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Aumenta la pesadilla de las invasiones en El Estor

Rodrigo Perez
07 de abril, 2017

Desde que la doctora Rina Castañeda llegó a residir a El Estor, en Izabal, hace ya 26 años, su vida transcurría con tranquilidad en una zona del país considerada por ella como “muy hermosa” a pesar de estar marcada por la ingobernabilidad, la ausencia casi total del Estado y de grupos que, aprovechando ese vacío de poder, operan al margen de la ley.

Por muchos años la médico y cirujano, ahora de 61 años, se dedicó a atender su clínica y hacer trabajo social en su comunidad. Su vida apacible, sin embargo, empezó a cambiar en enero y empeoró el 25 de marzo cuando sus temores empezaron a hacerse realidad.

Ese día, a las siete de la mañana un grupo de 40 personas, algunas portando armas de fuego de uso militar, palos y machetes, llegaron a un terreno de su propiedad con una extensión de 11 manzanas, ubicado en la aldea Río Zarco, a siete kilómetros del municipio.

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Cortaron el alambre de púas de su terreno y los de sus dos vecinas viudas, hicieron disparos durante 40 minutos y usurparon los bienes inmuebles. En total, las tres propiedades suman entre 35 y 40 manzanas.

“A las cinco de la tarde hubo necesidad de retirarnos del lugar, para resguardar la vida de todos los propietarios que fuimos amenazados, intimidados y agredidos en nuestros terrenos”, cuenta la profesional de la medicina.

A lo lejos se puede observar al grupo de invasores que tomaron los terrenos con violencia.

A la mano de Dios

La ocupación ilegal y por la fuerza de propiedades pequeñas, y ya no solo grandes, es un problema creciente en ese municipio. La asociación en formación Una Voz por El Estor, da cuenta que tres lotes ubicados en el casco urbano han sido usurpados.

Ninguna autoridad se anima a ponerle fin a estos atropellos llevados a cabo por grupos al margen de la ley que utilizan armas de grueso calibre. Hasta enero del año en curso, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República (SAA), registraba 43 conflictos por invasiones de terrenos en Izabal.

Mientras que en 2016, de ese departamento, ingresaron en el Organismo Judicial (OJ), 16 juicios sumarios de desahucio. Y al 28 de marzo del 2017 habían ingresado dos, según el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ).

Se pudo evitar

Castañeda se enteró a principios de año que un grupo de personas quería invadir su propiedad. Como primera medida colocó un letrero que decía “propiedad privada, no se vende”.

Luego fue a presentar una denuncia en el Ministerio Público (MP), acudió a la Policía Nacional Civil (PNC), buscó al jefe edil Rony Méndez, habló con el Consejo Comunitario de Desarrollo y con el Gobernador Departamental.

“No hicieron nada. De vez en cuando nos mandaban una patrulla. Nos decían que no había delito porque no habían invadido. La usurpación se pudo haber evitado pero nadie nos hizo caso”, cuenta Castañeda.

Derechos vulnerados

A partir de la invasión, la doctora Castañeda no ha regresado a ese lugar porque teme que la asesinen. Por referencia de amigos que han pasado por el sitio sabe que ya hay champas de nailon y palma.

¿Qué va hacer ahora? “Ya fui al Ministerio Público y me dijeron que iban a girar instrucciones para el desalojo, pero que no sabían cuánto tiempo podría llevar. Me citaron para el 17 de abril”, afirma Castañeda.

En conclusión, dice la afectada, “hemos ido a todas las instituciones públicas que se han considerado prudentes antes y después de la invasión, este es un caso que pudo haberse evitado, pero ninguna institución se responsabiliza, excusándose en que son grupos indígenas y vulnerables. Conozco la situación actual de mi país, de pobreza y pobreza extrema, pero también creo en la certeza jurídica de la tierra y en la Constitución de la República de Guatemala que debería respaldarme”.

En esta imagen se ve parte de los terrenos invadidos el 25 de marzo.

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