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Ministerio Público reabre agencia de FECI en Quetzaltenango

Glenda Sanchez
18 de agosto, 2020

El Ministerio Público (MP) confirmó que la agencia de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en Quetzaltenango, reinició sus funciones el lunes 17 de agosto.

“Se reinicia con la finalidad de dar continuidad a las investigaciones y persecución penal”, subrayó la Fiscalía.

Atenderá casos considerados de “relevancia y alto impacto social, asignados por la Fiscal General”, publicó el MP en un comunicado de prensa.

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“La FECI se fortaleció con la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, analistas criminales y financieros, así como personal de apoyo”, indicó el Ministerio Público.

Apoyo del Ministerio Público

El personal nuevo que se integró a la FECI cumplió con pruebas de confiabilidad. También con capacitaciones con apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, enfatizó el Ministerio Público.

El fortalecimiento a la FECI “ha reflejado un incremento de casos judicializados, estructuras criminales desarticuladas, casos investigados y condenas durante la administración actual”, se añadió.

“La lucha contra la impunidad no se detiene y el Ministerio Público continúa impulsando acciones para garantizar una justicia eficaz para todas y todos”, concluye el comunicado del Ministerio Público.

La FECI fue creada para recibir y dar seguimiento a investigaciones iniciadas por la CICIG.

Además, el personal de esta Fiscalía trabajó de la mano de la Comisión instaurada en el país por la Organización de las Naciones Unidas.

Dentro del Ministerio Público, la FECI labora con cierta independencia. En la actualidad es dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval.

La CICIG y FECI en Quetzaltenango

Durante la gestión del comisionado Iván Velásquez, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también abrió una agencia en Quetzaltenango.

Esta subsede fue dirigida por la abogada colombiana Martha Lucía Zamora, quien luego enfrentó un proceso legal en su país.

Zamora fue procesada por supuestos actos de corrupción de varios funcionarios del sistema de justicia transicional para favorecer a exintegrantes de las desmovilizadas Farc.

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