El
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF) emitió un comunicado para solidarizarse con las familias
que perdieron a sus seres queridos en la masacre de 11 indígenas, ocurrida la
semana pasada en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, por la construcción de
una carretera en ese municipio.
Para el sector empresarial organizado, esos acontecimientos son actos de violencia
promovidos por grupos ilegales que “al amparo de una pretendida conflictividad
se dedican a la amenaza y coección”, según indican en el comunicado.
En el
documento hacen ver que “esos episodios se han producido, en gran medida, por
la falta de respeto a la autoridad, la falta de presencia del Estado y la
inacción de los funcionarios responsables de hacer preservar el Estado de
Derecho”.
Ante
esa situación el CACIF demanda al Organismo Ejecutivo la continuada presencia
de las fuerzas de seguridad y de la institucionalidad del Estado. Asimismo,
solicitan al Ministerio Público (MP) la actuación de oficio en contra de los
responsables de los hechos ocurridos y el debido procesamiento de los mismos.
Por
último, piden de la comunidad internacional su actuación objetiva para condenar
con voz energética a quienes están destruyendo vidas, empleos, propiedades y la
paz ciudadana.
El
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF) emitió un comunicado para solidarizarse con las familias
que perdieron a sus seres queridos en la masacre de 11 indígenas, ocurrida la
semana pasada en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, por la construcción de
una carretera en ese municipio.
Para el sector empresarial organizado, esos acontecimientos son actos de violencia
promovidos por grupos ilegales que “al amparo de una pretendida conflictividad
se dedican a la amenaza y coección”, según indican en el comunicado.
En el
documento hacen ver que “esos episodios se han producido, en gran medida, por
la falta de respeto a la autoridad, la falta de presencia del Estado y la
inacción de los funcionarios responsables de hacer preservar el Estado de
Derecho”.
Ante
esa situación el CACIF demanda al Organismo Ejecutivo la continuada presencia
de las fuerzas de seguridad y de la institucionalidad del Estado. Asimismo,
solicitan al Ministerio Público (MP) la actuación de oficio en contra de los
responsables de los hechos ocurridos y el debido procesamiento de los mismos.
Por
último, piden de la comunidad internacional su actuación objetiva para condenar
con voz energética a quienes están destruyendo vidas, empleos, propiedades y la
paz ciudadana.