La crisis económica causada por la pandemia del covid-19 ocasionó severos efectos en Guatemala y en el mundo entero. Ante eso, el sector privado propuso a las autoridades gubernamentales una serie de medidas que harían menos difícil volver a la normalidad.

Todo está comprendido en el Plan de Reactivación Económica para el Desarrollo (Predes), el cual fue presentado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en agosto de 2020, cuando aún era fuerte la primera ola de contagios de covid-19 y las hospitalizaciones de pacientes representaban altos desafíos para el sector de salud.

Dentro de la propuesta se enumera una serie de herramientas legales y también varias iniciativas de ley con las que se podría mitigar la situación, según los análisis.

Sin embargo, la voluntad política del sector público juega un papel fundamental en la detección de los principales problemas de la sociedad y también de los mecanismos que se requieren para dar solución a estas situaciones.

Según lo establecido en el Predes, se agrupa un total de 27 propuestas, entre leyes y otras acciones, con las cuales se podría reactivar la economía del país.

Estas deberían ser puestas en funcionamiento en un tiempo no mayor a 10 años, es decir antes de 2030, y podrían tener un impacto positivo en un corto o mediano plazo.

Las 27 propuestas se fijaron con cinco criterios específicos, entre estos:

• La factibilidad para ser llevadas a cabo.
• El impacto positivo que tendrían en los ámbitos económico, político, social y mediático.
• Contar con el apoyo del sector privado y público para su implementación.
• Contar con una estrategia sencilla para su desarrollo.
• Y que cada una de ellas tiene relación con la Política Nacional de Competitividad (2018-2032). 

Un ejemplo reciente del trabajo coordinado entre el sector público y el privado, para la generación de mejores condiciones económicas para el país, se encuentra en lo establecido en el decreto 18-2021, en el cual se aprobó el contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del proyecto denominado "Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuinta-Puerto Quetzal con cobro de peaje".

Herramientas legales

Una de las medidas que señaló el sector privado organizado para mitigar la crisis económica en el país, desde el inicio de la pandemia, fue la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos o Ley Antitrámites, como es conocida comúnmente.

Esta, en el momento en que se presentó el Predes, era aún una iniciativa de ley que todavía se discutía en el Congreso de la República. Pero la crisis hizo que los legisladores vieran la necesidad que el país tenía de contar con una normativa de ese tipo.

En mayo de 2021 fue aprobada por el Organismo Legislativo y entró en vigencia en octubre de ese mismo año.

Con esta se busca agilizar las gestiones de la ciudadanía ante las autoridades, debido a que se propicia el gobierno electrónico, es decir que todo lo relacionado con la administración pública se encontraría en línea y todos tendrían acceso a este sistema, al contar con un dispositivo electrónico y conexión a internet.

El principal objetivo de la normativa es la creación de empresas de manera más eficiente, pues las gestiones para el establecimiento de entidades comerciales se reducirían.

Según la ley, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) y el Ministerio de Economía son los entes encargados de impulsar la simplificación de los trámites.

Cada una tendría relación con los servicios públicos y la facilitación del comercio exterior y las inversiones, respectivamente.

Asuntos pendientes

Todos los demás elementos que fueron señalados por el CACIF siguen en estudio en el Congreso de la República, pues mantienen su figura de iniciativas de ley.

Por eso se hace necesaria la voluntad política, para determinar cuáles son las necesidades de la población y si existen recursos para solventarlas.

El primer compromiso que adquirió el sector público fue la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado o emitir una nueva, lo cual quedó a cargo del Ministerio de Finanzas Pública (Minfin).

El 13 de julio del año pasado, por medio de un acuerdo gubernativo, sólo se reformó el Reglamento de la referida normativa, y estos cambios se hicieron oficiales al día siguiente, al ser publicados en el diario oficial.

Las modificaciones tienen relación con los procedimientos para el desarrollo de las adquisiciones de servicios, bienes, suministros y de obra pública.

Todo eso con el objetivo de propiciar la certeza, transparencia, publicidad y eficiencia de esos procesos.

Otro asunto pendiente es, según el CACIF, el establecimiento del reglamento interno del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente al derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Guatemala ratificó en 1996 esa normativa internacional, pero todavía no hay legislación interna que le dé funcionamiento a esta.

Para el empresariado organizado también es una prioridad la iniciativa de ley que se registra en el Congreso con el número 4781, con la cual se busca aprobar la Ley del Arbitrio del Alumbrado Público Municipal.

Según se estableció en los motivos que dieron vida a la iniciativa, en el país existe un vacío legal pues no se regula el costo del servicio de alumbrado público y que en la provincia este significa un alto costo.

También se detalla que desde 2008 se incrementó la ingobernabilidad como producto del alto monto que figura en las facturas del servicio de distribución de energía eléctrica, que fuera de la capital implica el desajuste de los recursos de las familias.

La iniciativa de ley fue conocida por el pleno del Congreso el 7 de noviembre de 2013.

El pleno del Congreso de la República también conoció el 20 de noviembre de 2007 la iniciativa de ley número 3728, con la cual se busca aprobar la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual, pues se estima que es necesaria con el avance de la tecnología, sumado al creciente interés en la producción de materiales comunicacionales de este tipo.

La producción audiovisual en Guatemala representó en esa época, y todavía en la actualidad, ser una de las industrias y manifestaciones culturales emergentes más importantes.

Además, una Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional también sería de enorme beneficio para la economía de todos los guatemaltecos, según el análisis del empresariado organizado.

Por eso, en el Congreso se encuentra la iniciativa de ley número 5545 que contiene el proyecto de un cuerpo legal de ese tipo. Este fue conocido por el pleno desde el 10 de abril de 2019.

En el Predes también se consigna la necesidad de contar con leyes específicas de incentivos a la inversión y además para promover la certeza jurídica para las inversiones locales y externas, así como reformas a la Ley del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta última fue presentada una iniciativa por el diputado Aníbal Samayoa, quien busca que se realicen cambios al referido cuerpo legal en términos de fortalecer la autonomía de dicha institución, del sistema estadístico y la generación de estadísticas oportunas para la toma de decisiones.

Las propuestas

Según el Predes, del total de las propuestas:

• 9 se relacionan con el ámbito económico.
• 5 propician el crecimiento o el fortalecimiento institucional.
• 5 se vinculan con el crecimiento de la infraestructura.
• 5 fomentan mejoras en el mercado de diversos productos y en el clima de negocios.
• 3 propician mejorar la calificación del recurso humano, con el objetivo de que las empresas cuenten con el personal que tenga las capacidades necesarias para efectuar las diversas tareas que se requieren.

Entre estas últimas figura la reglamentación en Guatemala del Convenio 175 de la OIT, referente al trabajo a tiempo parcial, vigente en el país desde mediado de 2021, después de un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que resolvió las discrepancias existentes alrededor de esta normativa nacional que regula el referido cuerpo legal internacional.

Cabe resaltar que las iniciativas que el empresariado organizado destaca como prioritarias, no nacieron con motivo de la crisis sanitaria causada por el virus del SARS-CoV2 y sus variantes, sino que algunas ya tenían bastantes años en el Congreso de la República y que están pendientes de avanzar en el trámite legislativo correspondiente.

Entre los aspectos que se consideraron en las propuestas está:

• La promoción del turismo interno.
• La ventanilla de agilización de trámites para la construcción.
• Inversión en infraestructura de riesgo, agua, caminos rurales y centros de acopio.
• La elaboración y puesta en marcha de una campaña para desmotivar el contrabando y que incentive el consumo de productos nacionales y extranjeros de importación legítima.
• Formar el marco regulatorio del E-commerce.

De esa manera, el sector privado busca colaborar con el sector público para encontrar las soluciones a las necesidades de los guatemaltecos.