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Falta un mes para que diputados entreguen reforma a delito electoral

Ana González
02 de abril, 2018

El próximo 2 de mayo vence el plazo de 45 días que fijó el pleno del Congreso para que la Comisión Extraordinaria entregue la reforma al delito de Financiamiento Electoral Ilícito. Este lunes, la sala de trabajo, presidida por Rodolfo Castañón, analizará los aportes de las organizaciones que participaron en las audiencias públicas.

Estos aportes se suman a las propuestas que presentaron las autoridades del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y el Colegio de Abogados. Solo falta que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie.

“Analizaremos las propuestas”, confirmó el diputado Raul Romero, quien integra la sala de trabajo.

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Las propuestas

La mayoría de organizaciones que participaron en las audiencias públicas coinciden que los aportes anónimos y los que no se incluyen en los libros contables deben sancionarse con penas menores a las que establecen los aportes de origen ilícito.

La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.

El Ministerio Público propuso penas de 3 a ocho años inconmutables. La Contraloría General de Cuentas plantea que el artículo quede tal cual y se agreguen dos párrafos más, con los cuales se establece que las penas de prisión se aumenten en dos terceras partes si el delito es cometido por contratistas del Estado o funcionarios electos popularmente.

El Colegio de Abogados propuso que el párrafo fuera analizado para establecer si era adecuado que continuara en el ámbito penal o se trasladara al área administrativa.

Los diputados deben elaborar un proyecto para que sea aprobado por el pleno.

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