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ONG: Pérdida de credibilidad en la lucha por recursos

Redacción República
18 de marzo, 2015

Luego de la firma de la paz en 1996, la dinámica de los actores del conflicto armado, sobre todo del lado de la guerrilla combatiente y sus aliados que no estuvieron en las montañas, se tornó hacia la búsqueda de la supervivencia económica. Y en las Organizaciones no gubernamentales (ONG) vieron su mejor opción para seguir como grupos de presión, con respaldo económico internacional.

La historia de las ONG se remonta tiempo atrás. La vuelta a la constitucionalidad en 1986 significó parte del comienzo y de lo que puede denominarse la Edad de Oro de las ONG en Guatemala y cuya duración se extenderá, aproximadamente, hasta 2008. Pero una oleada de organizaciones ya había ingresado al país después de 1982 para atender a las víctimas del conflicto armado interno. Con la redefinición de las tareas del Estado y la reducción de su tamaño, muchas de sus funciones se relegaron a estas.

Sin embargo, la pérdida de presencia mediática de Guatemala y particularmente la crisis económica mundial iniciada en 2008, hicieron que el apoyo a las ONG disminuyera rápidamente. En la actualidad parece que la época dorada de estos grupos ha desaparecido gradualmente; sobre todo aquellas que se dedican a la salud y educación. No obstante, agrupaciones ambientalistas, etnicistas y defensores de los servicios públicos tienen en común la tendencia antiexplotación minera y construcción de represas, así como lucha por control del territorio. Temas que, al parecer, ahora fomentan el apoyo de la cooperación internacional.

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La mayoría de ONG están integradas por personas que a su vez pertenecen a otros colectivos. Pero hay varias que han perdido credibilidad entre la población, ya que recurren a acciones ilegales, como el robo de energía eléctrica, privilegios en entidades de Estado (dirigentes sindicales), promoción de marchas que perjudican a los ciudadanos (se les vedan el derecho de locomoción), y las pérdidas económicas que afectan más a pequeños y medianos empresarios. Y no faltan aquellos líderes que obtienen réditos económicos y viven del impuso de la conflictividad.

A continuación presentamos algunas de las organizaciones que forman parte de la dinámica de los grupos de presión, que enarbolan la bandera de izquierda y bien común. Pero que detrás de las cuales hay un finaciamiento fuerte, que por años ha sido una forma de vida postconflicto armado.

 Organizaciones de defensa de los servicios públicos:

Dentro de estas organizaciones se aglutinan varios sindicatos del Estado. Estos promulgan la reconstrucción de la propiedad estatal. Sobresalen el FNL y FRENA.

Frente Nacional de Lucha, (FNL)

El FNL es en la actualidad, sin duda, la principal apuesta de los resabios guerrilleros para alcanzar una especie de “revolución 2.0” (socialismo sin guerra revolucionaria) que utiliza temas como los derechos indígenas, el medio ambiente y la defensa de los recursos naturales para construir el proyecto político que no se pudo lograr con el conflicto armado interno. Se define como: “un proyecto revolucionario desde los movimientos sociales” y su lema es “por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales”. Surge a raíz del denominado “levantamiento” de 2006 en contra de la aprobación del TLC DR-CAFTA, copia de una paralización en Ecuador organizada por la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de ese país.

Según analistas, su modelo es el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia, que mediante acciones de masas desestabilizadoras y aprovechando el agotamiento del sistema de partidos políticos, se convirtió en un contrapoder que, con recursos extranjeros, utilizó problemas ligados al uso de recursos naturales para desestabilizar el régimen. Esto hasta lograr, a través de la organización de un partido político, ganar las elecciones.

Por ahora, la debilidad del FNL en Guatemala es su incapacidad para construir un frente político parecido al de Bolivia. Esta carencia les obliga a promover alianzas de intereses con los gobiernos de turno, como la que mantuvo en su momento con el proyecto de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el presidente Álvaro Colom. Y lo más cercano fue este año, cuando protestaron frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) para manifestar su inconformidad en relación a la decisión del máximo órgano de suspender el impuesto a la telefonía aprobado por el Congreso de la República en el Presupuesto General 2015, que tuvo más de ocho impugnaciones de inconstitucionalidad. Presión en apoyo al gobierno Patriota por los Q1.344 millones que dejarían de percibir.

Su discurso trata de trasladar la responsabilidad del fracaso del movimiento armado revolucionario a “la maldad de la oligarquía”, a las empresas transnacionales y al gobierno de los Estados Unidos. También es de los que apoyan la nacionalización de la energía y se hacen de la vista gorda cuando dirigentes cobran por conexiones ilegales en distintos departamentos del país.

Según algunos miembros de la organización, el máximo dirigente del FNL es Roberto Madriz, un costarricense que funge como su ideólogo y enlace internacional. No obstante, la persona que se presenta ante los medios de comunicación para dar declaraciones en nombre de este grupo es Luis Lara, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud. El liderazgo de Lara ha quedado en entredicho. Lo que siempre se decía en voz baja sobre el sindicalista fue evidenciado en las redes sociales cuando circuló un audio de una conversación con la diputada patriota Emilene Mazariegos; negociaban plazas en el área de Salud de Huehuetenango. Siempre lo negó.

Además lidera el pacto colectivo del Ministerio de Salud, que según analistas pone en riesgo las finanzas, ya que en dos años esta cartera erogará Q1.832 millones. Este favorece a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSG) con la asignación de vehículos con combustible y mantenimiento, servicio de telefonía celular y un inmueble para sus oficinas y de tener derecho a descansar 45 días al año, 41% más de lo que establece la Ley de Servicio Civil. También los beneficia con el cobro de viáticos a los principales dirigentes que en los últimos cinco años han recibido Q55.9 millones, según una publicación de prensa. Lara recibe, al igual que los viceministros, Q1 mil por día de viáticos por dedicarse a sus funciones sindicales, que son seis días cada mes. Además le permite la influencia de sentarse a la mesa con cada ministro de Salud, para negociar incluso por plazas.

Pero lo cierto es que el FNL tiene convocatoria y logra ejercer presión en cada gobierno de turno y cuenta con el respaldo para realizar manifestaciones, que algunas veces se ha evidenciado porque beneficia al mismo gobierno. Está conformado por las siguientes organizaciones:

Frente de Resistencia y en Protección de los Recursos Naturales (FRENA) de San Marcos

La actividad del FRENA es una muestra en el contexto regional de la bocacosta marquense. La lucha contra la antigua Unión Fenosa es el primer ataque de una batalla, cuya acción decisiva puede ser (en su momento), la toma de las fincas agroexportadoras por parte de campesinos pobres capaces de hacerlas producir efectivamente. Sólo necesitan que el gobierno les conceda recursos suficientes.

El 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez, coordinador de esta organización en Malacatán, fue asesinado por hombres armados. Según la denuncia presentada por Álvaro Ramazzini, en ese entonces Obispo de San Marcos, Gálvez trabajaba con la diócesis. Fuentes locales sospechan que el homicidio pudo deberse a riñas internas por el control de los recursos provenientes del cobro de las conexiones ilegales. Luego fueron asesinados otros dirigentes: Evelinda Ramírez Reyes y Octavio Robledo. Ahora, el líder visible es Fredy Barragán y tiene una extensa red de colaboración que incluye FNL y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La muerte de dirigentes del FRENA, además de convertir la lucha en un acontecimiento contra mártires, oculta las acusaciones sobre corrupción del movimiento y permite bajar nivel a la existencia de divisiones entre las organizaciones opositoras respecto a la forma en que operan.

Quema de instalaciones de Hidrosalá, en San Pablo San Marcos.

Hay acusaciones directas contra líderes de FRENA, por ser los causantes de disturbios en las instalaciones de la empresa Hidrosalá ubicada en San Pablo San Marcos. Allí, el pasado 21 de enero un grupo de personas con pasamontañas y armas de grueso calibre, como AK47, ingresaron a propiedad privada y destruyeron maquinaria, quemaron viviendas de pobladores que apoyan el desarrollo de sus comunidades y varios fueron agredidos y heridos con armas de fuego y armas blancas. De acuerdo a personeros de la hidroeléctrica,  miembros de FRENA, amedrentan a los pobladores que apoyan el proyecto, incluso los colocan en carceletas clandestinas, los hacen trabajar forzosamente, los privan de servicios básicos y los amenazan con linchamientos. Raúl Maldonado es uno de sus dirigentes que tiene orden de captura por los delitos de plagio o secuestro, instigación a delinquir, coacción en grado de cómplice y encubrimiento propio. Ha sido candidato a alcalde por la URNG. Según la información de Hidrosalá, este grupo mantiene desestabilización en la zona de la costa de San Marcos y se oponen a proyectos hidroeléctricos; son quienes impulsan el robo de energía eléctrica a la empresa Energuate y de esta forma generan conflictividad.  Asimismo, han vedado el ingreso por más de cinco años a la policía en una zona fuerte de narcotráfico.

Organizaciones etnicistas

 Estas son las principales:

 La mayoría se ubican en el occidente del país y velan por el fortalecimiento del derecho indígena y la cosmovisión maya, y el control por los recursos naturales, por lo que participan en movimientos en contra de la construcción de represas y actividad minera sobre todo en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango.

Cuentan con el apoyo de la Iglesia Católica, aunque algunas de ellas se han separado debido a las diferencias entre la espiritualidad maya y la filosofía de la religión cristiana. Algunas, sobre todo las de Quetzaltenango, cuentan con el apoyo de los 48 cantones de Totonicapán que han realizado bloqueos y presión en el Congreso, y que lograron la derogación de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales el 4 de septiembre de 2014. Impulsan el poder local maya y la aplicación de su sistema jurídico consuetudinario, al aplicar sus propios castigos. Estas organizaciones reciben recursos financieros de, entre otros, países como Noruega y Suecia, que les permiten tener una red en los municipios de los departamentos de occidente.

Organizaciones nacionales campesinistas
 

 Entre estas organizaciones sobresalen CODECA y el CUC.

Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)

 

Nació en 1992 con 17 socios. Actualmente cuenta con más de 25 mil afiliados, organizados en 475 comunidades campesinas en 14 departamentos del país. Son dirigidos por Telma Cabrera y Mauro Vay y sus demandas se resumen en recuperación de tierras para campesinos, la nacionalización de la energía eléctrica, la defensa de los recursos naturales; no a la minería y no a los desalojos.

Quedó inscrita legalmente el 17 de febrero de 1994. Está enfocada en mantener su lucha en contra de la empresa Energuate y exigió al gobierno la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Actualmente, la sede de dicha organización está en Mazatenango, y cuenta con el apoyo internacional de DKA Austria.

Ha participado, al menos desde 2004, en varios bloqueos de carreteras en la costa sur en apoyo de diversas causas. En 2009 denunció que el gobierno de Álvaro Colom no les había cumplido, a pesar de que en la campaña de 2007 ellos colaboraron en la elección.

Los dirigentes de esta organización que han aparecido en los medios son Basilio Sánchez, Estanislao Calel Tzic y Mateo Rodríguez Miranda. En la práctica, Mauro Vay Gonón es quien la representa en las actividades internacionales y  a la organización en las mesas de diálogo, así como el que dirige las marchas importantes.

CODECA ha adaptado el modus operandi de FRENA, pero en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla. Los cobros por la electricidad se han convertido en una fuente de ingresos, tanto para los dirigentes de la organización como para los electricistas involucrados en las conexiones ilegales. A través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y líderes locales, CODECA solicita Q15 por conexión directa a la red de distribución (evade así la cuantificación de la energía en el medidor) y una cuota mensual de Q30 a Q60, que incluye el consumo de energía, mantenimiento de líneas y elaboración de mantas donde manifiestan su presencia e impulsan a no pagar por este servicio; se justifican en los altos cobros.

Según personeros de Energuate, sólo en los años 2012 y 2013 lo anterior dejó pérdidas por Q641 millones. La distribuidora que vende la electricidad a  usuarios en 20 departamentos del país, desglosa esas pérdidas en Q110 millones por energía robada y Q531 millones por facturación que no han sido cancelados por usuarios que se han declarado en resistencia de pago. Ya se han realizado varias capturas contra dirigentes de CODECA, sindicados de los delitos de hurto y robo de fluidos; atentado contra los servicio de utilidad pública; cobro ilegal de servicios; estafa; defraudación tributaria e Instigación a delinquir

 Comité de Unidad Campesina (CUC)

Fuente: convergenciawaqibkej.wordpress.com

El CUC nació el 15 de abril 1978. Es una de las organizaciones más antiguas con presencia a nivel nacional. Creada bajo influencia de los sacerdotes movilizados por la teoría de la liberación en El Quiché y ligada al Ejército Guerrillero de los Pobres, sus escisiones posteriores dieron origen al CONIC y al CNOC. Actualmente su dirigente más visible es Daniel Pascual.

El CUC mantiene actividades como la toma de carreteras e invasión de fincas en coordinación con el FLN. Se invaden tierras que luego, bajo la promesa gubernamental, tendrían que negociarse y ser entregadas a las comunidades. Tiene gran capacidad de movilización y se les abona transporte, el valor del día de trabajo, alimentación, etc.

Según registros de la Cámara del Agro (Camagro), en los últimos siete años, que incluye el gobierno de Álvaro Colom y el actual de Otto Pérez Molina, se han registrado 144 días de bloqueos, lo que equivaldría en forma conjunta a más de cuatro meses de estancamiento económico. Esto suma una pérdida de Q4 mil 850 millones. Durante el gobierno de Pérez Molina, las protestas suman 53 días de bloqueos, que se traduce a una pérdida económica de Q1 mil 635 millones. En los bloqueos de septiembre y noviembre de 2014 se registraron incluso tres días seguidos de manifetaciones.

Estos datos se han calculado por las pérdidas significativas en varias áreas económicas del país.

Otro de los incidentes en que se involucró al CUC fue en los enfrentamientos en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, (mayo 2013) por las operaciones de una hidroeléctrica. Gilda Aguilar, fiscal del Ministerio Público de Huehuetenango, denunció al CUC por amenazarla a raíz de las órdenes de captura que solicitó contra diversos dirigentes de dicha organización, acusados de haber provocado los incidentes violentos en este departamento. De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Aguilar, en este caso en particular se pudo evidenciar la forma en que los líderes del CUC coaccionan y fuerzan a los pobladores a participar en protestas.

Organización campesinista internacional
Vía Campesina

Está conformada por 148 organizaciones en 69 países del mundo. Esta coalición lanzó el concepto de “soberanía alimentaria” como el derecho de los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y de producir alimentos a nivel local. Desde 2005 tiene su sede en Yakarta, Indonesia. Ataca los biocombustibles desde todos sus ejes de trabajo: soberanía alimentaria, reforma agraria, biodiversidad y recursos genéticos, mujeres campesinas, derechos humanos, migraciones y trabajadores rurales, agricultura campesina sostenible. En Guatemala, sucontraparte es CONIC.

Organizaciones ambientalistas nacionales

La que más incidencia y ha logrado capitalizar la mayor ayuda internacional.

Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

Surgió a raíz de problemas internos en el Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable IDEADS. Su principal dirigente es el doctor Yuri Melini, hoy precandidato presidencial por la URNG, y quien laboraba en esta institución pero enfrentó desacuerdos con sus principales directivas, por lo que se retiró y montó su propia organización no gubernamental. La organización constituye uno de los ejemplos más claros de asociación que está en el circuito de legalidad y legitimidad, pero que alienta y apoya comportamientos de forma indirecta que se escapan de la manifestación normal de un grupo de presión en un régimen democrático.

En su página electrónica CALAS se describe como una organización de la sociedad civil guatemalteca, no lucrativa, constituida legalmente 16 de agosto del 2000. El surgimiento de esta organización fue apoyado por la Fundación Soros Guatemala, que le brindó soporte en su desarrollo institucional, dándole asimismo un acompañamiento que se prolongó durante once años y que fue fundamental para su posicionamiento como entidad propositiva y litigante. Durante sus primeros años se dedicó a fiscalizar entidades públicas, realizar campañas de difusión e información pública y estudios sobre temas socio-ambientales.

Dentro de sus objetivos institucionales está defender por todos los medios permitidos en la legislación guatemalteca la protección jurídica del ambiente, de los recursos naturales, de la diversidad biológica, del patrimonio natural y del patrimonio cultural de Guatemala. Por lo que en la práctica su acción va orientada a la cancelación  de estudios, de la construcción de represas y suspensión de concesiones mineras y petroleras.

Está conformada por varias organizaciones. En Petén, 18 organizaciones; Alta Verapaz, seis; en Suchitepéquez y Retalhuleu es CODECA con sede en Cuyotenango. Una organización en Sololá; en Quiché, cinco organizaciones, de las cuales cuatro se encuenran en el área del Ixcán; en Huehuetenango, tres organizacones; Baja Verapaz, dos, donde resalta Asociación Campesina Río Negro Rabinal Achí-Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica de Chixoy (ASCRA–COCAICH) que cuenta con el apoyo del Advocacy Project de la Organización Rigths Action, con sede en Illinois, Estados Unidos. También tiene aliados en México.

Según el monitoreo realizado, esta es una de las organizaciones que más dinero internacional ha canalizado. Según información de auditorias externas de la organización que se encuentra en su página web, el financiamiento internacional y estatal sólo en los años 2009, 2010 y 2011, ha alcanzado más de Q20.2 millones.

Q 20.2 millones de donación en tres años

Sin duda, la organización ambientalistas que más ha salido beneficiada con la ayuda internacional es CALAS, sólo en tres años (2009 a 2011), recibió Q20.2 millones. Cantidad resultado de la suma de varios convenios entre la organización ecologista y cooperantes internacionales, según información pública de su página web, en la sección de auditorías externas. Los desembolsos se realizaron periódicamente.

En el 2009 suceden acontecimientos que cambian el modo de operar de la organización. Primero, la Fundación Soros terminó con su patrocinio que ese año fue de Q200 mil, lo que dio origen a que recibiera el primer financiamiento internacional para realizar campañas en contra de la minería metálica. La donación de la Embajada del Reino de los Países Bajos, destinado a “la lucha contra la impunidad ambiental (2005-2009)” sumó Q13.8 millones. Esto permite a Calas empoderar el trabajo de su asesor legal, Rafael Maldonado. También OXFAM le donó US$50 mil, para una campaña de comunicación para enriquecer el debate nacional sobre la minería metálica en Guatemala.

Cuando se evalúa detenidamente el tipo de donaciones que estas organizaciones ambientales reciben, se puede comprender mejor su actuar, porque trabajan orientadas a justificar el dinero que reciben.

En el 2010 CALAS desarrolló más proyectos, lo cual significó un mayor ingreso para la organización que alcanzó montos de US$$131 mil 250 y Q1.6 millones en alrededor de 10 proyectos. La mayoría de financiamientos recibidos por CALAS fueron para desarrollar proyectos en el departamento de Petén. Hubo nuevamente un gran aporte de OXFAM para temas de comunicación sobre minería en Guatemala, este año por US$100 mil.  Es en este momento, cuando la organización se torna más radical en sus campañas de denuncia contra la empresa Montana Exploradora de Guatemala, se centraron en las operaciones de exploración minera de Montana en el departamento de Jutiapa y el daño ecológico que representaría para El Salvador. Esto sirvió para que el próximo proyecto que financiara OXFAM fuera binacional.

En el 2011, CALAS desarrolló seis proyectos que le permitieron los siguientes ingresos: US$180 mil 062, Q1 millón 510 mil 900, €187 mil 500. Ese año continuaron recibiendo financiamiento de organizaciones gubernamentales y extranjeras entre ellas, la Unión Europea que donó 187 mil 500 euros (Q1.6 millones), destinados para el “fortalecimiento de la lucha contra la impunidad Ambiental y la protección de defensores de derechos humanos ambientales en Guatemala”. Otra donación importante fue de Q1.5 millones provenientes del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza (FONACOM), para “Repoblación y mantenimiento de Tul en la reserva de uso multiple de la Cuenca del lago de Atitlán”. De ingual manera OXFAM financió un proyecto por US$63 mil nuevamente para la denuncia de temas ambientales titulado “Generación de debate y discusión pública sobre la minería metálica en Guatemala”. La mayor parte del tiempo, la organización CALAS se mantuvo en la región de Santa Rosa y Jalapa. Allí organizó a la población en contra de proyectos mineros.

Durante el segundo semestre de 2012, CALAS se enfocó en promover las consultas de vecinos para decidir sobre exploraciones mineras, en los municipios de Mataquescuitla en Santa Rosa y San Carlos Alzatate en el departamento de Jalapa. En el 2012 también se firmó un convenio para capacitar a 40 líderes del pueblo Xinca. Es convenio de formación política y participación ciudadana que se realizó con una donación de US$700 mil de la organización IBIS y la embajada de Noruega.

Organizaciones ambientalistas internacionales

Apoyan a organizaciones nacionales, impulsan y tienen experiencia en temas de represas, generación de energía y políticas de agua, cambio climático, proyectos en ríos, industrias extractivas entre otras. Además comparten que los derechos humanos y ambientales están entrelazados.

Espere la tercera y última entrega donde conocerá otras organizaciones que han canalizado la ayuda internacional.

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