La audiencia de primera declaración del caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), fue suspendida este miércoles y trasladada para el lunes 25 de abril a partir de las 9:00 horas, resolvió el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”.
La decisión de Gálvez se basó en una petición de los abogados defensores que pidieron más tiempo para conocer con detalle la acusación planteada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que señalan que la concesión cedida a TCQ para operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal fue anómala y basada en pago de sobornos a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como a empleados de la Empresa Portuaria Quetzal.
Gálvez explicó a los acusados y a sus defensores que ya se sobrepasó el plazo para escuchar a un detenido, pero considerando que son los señalados quienes piden un plazo mayor, atiende la petición para velar por la garantía constitucional del derecho de defensa.
Asimismo, el juez autorizó levantar la reserva total del caso para que los defensores tengan acceso a toda la información de la investigación y el lunes cuenten con todos los elementos en beneficio de sus clientes.
Además, autorizó que la defensa puede ingresar computadoras para apoyar su trabajo, en especial lo referido a la reproducción de audios.
Asimismo, el Gálvez no aceptó como querellante adhesivo a la Contraloría General de Cuentas.
La audiencia de primera declaración del caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), fue suspendida este miércoles y trasladada para el lunes 25 de abril a partir de las 9:00 horas, resolvió el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”.
La decisión de Gálvez se basó en una petición de los abogados defensores que pidieron más tiempo para conocer con detalle la acusación planteada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que señalan que la concesión cedida a TCQ para operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal fue anómala y basada en pago de sobornos a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como a empleados de la Empresa Portuaria Quetzal.
Gálvez explicó a los acusados y a sus defensores que ya se sobrepasó el plazo para escuchar a un detenido, pero considerando que son los señalados quienes piden un plazo mayor, atiende la petición para velar por la garantía constitucional del derecho de defensa.
Asimismo, el juez autorizó levantar la reserva total del caso para que los defensores tengan acceso a toda la información de la investigación y el lunes cuenten con todos los elementos en beneficio de sus clientes.
Además, autorizó que la defensa puede ingresar computadoras para apoyar su trabajo, en especial lo referido a la reproducción de audios.
Asimismo, el Gálvez no aceptó como querellante adhesivo a la Contraloría General de Cuentas.