Una parte del comunicado llama la atención porque, contrario a otras ocasiones, marcan una postura muy ambientalista y mediadora con el tema de la electricidad generada por hidroeléctricas. Enfatizan que ‘somos un país con abundantes recursos hidráulicos y explotarlos racionalmente con vistas al bien común y al abaratamiento de la electricidad es necesario, por lo que es importante que las comunidades aledañas no vean a las hidroeléctricas como enemigas’. Además, indica que la electricidad generada por hidroeléctricas, es más amigable con el ambiente y más barata que la producida por los combustibles. Argumentan la necesidad de proveer información adecuada a las comunidades y rechazar acciones violentas por parte de ‘grupos infiltrados que no les interesa el bien común’, aunque a veces ‘se arroguen el derecho de hablar por las comunidades y a manipularlas’. La iglesia católica indica que el papel del Estado debe ser de mediación, información, arbitraje de conflictos y aplicación de la ley.  

Otro tema que preocupa a los obispos es la migración. Argumentan que ‘es una radiografía de nuestras carencias, de la penetración del crimen
organizado en amplios sectores de la geografía nacional, del incremento de
las mafias criminales que lucran con el
tráfico de personas y de la falta de oportunidades’.

La CEG también se refiere al desempleo y enfatizan que ‘el costo de la canasta
básica sube y el salario no es suficiente para sostener con dignidad a las
familias’. A la violencia la califican como
‘un drama cotidiano que nos desangra y que nos deshumaniza. Se muestra así
la enorme debilidad del Estado en todo el sistema de justicia y la falta de
respeto al Estado por parte de quienes infringen gravemente la ley’.

También mencionan la problemática del
costo de la medicina y lamentan que ‘Guatemala es uno de los países con medicinas más caras en
el mundo, ya que en el exterior hemos observado medicinas no genéricas, con los
mismos nombres comerciales que tiene en Guatemala y con costos 5 ó 6 veces
inferiores a los nuestros’.

Asimismo, la Conferencia Episcopal
resalta que ‘el Estado debe velar para que todo proyecto de explotación
minera esté al servicio del desarrollo de la población. La explotación de
recursos no renovables debe tener como resultado beneficios perdurables para el
país’. Por último, se refieren al abuso de
amparos y añaden que ‘la justicia retardada e incumplida es lo que más
vemos contra el aforismo legal de que la justicia ha de ser pronta y
cumplida’.

Después de hacer mención de los
acontecimientos en el país que a su criterio afectan a los guatemaltecos, la
CEG expone algunas sugerencias para combatir referidos
flagelos. 

El comunicado se emitió el 1 de julio
pasado y fue firmado por Rodolfo Valenzuela Núñez, Obispo de la Verapaz y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y por Domingo Buezo
Leiva, Obispo Vicario de Izabal y Secretario General de la CEG.