El régimen de Daniel Ortega arresta al presidente y al vicepresidente de la cúpula empresarial de Nicaragua
La Policía de Nicaragua detuvo a los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Ambos son investigados por delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, según el régimen de Daniel Ortega.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, indicó por qué fueron arrestados. Los acusan de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” del país.
También por presuntamente “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. Asimismo por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización“.
Además, por supuestamente “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras contra Nicaragua y sus instituciones”. También por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Y lesionar los intereses supremos de la nación”.
La Policía de momento no ofreció ninguna evidencia contra los empresarios de Nicaragua. Basa su investigación citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.
Esa ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.
Un día después de la resolución de la OEA contra presos políticos en Nicaragua
La detención de Healy y Vargas, críticos del Gobierno que preside el sandinista Ortega, se da un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación “inmediata” de los aspirantes a candidatos presidenciales y los presos políticos en Nicaragua, cuando faltan 17 días para los comicios en los que el mandatario buscará una nueva reelección.
Tanto el Cosep, que es la principal cúpula patronal de Nicaragua, como la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron la detención arbitraria de los empresarios, y demandaron su inmediata liberación.
Healy dijo a periodistas, tras salir del Ministerio Público, donde permaneció 10 minutos, que le reprogramaron la cita y no le dieron mayores explicaciones sobre el caso que se le investiga.
Posteriormente abordó su vehículo y cuando se dirigía hacia su residencia, fue interceptado por la Policía Nacional y detenido junto a su conductor, Wilber Alvarado, de acuerdo con la denuncia del Cosep y la Alianza Cívica, esta última fue la contraparte del Ejecutivo en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
“Posterior a este hechos ilegales, la Policía Nacional procedió al allanamiento de la vivienda” de los líderes empresariales, indicó la Cosep, que observó que Healy goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 3 de agosto de 2018.
Suman 39 los arrestados antes de las elecciones
“Estas acciones violentan los derechos individuales establecidos en la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Nicaragua. El país necesita paz y estabilidad. Exigimos su liberación”, señaló el Cosep.
Los arrestos de Healy y Vargas son los número 38 y 39, respectivamente, que realiza la Policía Nacional desde el 28 de mayo pasado contra profesionales independientes y disidentes, incluyendo a siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia de Nicaragua por la oposición.
Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones y acusaciones de más de una treintena de dirigentes opositores y profesionales independientes, previo a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Ortega busca la reelección por cinco años más.
Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
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La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, indicó por qué fueron arrestados. Los acusan de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” del país.
También por presuntamente “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. Asimismo por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización“.
Además, por supuestamente “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras contra Nicaragua y sus instituciones”. También por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Y lesionar los intereses supremos de la nación”.
La Policía de momento no ofreció ninguna evidencia contra los empresarios de Nicaragua. Basa su investigación citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.
Esa ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.
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La detención de Healy y Vargas, críticos del Gobierno que preside el sandinista Ortega, se da un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación “inmediata” de los aspirantes a candidatos presidenciales y los presos políticos en Nicaragua, cuando faltan 17 días para los comicios en los que el mandatario buscará una nueva reelección.
Tanto el Cosep, que es la principal cúpula patronal de Nicaragua, como la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron la detención arbitraria de los empresarios, y demandaron su inmediata liberación.
Healy dijo a periodistas, tras salir del Ministerio Público, donde permaneció 10 minutos, que le reprogramaron la cita y no le dieron mayores explicaciones sobre el caso que se le investiga.
Posteriormente abordó su vehículo y cuando se dirigía hacia su residencia, fue interceptado por la Policía Nacional y detenido junto a su conductor, Wilber Alvarado, de acuerdo con la denuncia del Cosep y la Alianza Cívica, esta última fue la contraparte del Ejecutivo en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
“Posterior a este hechos ilegales, la Policía Nacional procedió al allanamiento de la vivienda” de los líderes empresariales, indicó la Cosep, que observó que Healy goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 3 de agosto de 2018.
Suman 39 los arrestados antes de las elecciones
“Estas acciones violentan los derechos individuales establecidos en la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Nicaragua. El país necesita paz y estabilidad. Exigimos su liberación”, señaló el Cosep.
Los arrestos de Healy y Vargas son los número 38 y 39, respectivamente, que realiza la Policía Nacional desde el 28 de mayo pasado contra profesionales independientes y disidentes, incluyendo a siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia de Nicaragua por la oposición.
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Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
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