; hay más dudas que respuestas.
“Nadie mueve un dedo por tratar de transparentar y eficientar no solo los flujos de dinero sino el servicio en sí mismo”, señala el activista. Además agrega que hasta hoy no existen acciones concretas respecto a aquellos actos de corrupción que estuvieran relacionados en todo este tema.
Edgar Guerra indica que el manejo de los recursos del subsidio ha sido anómalo por parte del Ministerio de Comunicaciones conjuntamente con al AEAU y Transurbano, donde unilateralmente han decidido que del subsidio de los Q35 millones, se distribuyen Q6 millones mensuales directamente al funcionamiento del Transurbano.
Además refiere que el subsidio es un negocio particular y lucrativo que en primer lugar el Estado de Guatemala no debió meter las manos en otorgar subsidios a los empresarios con un servicio deficiente. “Hoy por hoy el subsidio es un premio a la ineficiencia de los transportistas que ha permitido actitudes anómalas con el involucramiento de funcionarios, que no ha llegado a los usuarios que pagan las decisiones incorrectas de estas personas” señala Guerra.
La cantidad otorgada a las transportistas es mayor, ya el Ministerio de Finanzas no tiene datos del subsidio entregado de los años 2013 y 2014, quienes aducen que es el Ministerio de Comunicaciones el que administras desde el 2013 la entrega del subsidio. Sin embargo, al solicitar la información a dicho ministerio dijeron no tener nada que ver con la entrega del dinero y que era Finanzas el responsable de la transferencia.
Un modelo cuestionable
Por este caso la PDH realizó las indagaciones del caso, particularmente en lo que concierne al asunto del subsidio. De tal manera que los hallazgos de la institución comprueban “la necesidad de reenfocar y restructurar la forma de entrega de los recurso públicos”.
El magistrado de conciencia Jorge de León Duque indica que el modelo es cuestionable y la falta de transparencia del subsidio al transporte público genera “zozobra” permanente, por las constantes amenazas de los transportistas de paralizar este servicio de no hacer efectivos los pagos del subsidio.
Por lo que denuncia la “opacidad en la modalidad de entrega del subsidio del transporte urbano, ya que se carece de un procedimiento técnico y transparente que garantice la eficiente entrega del mismo”.
Asimismo, denuncia que persisten anomalías en la asignación y entrega del subsidio por parte del Ministerio de Comunicaciones y la AEAU, siendo insuficiente la fiscalización de los entes responsables de garantizar la transparencia y eficiente entrega del uso de los recursos públicos.
La PDH asegura que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público investigue la posible comisión de delitos en la administración, manejo y entrega del subsidio a transporte público urbano de la ciudad de Guatemala.
El sistema de transporte urbano de la ciudad capital se ha visto envuelto en una serie de críticas por diferentes denuncias de corrupción, tanto en la compra de buses y la entrega del subsidio, como en el mal servicio y estado deplorable en que se encuentran los buses que prestan el servicio a miles de guatemaltecos, que con sus impuestos han financiado proyectos que finalmente se vuelven negocios de los empresarios de autobuses y políticos.
Durante el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ahora promueve como candidata presidencial a Sandra Torres exesposa del expresidente Álvaro Colom, se realizó la implementación del nuevo sistema de transporte “Transurbano”. En esa oportunidad se vendió al usuario como uno de los trasportes públicos más eficientes de Latinoamérica con el fin de terminar con el mal servicio prestado por las unidades rojas. Sin embargo no ha sido así pues desde su inicio hubo denuncias de corrupción por la forma de adquisición de los autobuses.
El negocio empañó al Gobierno del entonces presidente Colom, que con bombos y platillos junto a la entonces primera dama Sandra Torres y el alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú, promocionaban el Transurbano. Durante la campaña electoral del 2011, Torres fue la candidata fallida del partido y quien movió sus influencias para promocionarse en las pantallas colocadas dentro de las unidades del Transurbano.
Durante el gobierno de Álvaro Colom se afirmaba que Sandra Torres era el poder tras el trono y que sus directrices eran ejecutadas. Fue acusada de usurpación de funciones cuando coordinó los programas sociales y pedía cuentas a los diferentes Ministros e inclusive dirigía algunos de los gabinetes de Gobierno, lo que creó choques con el exvicepresidente Rafael Espada, a quien por mandato constitucional le correspondía dicha labor. También realizaba giras por todo el país como la cara visible y social de los programas sociales, durante las cuales se identificó con muchas mujeres del interior de la República que eran las beneficiarias del programa Mi Familia Progresa.
Un negocio sobrevalorado en Q242,550 por bus
Según un estudio realizado por Acción Ciudadana y Transparencia Internacional, se tenía previsto adquirir 3,150 buses por un valor total de US$636,226,578.00, el cual se proyectó con el respaldo de un préstamo otorgado por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil por US$419.2 millones.
El estudio refiere que “la empresa Transurbano pagó alrededor de US$126 mil por los buses normales, y US$275 mil por los buses articulados (dos partes), ambos tipos de origen brasileño, un cuarto más que el precio de mercado. “Un precio tan alto que solo podía significar un soborno entre las dos partes”, puntualiza trasparencia Internacional.
Tomando en cuenta que el informe indica que el precio apunta a una sobrevaloración de un cuarto más de lo que ofrece el mercado, se deduce que cada autobús normal tuvo una sobrevaloración de US$31,500, es decir que se pagaron Q242,550.00 más por cada unidad, mientras que para los buses articulados la sobrevaloración fue de US$68,750 equivalente a Q529,375 por bus. Estas unidades no ingresaron al parque vehicular guatemalteco.
Según Oscar Vásquez de Acción Ciudadana, el negocio de Transurbano “nació opaco y sigue opaco” porque no solo por la forma en que se gestionó el préstamo para los transportistas, el cual se dio en condiciones de poca transparencia, sino también hubo incluso empresarios de la empresa en Brasil que fueron capturados y separados de la empresa por la sobrevaloración de los buses, algo que fue poco conocido en el país.
“En el ámbito financiero el prometedor negocio también significó un fracaso. Al final ingresaron únicamente 450 buses a Guatemala. Los mil restantes que hasta el momento ya habían sido finalizados, fueron detenidos después de descubrirse la corrupción en el negocio”.
El negocio del Transurbano inicia con la creación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 emitido por el entonces presidente Colom, en el cual se autorizó la entrega de “un aporte económico” por US$35 millones a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) cuyo destino específico era financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades del transporte urbano de la ciudad capital.
De acuerdo con el estudio de Transparencia Internacional, el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas Públicas otorgó de los presupuestos de 2009 a 2012 un monto de Q270 millones para el sistema prepago, se ignora cuál fue el aporte del 2013 a dicho sistema.
En el artículo 2 de dicho acuerdo se establece que los desembolsos de la inversión se realizarían en el transcurso de los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011, los fondos serían trasladados en función a la disponibilidad financiera del Estado.
Los autobuseros más beneficiados
La asociación que canalizó el dinero fue la AEAU que está conformada por cuatro sociedades anónimas las cuales son Tendencias Modernas Latinoamericanas, S.A; cuyo representante legal es Rudy Leonel Maldonado Castillo; Expansión Corporativa Milenum S.A con la representación legal de Luis Alfonso Gómez González; Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A a cargo de Mario Enrique Vargas Salazar; y Concesionarios de Transporte, S.A cuyo representante es Víctor Hugo Figueroa Ortiz.
“El negocio del transurbano nació con fines clientelares porque la idea era no solo hacer el negocio, sino ganar votos supuestamente con un sistema de trasporte público moderno y al mismo precio para ganarse la voluntad de los votantes de la ciudad de Guatemala”, dijo Vásquez al referirse al gobierno de la UNE en contubernio con la AEAU, que engranaron el negocio millonario.
Por su parte el Defensor del Usuario de Transporte Urbano de la Procuraduría de Derechos Humanos, Edgar Guerra, indica que el Transurbano ha sido un negocio generalmente porque han recibido cantidades multimillonarias de diferentes proyectos que en teoría iban a ser complementarios e integrales como el sistema Transurbano.
Guerra dice que el primer proyecto fue el Leasing de la cámaras de seguridad, que en primero lugar costaron Q80 millones del presupuesto del Ministerio de Gobernación, la construcción de la paradas seguras que fueron más o menos Q87 millones que salieron de FONAPAZ y de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, el usufructo de un predio en el bulevar El Naranjo por 25 años que iba ser utilizado como predio de los buses de transurbano. “Este tipo de dádivas no ha llegado directa ni indirectamente al pueblo de Guatemala”, señala.
Posteriormente, el Gobierno de Colom otorgó otros “aportes económicos temporales” a la AEAU, que se encuentran en los Acuerdos Gubernativos 281-2009 y 176-2011, por las sumas de Q79.8 millones y Q43 millones, respectivamente. La Contraloría General de Cuentas ha presentado las denuncias correspondientes al Ministerio Público por las anomalías e irregularidades en el manejo de dichos “aportes”, sin que se tenga algún resultado del ente investigador por este caso.
Investigación abierta en el MP
Aunque no hay certeza de una investigación sobre la compra de los buses, Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público (MP), confirma que existe una investigación en curso en la fiscalía contra la corrupción por las anomalías en el subsidio al transporte público. Hay tres denuncias, la primera interpuesta por la Contraloría General de Cuentas, también la del exdiputado Anibal García y de una asociación autobusera que Barrera no reveló.
Se consultó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) si existe una investigación a la AEAU por el tema de subsidio y Transurbano, pero el portavoz Diego Álvarez indicó no tener información sobre las investigaciones que realiza el ente internacional. Sin embargo, se rumora que existe una investigación en curso por estos temas, que aceleró la denuncia de la Contraloría que por años había estado callada, aunque califican que es una reacción tardía del actual Contralor Carlos Mencos.
Se buscó la versión de Mencos sobre el tema y así conocer sobre las denuncias concretas, sin embargo, al cierre de esta nota no se lograron las declaraciones, pese al ofrecimiento del portavoz de dicha institución.
También exoneración de impuestos
Otro privilegio que el gobierno de la UNE otorgó para adquirir los autobuses fue la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás derechos arancelarios a la importación de unidades totalmente nuevas de autobuses y microbuses para el trasporte público, en los cuales se instalaría el sistema prepago y además “que darán comodidad y seguridad a los usuarios” según lo establece el decreto 21-2010 del Congreso de la República, “Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Trasporte Público de Pasajeros”.
Pese a lo anterior las empresas que integran el Transurbano tenían fecha límite para importar los 2,500 buses restantes hasta el jueves 6 de junio de 2013, algo que no cumplieron. “A pesar que el Estado de Guatemala ya ha desembolsado US$35 millones, adicional al aporte por más de Q56 millones realizados por Fonapaz, el proceso de importación de buses está prácticamente detenido o cancelado”, dice el informe de Acción Ciudadana.
Vásquez refiere que la idea de la exoneración de impuestos era para ser eficiente el servicio del transporte público, sin embargo se podría sospechar que esos privilegios fueron utilizados de una forma inadecuada, porque no se sabe si verdaderamente importaron los autobuses o trajeron otras cosas.
Guerra por su parte indica que se han dado este tipo de beneficios sin controles y una deficiente fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas.
Un subsidio que no refleja calidad en el servicio
Para nadie es un secreto que el subsidio al transporte público de pasajeros urbanos es un foco de corrupción, sin una fiscalización profunda de los fondos que se le otorgan año con año a la AEAU. En el presupuesto aprobado para ejercicio fiscal del 2015 se establece que el subsidio para el transporte urbano es de Q35 millones. Sin embargo también se establece una partida presupuestaria adicional de Q1.9 millardos del Ministerio de Comunicaciones, de los cuales se trasladarán Q400 millones para transportistas, en total serán Q435 millones.
Desde el 2004 a 2012 la AEAU ha recibido un total de Q2,167,300,000.00 por concepto de subsidio al transporte urbano, de estos Q108,000,000.00 asignados al subsidio para el adulto mayor. Pese a estas cantidades millonarias, tantos los adultos mayores como los usuarios no han percibido ninguna mejora en el trato y mucho menos en el servicio que prestan las empresas del transporte público.
Vásquez indica que a lo largo del tiempo el manejo del subsidio que se le ha dado al transporte público a esta fecha no hay información sobre esos recursos, no se sabe para qué es, para que sirve; eso sumado a la agravante de la reducción en el precio del combustible, ¿Qué han hecho los empresarios con esos recursos?; hay más dudas que respuestas.
“Nadie mueve un dedo por tratar de transparentar y eficientar no solo los flujos de dinero sino el servicio en sí mismo”, señala el activista. Además agrega que hasta hoy no existen acciones concretas respecto a aquellos actos de corrupción que estuvieran relacionados en todo este tema.
Edgar Guerra indica que el manejo de los recursos del subsidio ha sido anómalo por parte del Ministerio de Comunicaciones conjuntamente con al AEAU y Transurbano, donde unilateralmente han decidido que del subsidio de los Q35 millones, se distribuyen Q6 millones mensuales directamente al funcionamiento del Transurbano.
Además refiere que el subsidio es un negocio particular y lucrativo que en primer lugar el Estado de Guatemala no debió meter las manos en otorgar subsidios a los empresarios con un servicio deficiente. “Hoy por hoy el subsidio es un premio a la ineficiencia de los transportistas que ha permitido actitudes anómalas con el involucramiento de funcionarios, que no ha llegado a los usuarios que pagan las decisiones incorrectas de estas personas” señala Guerra.
La cantidad otorgada a las transportistas es mayor, ya el Ministerio de Finanzas no tiene datos del subsidio entregado de los años 2013 y 2014, quienes aducen que es el Ministerio de Comunicaciones el que administras desde el 2013 la entrega del subsidio. Sin embargo, al solicitar la información a dicho ministerio dijeron no tener nada que ver con la entrega del dinero y que era Finanzas el responsable de la transferencia.
Un modelo cuestionable
Por este caso la PDH realizó las indagaciones del caso, particularmente en lo que concierne al asunto del subsidio. De tal manera que los hallazgos de la institución comprueban “la necesidad de reenfocar y restructurar la forma de entrega de los recurso públicos”.
El magistrado de conciencia Jorge de León Duque indica que el modelo es cuestionable y la falta de transparencia del subsidio al transporte público genera “zozobra” permanente, por las constantes amenazas de los transportistas de paralizar este servicio de no hacer efectivos los pagos del subsidio.
Por lo que denuncia la “opacidad en la modalidad de entrega del subsidio del transporte urbano, ya que se carece de un procedimiento técnico y transparente que garantice la eficiente entrega del mismo”.
Asimismo, denuncia que persisten anomalías en la asignación y entrega del subsidio por parte del Ministerio de Comunicaciones y la AEAU, siendo insuficiente la fiscalización de los entes responsables de garantizar la transparencia y eficiente entrega del uso de los recursos públicos.
La PDH asegura que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público investigue la posible comisión de delitos en la administración, manejo y entrega del subsidio a transporte público urbano de la ciudad de Guatemala.