Silvia Valdés, magistrada próxima a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puso a disposición su cargo en el Congreso.
Escribió a los diputados que permanecerá en el cargo de la CSJ hasta que se nombre a su sustituto.
La decisión de Valdés es porque el próximo sábado 12 de octubre vence el plazo del periodo para el cual fueron electos (2014-2019) y aún no se elige a sus sustitutos.
La magistrada envió el oficio dirigido a Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso.
“Quiero informar que no ha sido posible elegir a la persona que ocupará el cargo que ahora ostento (…) por esa situación y en observancia al artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, continuaré en el cargo hasta que mi sucesor asuma”, detalla el oficio.
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Reunión de magistrados de la CSJ
Por aparte se tiene previsto que este fin de semana se convoque a un pleno extraordinario para analizar el cambio de mandato en la presidencia de ese organismo estatal.
Se conoce que los magistrados fueron convocados a las 22 horas de este sábado para que Nester Vásquez Pimentel, actual presidente, entregue el cargo a su sucesor.
Silvia Valdés asumirá la presidencia del OJ porque según el artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial, “en ausencia del presidente asumirán los magistrados en el orden que fueron designados”.
La decisión de Valdés también se relaciona con una la respuesta de una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esa Corte opinó que los magistrados de CSJ y de Apelaciones deberán permanecer hasta que se nombre a los nuevos.
Autoridad ilegítima
Sin embargo, expertos y constitucionalistas consideran que de seguir en los cargos representa una violación constitucional.
Consideran que se estaría frente a una autoridad ilegítima, “no constitucionalmente establecida”.
Los expertos coinciden que “no existe” ninguna normativa que permita a los magistrados quedarse en sus cargos.
Al contrario, aseguran que la Constitución es clara al fijar que los magistrados son electos para ejercer durante cinco años.
DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE CORRE EL RIESGO DE CAER EN UN PODER DE FACTO Y UN “ROMPIMIENTO GRAVE DE ORDEN CONSTITUCIONAL”.
“En un sentido jurídico estaremos frente a una autoridad ilegítima, no constitucionalmente establecida”, enfatiza José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Quesada agregó: “Cuando se incumple con un plazo constitucional estamos ante una violación constitucional, pero cuando el plazo se retiene al ejercicio de un poder. (…) Estamos frente a un poder de facto, un rompimiento grave de orden constitucional, en un sentido jurídico estaremos frente a una autoridad ilegítima, no constitucionalmente establecida”.
“La ley del OJ no estáencima de la Constitución”
Mientras tanto, Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa dela Constitución (Cedecon), manifestó que no se debe minimizar eltema de los plazos, pues es un “tema grave” y de fondo el cual se debe atenderde urgencia.
“Es muy preocupante tratar de minimizar la situación. Han querido plantear que es un aspecto de forma y no de fondo, pero no es cierto. Es una afirmación que carece de sustento doctrinario (…) la Constitución tiene como esencia el límite al poder”, cita Ralón.
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“Quiero informar que no ha sido posible elegir a la persona que ocupará el cargo que ahora ostento (…) por esa situación y en observancia al artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, continuaré en el cargo hasta que mi sucesor asuma”, detalla el oficio.
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Silvia Valdés asumirá la presidencia del OJ porque según el artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial, “en ausencia del presidente asumirán los magistrados en el orden que fueron designados”.
La decisión de Valdés también se relaciona con una la respuesta de una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esa Corte opinó que los magistrados de CSJ y de Apelaciones deberán permanecer hasta que se nombre a los nuevos.
Autoridad ilegítima
Sin embargo, expertos y constitucionalistas consideran que de seguir en los cargos representa una violación constitucional.
Consideran que se estaría frente a una autoridad ilegítima, “no constitucionalmente establecida”.
Los expertos coinciden que “no existe” ninguna normativa que permita a los magistrados quedarse en sus cargos.
Al contrario, aseguran que la Constitución es clara al fijar que los magistrados son electos para ejercer durante cinco años.
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Quesada agregó: “Cuando se incumple con un plazo constitucional estamos ante una violación constitucional, pero cuando el plazo se retiene al ejercicio de un poder. (…) Estamos frente a un poder de facto, un rompimiento grave de orden constitucional, en un sentido jurídico estaremos frente a una autoridad ilegítima, no constitucionalmente establecida”.
“La ley del OJ no estáencima de la Constitución”
Mientras tanto, Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa dela Constitución (Cedecon), manifestó que no se debe minimizar eltema de los plazos, pues es un “tema grave” y de fondo el cual se debe atenderde urgencia.
“Es muy preocupante tratar de minimizar la situación. Han querido plantear que es un aspecto de forma y no de fondo, pero no es cierto. Es una afirmación que carece de sustento doctrinario (…) la Constitución tiene como esencia el límite al poder”, cita Ralón.
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