Ministerio de Gobernación informó que la Policía Nacional Civil capturó esta tarde a Gabriel Esteban Mauricio Recinos Jo, por su presunta responsabilidad en la organización de una fiesta clandestina el pasado 12 de Junio en la mueblería O3, ubicada en ruta a El Salvador.
Esta mañana el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) al no localizar en su vivienda a Recinos Jo de 47 años, uno de los dueños de la mueblería O3, fue declarado por las autoridades como prófugo de la justicia.
Los allanamientos se realizaron en seguimiento a las investigaciones por la fiesta clandestina en la Mueblería O3 donde se infringieron disposiciones.
Otras Capturas
Entre las primeras cinco personas detenidas están: Yérali Estuardo Marquéz, de 29 años, en el cantón Chichorín, San Lucas Sacatepéquez. También se detuvo a Roberto Chub Santiago, René Oswaldo Cho Cho, Abel Armando García Samayoa.
Así como a Carmen Cosette Leonardo Recinos, quien es la esposa de Recinos, y está señalada de haber participado en la fiesta clandestina y violar las restricciones presidenciales para evitar la propagación del Covid-19.
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Según la PNC la detención de tres personas se realizaron frente a las instalaciones de la mueblería O3, kilómetro 16.5 carretera a El Salvador, quienes laboran como seguridad privada.
Multa
El Juzgado de Asuntos Municipales de Santa Catarina Pinula impuso el 23 de junio una multa a la mueblería O3 donde fue realizada una fiesta clandestina.
El alcalde de esa localidad, Sebastián Siero, dijo que la sanción es de Q500 mil y el cierre provisional del establecimiento por realizar un evento que violó las normas del estado de Calamidad.
Las autoridades del Juzgado acudieron ese día al inmueble para notificar a los representantes sobre las sanción y la forma de subsanar las faltas.
Fiesta ilegal
El viernes 12 de junio la Policía Nacional Civil desalojó un inmueble ubicado en Condado Concepción, donde se realizaba una fiesta pese a las prohibiciones.
Los asistentes eran adultos y jóvenes que consumían licor. Las imágenes se filtraron en redes sociales y evidenciaron la presencia de decenas de personas, música en vivo y la violación del distanciamiento social y el uso de mascarillas.
El Ministerio Público abrió una investigación el 13 de junio y acudió al lugar en busca de evidencia. El Ministerio de Gobernación colocó la denuncia ante la fiscalía y abrió una investigación en Inspectoría General contra los agentes que desalojaron el inmueble.
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