La Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) ya cuenta con un denuncia por las irregularidades detectadas en el subsidio entregado a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) proporcionado por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
María Eugenia Villagrán, procuradora General, confirmó a República.gt que plantearon una denuncia ante la CICIG y con anterioridad hicieron ver al Ministerio Público (MP) que el aporte económico de inversión trasladado se podría considerar como un detrimento al patrimonio del Estado al haberse transferido fondos del presupuesto a dicha Asociación.
El objetivo era financiar, implementar y administrar un servicio público que de acuerdo al Código Municipal, le compete únicamente a la comuna capitalina. Incluso, ni siquiera el Presidente de la República o el Consejo de Ministros tienen la facultad de transferir fondos.
“Fue el MP el que abrió la investigación y solicitó a la PGN que se pronunciara sobre la legalidad porque el Estado no tiene que estar donando recursos y ya hay una denuncia en la CICIG”, especificó Villagrán.
La fiscalía solicitó el 10 de septiembre 2015 una opinión a la PGN para determinar literalmente: “Si existe fundamento legal para que el Estado de Guatemala haya otorgado Q270 millones a la AEAU para la compra de equipo en la implementación del sistema prepago”.
La respuesta de la PGN fue que “el Estado de Guatemala no puede sufragar gastos que competen al giro ordinario de dicha Asociación para el desarrollo de sus operaciones ya que ni la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes ordinarias permiten que el Estado pueda sufragar gastos tales como sueldos, alquiler del inmueble donde funciona, equipo, entre otros”.
Un funcionario únicamente puede hacer lo que expresamente la Ley y la Constitución le permite, y en el referido caso hay una vulneración de normas constitucionales, y de otra índole explicó con anterioridad la procuradora y recordó que no le autorizaba al entonces presidente Álvaro Colom hacer esa donación de recursos económicos a una empresa privada que obtiene ganancias privadas, al referirse al sistema Transurbano.
Acuerdos emitidos
Durante el gobierno del Partido Patriota (PP), el Ministerio de Comunicaciones acordó el traslado parcial del subsidio a dicha asociación por la cantidad de Q70 millones para los meses de enero y febrero de 2014 por medio del Acuerdo Ministerial 194-2014 firmado por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi y el exviceministro Guillermo Sosa.
El 10 de marzo de ese año, el ministro le notifica a Sosa que queda como delegado para suscribir un convenio con Rudy Leonel Maldonado Castillo en su calidad de presidente de la AEAU, sin embargo, se tiene conocimiento de que se trata de una persona mayor utilizada como pantalla por parte de Luis Gómez, expresidente de esa organización, según fuentes internas.
En el tema de seguridad para paradas de Transurbano, la AEAU sacó una licitación en Guatecompras. Resultado del concurso la empresa seleccionada fue Protección Total, Sociedad Anónima, la licitación fue por Q96 millones para dar seguridad en el Transurbano y pese a que el requisito era que la compañía tuviera 2 mil elementos de seguridad, en las constancias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se hace constar que la planilla total de trabajadores es de 1 mil 78. Aunque la empresa asegura que la AEAU nunca les desembolsaron ningún pago.
Según un testimonio presentado en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se subcontrató a una empresa para lograr completar la cantidad de agentes, sin embargo, no cumplieron en pagarle y el dueño tuvo que poner de su bolsa para no quedarle mal a sus trabajadores, informó Edgar Guerra, defensor del Usuario de dicha entidad.
Guerra adelantó que sólo durante los primeros meses se hizo evidente algo de esos ofrecimientos de seguridad en las paradas más no se hizo visible que había policía particular posteriormente.
“Este negocio es lesivo porque plagado de anomalías desde su concepción por lo cual se hace obligatoria una investigación profunda para determinar responsabilidades. Desde el traslado de dinero a una empresa particular, el sistema prepago, el aporte millonario al transporte, esos Q6 millones que van a la AEAU y otros como la construcción de las paradas seguras”, finalizó.
