El próximo sábado 20 de agosto concluye el plazo constitucional de Jordán Rodas al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), es decir que quedan 61 días para que se cumplan los 5 años para los que fue elegido por el Congreso de la República y que este órgano del Estado dé posesión a la persona que le sustituirá en el puesto.

De esa cuenta, se hace necesario realizar un análisis del manejo que el magistrado de Conciencia le dio a la institución encargada de verificar el cumplimiento de las garantías que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga a todos los habitantes del territorio nacional.

La crítica hacia el desempeño del trabajo de los funcionarios y empleados públicos es uno de los derechos fundamentales en todos los países democráticos y Guatemala, como una nación que cuenta con un gobierno de tipo republicano, democrático y representativo, debe realizar los esfuerzos necesarios para que la ciudadanía tenga acceso a la información pertinente para conocer a todos aquellos que ocupan puestos en la esfera pública.

República hizo una consulta a la oficina de Rodas para conocer el manejo de los recursos públicos que durante su mandato fueron destinados la PDH, y un estudio del informe de labores de 2021, presentado en enero último al Organismo Legislativo, en el cual se reflejan las acciones que fueron efectuadas por la entidad.

Según uno de los considerandos de la resolución RES-UIP 366-2022, de fecha 2 de junio de 2022:

“La información se proporcionará en el estado en el que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante”.

Recursos asignados

En 2017, la PDH recibió una asignación presupuestaria consistente en Q130 millones, de los cuales se utilizaron Q123 millones 90 mil debido a varios ajustes que se realizaron durante el año. De ese monto final, Rodas fue el responsable de los recursos correspondientes solo en el último cuatrimestre.

Para el siguiente año, de acuerdo con información de la PDH y del Sistema de Contabilidad Integrada del gobierno (Sicoin), la oficina del magistrado de Conciencia obtuvo una asignación de Q121 millones 130 mil, de los cuales se emplearon Q120 millones 132 mil 475.41. Esto representa una reducción del 0.8 por ciento de lo que fue entregado al inicio del año.

Pero en los dos años siguientes ocurrió un incremento de amplio margen en las finanzas de la PDH, según las dos fuentes consultadas.

Para 2019 originalmente se asignaron Q100 millones 130 mil para el desempeño de las actividades de la referida institución. Sin embargo, a finales de año se produjo un incremento en los recursos que llegó hasta los Q120 millones 250 mil, lo cual refleja una ampliación del 20.9 por ciento.

Mientras que en 2020 se utilizaron Q150 millones 185 mil en todo el año. Esto pese a que la asignación inicial había sido de Q120 millones 185 mil. Es decir que se le otorgó una ampliación de Q30 millones que consisten en el 25 por ciento del monto original.

En 2021 no hubo necesidad de solicitar una ampliación presupuestaria pues al inicio del año le fueron asignados Q120 millones 205 mil y, los cuales se ocuparon en su totalidad.

Y para este año se han utilizado Q44 millones 327 mil 287.26 de los Q120 millones 220 mil que se entregaron a la PDH en enero. Queda pendiente la ejecución de Q75 millones 892 mil 712. 74. Por el momento no se ha emitido ningún pronunciamiento acerca de la necesidad de contar con más recursos.

Cabe destacar que a partir del jueves 1 de septiembre próximo será otra persona la responsable de las finanzas de la PDH, pues aunque el cambio de mando en la institución se habría efectuado 11 días antes de esa fecha, todos los compromisos deberán estar saldados antes de que concluya el mes.

Gastos de funcionamiento

El mayor porcentaje de gasto en cualquier entidad pública es el de funcionamiento. Según los datos de la PDH con respecto al uso del presupuesto, entre 2017 y 2020 se incrementó en este rubro, derivado de que se contó con más personal o fue necesario utilizar más dinero en las actividades oficiales que realizaron los trabajadores de la oficina del magistrado de Conciencia.

Según el portal electrónico del Sicoin, los cuatro grandes rubros que debe cumplir el presupuesto de la PDH son:

• Actividades centrales.
• Promoción y educación en derechos humanos.
• Prevención, defensa y protección de los derechos humanos.
• Transparencia y acceso a la información.

De esa cuenta:

• 2017: Se asignaron Q101 millones 326 mil.462 para funcionamiento y se utilizaron Q101 millones 911 mil 565.90, casi Q600 mil más. Es decir que se requirió el 78.4 por ciento del presupuesto vigente para el pago de sueldos, prestaciones y otros gastos relacionados con el trabajo del personal, y solo el 21.6 por ciento se destinó a inversión.
• 2018: De acuerdo con las proyecciones, se requerirían Q99 millones 315 mil 513. Sin embargo, se utilizaron Q103 millones 941 mil 369.49 correspondiente al 86.5 de los recursos que se reportaron como utilizados en el año. Eso dejó un margen del 13.5 por ciento para inversión.
• 2019: Para la inversión solo se utilizó el 10 por ciento de la asignación presupuestaria. El monto fue de Q12 millones 50 mil 718.09. Mientras que en gastos de funcionamiento se emplearon Q108 millones 199 mil 279.91 de los Q120 millones 250 mil que fueron reportados como usados por la PDH. La programación inicial establecía Q84 millones 344 mil 915 para ese rubro.
• 2020: Los gastos de funcionamiento ascendieron a Q131 millones 59 mil 817.60, relativo al 87.3 por ciento de los más de Q150 millones 185 mil usados por la oficina de Rodas en el año. Con esto solo el 12.7 por ciento fue empleado en inversión. A inicios del año se esperaba usar Q103 millones 942 mil 638 en el pago de sueldos y otras actividades y beneficios de los trabajadores.
• 2021: Inicialmente se habían destinado Q103 millones 138 mil 795 para gastos de funcionamiento, pero hubo modificaciones que permitieron la reducción de algunos movimientos financieros y finalmente se emplearon Q101 millones 997 mil 679, según el reporte de la PDH.
• 2022: Para este año se espera que Q104 millones 151 mil 260 de los Q120 millones 220 mil de asignación presupuestaria sean destinados para el funcionamiento de la PDH. Hasta finales de mayo último se habían utilizado Q104 millones 107 mil 310

Reflejo del gasto

El pasado lunes 31 de enero, Rodas presentó ante el Congreso de la República el informe anual de labores de su oficina, correspondiente a 2021. Este documento es el reflejo del uso de los recursos públicos que le fueron asignados a la PDH para el referido ciclo.

La síntesis de los anteriores 365 día de trabajo del magistrado de Conciencia se desarrolla a lo largo de 436 páginas, en las cuales se detalla que:

“Cerca de finalizar el período constitucional como procurador de los derechos humanos, se han ejercido las funciones en defensa, promoción y protección de los derechos humanos; no obstante, es importante señalar que el ejercicio del mandato fue cumplido, a pesar de disponer de un presupuesto limitado, particularmente en los últimos 3 años, en los que la institución sufrió una asfixia presupuestaria, por los constantes intentos de recorte presupuestario y a pesar de las constantes acciones para deslegitimar mi labor”.

Según el informe que Rodas emitió para el Organismo Legislativo:

“En el año 2021 se han planteado recurso judiciales, acciones administrativas, acciones constitucionales, así como la emisión de certificados del registro único de responsables de violaciones a derechos humanos, mediante 1 mil 24 documentos, dentro de las acciones de seguimiento, investigación, verificación y constatación de expedientes de denuncias de violación de los derechos humanos”.

Además, se indica que:

“En las acciones para la defensa y resolución de derechos violentados se realizaron 2 mil 504 documentos”.

En la Carta Magna se establece que son derechos humanos:

• La vida.
• La libertad e igualdad.
• La libertad de acción.
• La presunción de inocencia.
• La irretroactividad de la ley.
• La inviolabilidad de la vivienda.
• La propiedad privada.

Entre otras garantías que el Estado debe velar por que se cumplan, incluyendo las que no figuran de manera expresa en la Ley Máxima pero que están contemplados en convenios internacionales.

En el informe de la PDH se establece que durante el año pasado se plantearon 216 acciones constitucionales de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) como en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras instancias judiciales, por la vulneración de derechos como el acceso al sistema de salud y atención de calidad, falta de suministro de agua potable y de energía eléctrica, entre otras que se detallan.

También se indica que en todo el año pasado se emitieron 477 pronunciamientos en “defensa de los derechos humanos”, al considerar que el Estado de Guatemala debe mejorar en aspectos importantes para el desarrollo de los habitantes del país, como la vida, la seguridad, la educación, la salud, entre otros.

Foco de trabajo

Un amplio margen de la labor que debe desarrollar la PDH se centra en las personas que se enfrentan al Estado, lo cual se representa en todos aquellos que afrontan al sistema de justicia.

Según un informe de la organización Diálogos con respecto a la población penitenciaria, correspondiente a 2021, la cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva pasó de 3 mil 173 reclusos a 12 mil 605 en 2020, es decir que el incremento fue del 297 por ciento.

Más adelante, en el documento se detalla que la cantidad de hombres que permanecen en las prisiones abarca casi la totalidad de la población carcelaria, sin importar si es de forma preventiva o por cumplimiento de condenas.

Mientras que para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), "la cantidad de personas en prisión preventiva ha crecido a un ritmo superior a lo que ha crecido la población reclusa total".

En un análisis a la función penitenciaria y sus características, de 2018, se establecía que para ese entonces cerca de la mitad de la población reclusa no contaba con una sentencia firme que confirmara la necesidad de que estas personas permanecieran en la cárcel.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en 2013 con respecto del abuso en el uso de la prisión preventiva, a lo cual señaló que:

"La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en muchos países de la región”.

Tras una búsqueda en el sitio web de la PDH y sus cuentas en las redes sociales, no se pudo encontrar un pronunciamiento o acciones legales entabladas por la actual administración acerca del abuso en el uso de la prisión preventiva.

Sin embargo, a inicios de junio el defensor de las personas privadas de libertad de la PDH, Gerardo Villamar, participó en un foro organizado por República acerca del "Hacinamiento en las Cárceles y el Abuso de Prisión Preventiva".

Pero si destaca el acompañamiento del magistrado de Conciencia a personalidades como funcionarios extranjeros, como el exembajador de Suecia, Anders Kompass, y exoperadores de justicia guatemaltecos, en favor de quienes si se plantearon amparos.