Caracas, Venezuela – En un giro sorprendente de los acontecimientos, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado la intervención en las operaciones de la Cruz Roja Venezolana, una organización humanitaria reconocida internacionalmente por su imparcialidad y neutralidad en la prestación de ayuda a personas en situaciones de crisis y emergencia.

El Tribunal Supremo de Justicia emitió una orden el pasado 4 de agosto que ordena una reorganización “amplia y diversa en la Cruz Roja con la participación de los sectores de la sociedad venezolana”.

Una polémica decisión

La decisión incluye la designación de Ricardo Cusanno, un empresario y expresidente de Fedecámaras (una asociación civil sin fines de lucro formada por entidades económicas y gremiales privadas), quien carece de experiencia en asistencia humanitaria, pero tiene una buena relación con el régimen, para liderar una nueva junta directiva provisional que supervisará la institución, manejará sus bienes y modernizará su estructura durante un año, con posibilidad de ser prorrogada.

Aunque el comunicado enfatiza que esta medida tiene como objetivo “optimizar la eficiencia y la efectividad de la ayuda humanitaria", muchos han expresado su escepticismo y temen que esta intervención pueda politizar la entrega de ayuda y obstaculizar la capacidad de la Cruz Roja para operar de manera neutral.

La medida ha generado preocupaciones a nivel nacional e internacional sobre la preservación de la independencia y neutralidad humanitaria en medio de un entorno político y social complejo. La Cruz Roja, históricamente, ha mantenido su compromiso de brindar asistencia sin distinción de raza, religión, género o afiliación política. Sin embargo, esta intervención del régimen de Maduro plantea interrogantes sobre si estas características fundamentales serán respetadas.

ONG´s locales e internacionales han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de esta intervención. La falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones y la ausencia de consulta con las partes interesadas han generado dudas sobre las intenciones reales detrás de esta acción gubernamental.

Además, se ha señalado que esta intervención podría erosionar la confianza de la población en la Cruz Roja y comprometer la seguridad de los trabajadores humanitarios en el terreno.

¿Qué dice la oposición al régimen?

Voceros de la oposición política también han condenado esta medida, alegando que el gobierno está intentando ejercer un mayor control sobre la distribución de la ayuda humanitaria para su beneficio político. 

La comunidad internacional ha instado al gobierno de Maduro a reconsiderar su decisión y a respetar la autonomía de la Cruz Roja Venezolana. Organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional aún no han fijado posición oficial sobre este proceso de intervención. Sin embargo, activistas venezolanos han catalogado la medida como un “peligroso precedente”. 

Ante este hecho, Miguel Villarroel, vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, había alertado sobre esta intervención. En un comunicado que fue grabado en video y publicado en las redes sociales, solicitó al régimen venezolano que no permitiera que “una acción arbitraria” afectara los 128 años de trabajo humanitario de esta institución en el país. Se espera que las instancias internacionales de la organización utilicen los mecanismos internos para resolver conflictos y se respeten los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia como base fundamental de la confianza del Estado de Venezuela en la Cruz Roja Internacional.

En su programa ‘Con el Mazo Dando’, transmitido en la televisión estatal, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, cuestionó cómo utilizan la institución para “acumular poder” a la par que atacaba a Villarroel.

El viernes, un artículo en la página web del programa de Cabello reiteró la afirmación de que "esta organización colabora con personas interesadas en derrocar" a Maduro.

Según Cabello, la USAID, una agencia gubernamental estadounidense para el desarrollo internacional, otorga fondos a organizaciones humanitarias en Venezuela con el fin de implementar una "estrategia de intervención".

En medio de este panorama incierto, la mirada está puesta en cómo se desarrollarán los eventos y en si la Cruz Roja Venezolana podrá mantener su compromiso histórico con la neutralidad y la imparcialidad mientras enfrenta la intervención gubernamental en sus operaciones humanitarias.

¿Qué implicaciones podría tener la intervención en la Cruz Roja Venezolana? 

En un análisis exhaustivo de la intervención en las operaciones de la Cruz Roja Venezolana por parte del gobierno de Maduro, el destacado Abogado litigante y profesor del Centro de Investigaciones Docentes y Económicas en la Ciudad de México, Moisés Montiel, brinda aclaraciones fundamentales sobre las implicaciones legales y humanitarias de esta controvertida acción.

Montiel destaca la diferencia esencial entre la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, subrayando que, aunque mantienen una estrecha relación de cooperación, son entidades independientes con distintos roles. Asimismo, enfatiza que, a pesar de esta distinción, los principios de independencia y neutralidad son igualmente aplicables a ambas instancias.

En relación con la independencia y la neutralidad, el abogado subraya que las sociedades nacionales de la Cruz Roja deben evitar cualquier interferencia externa, ya sea política, económica o ideológica, incluida la influencia estatal. Montiel aclara que estos principios operan tanto interna como externamente, garantizando que las operaciones de ayuda humanitaria sean imparciales y sin presiones externas. Mencionando su aplicación en contextos de conflictos armados y desastres naturales, Montiel recalca que estos principios también se extienden a situaciones que involucran a gobiernos anfitriones, como el caso del gobierno venezolano.

En cuanto a las implicaciones de la intervención gubernamental en la Cruz Roja Venezolana, Montiel destaca su preocupación por la posible afectación de la independencia de la organización. Señala que la intervención gubernamental, al imponer una nueva dirección, puede socavar la autonomía de la sociedad y poner en tela de juicio su capacidad para operar conforme a los principios de imparcialidad y neutralidad. La obligación adicional de cooperar con las autoridades, tal como se establece en la resolución del tribunal constitucional, podría limitar la integridad de la neutralidad de la organización.

El abogado resalta la importancia de que la Cruz Roja Venezolana mantenga su independencia y neutralidad, no solo en términos legales sino también para cumplir su misión humanitaria de manera efectiva. Montiel considera que el régimen de Maduro ha planteado cuestionamientos sobre la autonomía de la sociedad al intervenir en sus operaciones y dirigencia, lo que puede afectar la confianza y la capacidad de la organización para llevar a cabo su trabajo de manera imparcial.

En cuanto a las posibles acciones legales por parte de la comunidad internacional, Montiel enfatiza que las opciones son limitadas. Dado que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja es una entidad de derecho civil bajo las leyes venezolanas, las medidas legales podrían ser difíciles de aplicar. En su lugar, sugiere un enfoque diplomático y político, involucrando a organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y líderes internacionales para instar al gobierno venezolano a respetar la independencia y neutralidad de la organización.

En resumen, Moisés Montiel ofrece una evaluación crítica y detallada de la intervención en la Cruz Roja Venezolana por parte del régimen de Maduro, destacando las preocupaciones legales y humanitarias relacionadas con la independencia y la neutralidad de la organización. Sus observaciones subrayan la importancia de mantener la integridad de los principios humanitarios para garantizar la efectiva prestación de ayuda en momentos de crisis.