Presentan denuncia penal contra interventor de Fegua y administrador de Ferrovías
Diputados denunciaron a funcionarios de Fegua y Ferrovías por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y por pactar un contrato que consideran ilegal con funcionarios del Estado.
Diputados denunciaron a Augusto Ponce, interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y al administrador único de Ferrovías, Fernando Ulloa, por el contrato ilegal de arrendamiento con la empresa mexicana Remed S.A. para el proyecto del tren del “Bicentenario”.
La acción legal la iniciaron después de que representantes de Ferrovías, Fegua y autoridades del Ministerio de Economía, no acudieron a una citación para dar detalles del contrato.
El congresista Orlando Blanco dijo que "Fegua no cuenta con los recursos necesarios para hacer las acciones que a nombre de esa entidad se comprometió con Ferrovías". A la vez, que esta última empresa se comprometió en el contrato de arrendamiento con Remed con la condición de que iniciaría el proyecto del tren cuando Fegua desaloje a las familias, "cuando no existe siquiera un censo de la población en el área, ni hay recursos para hacerlo".
Por tal razón, denunciaron a Ponce por los delitos de "incumplimiento de deberes y por pactar para un beneficio económico con funcionarios del Estado". Por este delito también actuaron contra Ulloa, así como por usurpación de funciones y falsedad ideológica. "Generan un trampa para una posible demanda contra Guatemala a un futuro", dijo el legislador.
Deberías leer: PGN presenta denuncia por contrato suscrito por Ferrovías
Instan al MP a investigar
Durante la denuncia pública, los diputados citaron un informe y sanciones previas que hizo la Contraloría General de la Nación en 2015, por anomalías en la relación de Fegua con Ferrovías. "Transcurridos 26 años del usufructo entre ambas entidades no se ha rehabilitado nada sobre la línea férrea", dijeron.
Según ese informe también se aseguró que "Fegua es el accionista mayoritario, por lo Ferrovías se debe suscribir a la normativa del país. Por lo tanto, consideran que no se podía hacer el contrato de arrendamiento, pues lo correcto era una licitación internacional y no un contrato a dedo, con una empresa de cartón (Remed)", afirmó Blanco.
Entre las sanciones que se emitieron en 2015 contra Ferrovías por contratos con personas individuales en concepto de arrendamiento que entonces también se realizaron, una fue remover al administrador o gerente de Ferrovías en asamblea de accionistas y revisar los contratos.
Por ello los congresistas instaron a convocar a una asamblea de accionistas para declarar lesivo el contrato y darlo por terminado. Asimismo, pidieron al MP investigar de oficio, incluso, contra otros funcionarios.
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Diputados denunciaron a funcionarios de Fegua y Ferrovías por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y por pactar un contrato que consideran ilegal con funcionarios del Estado.
Diputados denunciaron a Augusto Ponce, interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y al administrador único de Ferrovías, Fernando Ulloa, por el contrato ilegal de arrendamiento con la empresa mexicana Remed S.A. para el proyecto del tren del “Bicentenario”.
La acción legal la iniciaron después de que representantes de Ferrovías, Fegua y autoridades del Ministerio de Economía, no acudieron a una citación para dar detalles del contrato.
El congresista Orlando Blanco dijo que "Fegua no cuenta con los recursos necesarios para hacer las acciones que a nombre de esa entidad se comprometió con Ferrovías". A la vez, que esta última empresa se comprometió en el contrato de arrendamiento con Remed con la condición de que iniciaría el proyecto del tren cuando Fegua desaloje a las familias, "cuando no existe siquiera un censo de la población en el área, ni hay recursos para hacerlo".
Por tal razón, denunciaron a Ponce por los delitos de "incumplimiento de deberes y por pactar para un beneficio económico con funcionarios del Estado". Por este delito también actuaron contra Ulloa, así como por usurpación de funciones y falsedad ideológica. "Generan un trampa para una posible demanda contra Guatemala a un futuro", dijo el legislador.
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Durante la denuncia pública, los diputados citaron un informe y sanciones previas que hizo la Contraloría General de la Nación en 2015, por anomalías en la relación de Fegua con Ferrovías. "Transcurridos 26 años del usufructo entre ambas entidades no se ha rehabilitado nada sobre la línea férrea", dijeron.
Según ese informe también se aseguró que "Fegua es el accionista mayoritario, por lo Ferrovías se debe suscribir a la normativa del país. Por lo tanto, consideran que no se podía hacer el contrato de arrendamiento, pues lo correcto era una licitación internacional y no un contrato a dedo, con una empresa de cartón (Remed)", afirmó Blanco.
Entre las sanciones que se emitieron en 2015 contra Ferrovías por contratos con personas individuales en concepto de arrendamiento que entonces también se realizaron, una fue remover al administrador o gerente de Ferrovías en asamblea de accionistas y revisar los contratos.
Por ello los congresistas instaron a convocar a una asamblea de accionistas para declarar lesivo el contrato y darlo por terminado. Asimismo, pidieron al MP investigar de oficio, incluso, contra otros funcionarios.