Silenciar la pluma: la implacable represión de la libertad de prensa en Venezuela
En el vasto y tumultuoso lienzo de la política latinoamericana, Venezuela se erige como el más trágico protagonista, con su otrora próspera tierra tambaleándose al borde del precipicio.
El régimen venezolano ha desatado una impía tormenta de represión y miedo, el gobierno, bajo el puño de hierro de Nicolás Maduro, ha tejido un siniestro tapiz de persecución, sofocando la disidencia y sofocando las voces de la oposición.
Con un escrutinio meticuloso, la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) desvela la desgarradora realidad de las detenciones arbitrarias, los proyectos de ley que amenazan la existencia misma de las organizaciones no gubernamentales y, estudia, con especial énfasis, la represión a los medios de comunicación.
Maduro y la nula libertad de prensa
La libertad de prensa, es sabido, es sinónimo de democracia. Allá donde la primera no se expanda, los putrefactos tentáculos del autoritarismo lo harán. Maduro, por supuesto, jamás lo ha entendido así.
El 7 de enero de 2022, un siervo adulador del gobierno desató un torrente de vitriolo contra once periodistas y comunicadores, tildándolos de “ladrones” e incitando a la maquinaria de persecución a darles caza y arrojarlos al abismo de la criminalización. Para consternación de cualquier observador esperanzado, este ataque no fue un incidente aislado, sino que encontró amplificación en el vicepresidente Diosdado Cabello, y en el coro de fervientes partidarios del régimen.
A medida que se desarrollaban estos condenables acontecimientos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alzó su voz de preocupación, denunciando la perniciosa ola de retórica estigmatizante, cierre de medios y mano opresora del poder judicial contra los valientes periodistas dentro de las fronteras de Venezuela.
Espacio Público, una organización que representa la conciencia colectiva de la sociedad civil, dejó al descubierto la cruda realidad en su condenatorio informe. Enero de 2022 fue testigo de una escalada escalofriante, donde veinticuatro casos, que comprenden la asombrosa cifra de 57 violaciones contra la libertad de expresión, arrojaron una oscura sombra sobre el paisaje venezolano.
La intimidación como arma
Esta ola de acoso, intimidación y censura se incrementó en un desalentador 90% en comparación con el mismo mes del año anterior. Tales cifras arrojan una nube ominosa, echando por tierra cualquier ilusión de que la difícil situación de los periodistas y su derecho a aportar la verdad encontrarían consuelo en medio de las corrientes de cambio.
El estado de Barinas, donde el 9 de enero de 2022 se celebraron las elecciones a gobernador, se convirtió en un microcosmos del control autoritario del país sobre la difusión de la información.
Fue en este caldero de manipulación donde las autoridades, con sus ominosos brazos de control en forma del regulador de las telecomunicaciones CONATEL y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), metieron la mano en las propias ondas para silenciar la voz del candidato de la oposición Sergio Garrido.
Las amenazas de cierre se cernían sobre dos emisoras de radio, dispuestas a declararse en huelga si se atrevían a difundir cualquier contenido relacionado con la candidatura de Garrido. Los periodistas, que intentaron valientemente esclarecer la verdad que rodea al proceso electoral, se encontraron con un muro inflexible de intimidación y obstrucción, como si su mera presencia supusiera una amenaza para la frágil fachada del poder.
Cuando los periodistas se esforzaron por cubrir la avalancha de firmas en apoyo de un referéndum para revocar el mandato del dictador Nicolás Maduro, se convirtieron en blanco de agresiones y amenazas. Juan Carlos Neira, periodista del prestigioso medio de comunicación Noticiero Digital, sufrió la peor parte de esta brutalidad. Miembros de una facción progubernamental se abalanzaron sobre él, lanzando un salvaje asalto que le dejó maltrecho, el equipo robado y el frágil tejido de la libertad de prensa aún más deshilachado.
Agresiones a la libertad de expresión en Venezuela
En febrero de 2022, Espacio Público presentó un informe desgarrador. En él se desvelaba una cruda realidad: 2021 había sido testigo del mayor número de agresiones a la libertad de expresión desde el año 2015.
Los relatos documentados mostraban un angustioso tapiz de 246 violaciones, testimonio del implacable asalto al sagrado principio de decir la verdad al poder. Entre estas transgresiones, 161 escalofriantes casos de intimidación y 144 incidentes de censura proyectan una larga sombra sobre la fraternidad periodística. Aunque los periodistas se llevaron la peor parte de este ataque, nadie se libró de la ira de las represalias, ya que incluso quienes se atrevieron a difundir información a través de mensajes de texto o las redes sociales pagaron también por decir la verdad.
Yelitza Figueroa, de Crónica Uno; Andreína Ramos, de VPI TV; y Jesús Rey, de Portuguesa Reporta fueron amedrentados y hostigados en 2022.
En Venezuela, frente a la adversidad, los periodistas y reporteros se llevan la peor parte, representando un asombroso 70% de las víctimas. Su compromiso de exponer la verdad y dar voz a los silenciados los colocó directamente en el punto de mira de un régimen desesperado por acallar la disidencia.
El acoso se ha convertido en un espectro familiar, que atormenta las vidas de quienes se atreven a desafiar la narrativa de los poderes fácticos. La intimidación, una danza siniestra entre el miedo y la coacción, acecha en cada esquina. La censura, esa mano helada que pretende sofocar la libre circulación de ideas, proyecta su larga sombra sobre Venezuela, acallando voces y arrastrando aún más a la nación hacia la incertidumbre que solo los abismos paren.
Silenciar la pluma: la implacable represión de la libertad de prensa en Venezuela
En el vasto y tumultuoso lienzo de la política latinoamericana, Venezuela se erige como el más trágico protagonista, con su otrora próspera tierra tambaleándose al borde del precipicio.
El régimen venezolano ha desatado una impía tormenta de represión y miedo, el gobierno, bajo el puño de hierro de Nicolás Maduro, ha tejido un siniestro tapiz de persecución, sofocando la disidencia y sofocando las voces de la oposición.
Con un escrutinio meticuloso, la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) desvela la desgarradora realidad de las detenciones arbitrarias, los proyectos de ley que amenazan la existencia misma de las organizaciones no gubernamentales y, estudia, con especial énfasis, la represión a los medios de comunicación.
Maduro y la nula libertad de prensa
La libertad de prensa, es sabido, es sinónimo de democracia. Allá donde la primera no se expanda, los putrefactos tentáculos del autoritarismo lo harán. Maduro, por supuesto, jamás lo ha entendido así.
El 7 de enero de 2022, un siervo adulador del gobierno desató un torrente de vitriolo contra once periodistas y comunicadores, tildándolos de “ladrones” e incitando a la maquinaria de persecución a darles caza y arrojarlos al abismo de la criminalización. Para consternación de cualquier observador esperanzado, este ataque no fue un incidente aislado, sino que encontró amplificación en el vicepresidente Diosdado Cabello, y en el coro de fervientes partidarios del régimen.
A medida que se desarrollaban estos condenables acontecimientos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alzó su voz de preocupación, denunciando la perniciosa ola de retórica estigmatizante, cierre de medios y mano opresora del poder judicial contra los valientes periodistas dentro de las fronteras de Venezuela.
Espacio Público, una organización que representa la conciencia colectiva de la sociedad civil, dejó al descubierto la cruda realidad en su condenatorio informe. Enero de 2022 fue testigo de una escalada escalofriante, donde veinticuatro casos, que comprenden la asombrosa cifra de 57 violaciones contra la libertad de expresión, arrojaron una oscura sombra sobre el paisaje venezolano.
La intimidación como arma
Esta ola de acoso, intimidación y censura se incrementó en un desalentador 90% en comparación con el mismo mes del año anterior. Tales cifras arrojan una nube ominosa, echando por tierra cualquier ilusión de que la difícil situación de los periodistas y su derecho a aportar la verdad encontrarían consuelo en medio de las corrientes de cambio.
El estado de Barinas, donde el 9 de enero de 2022 se celebraron las elecciones a gobernador, se convirtió en un microcosmos del control autoritario del país sobre la difusión de la información.
Fue en este caldero de manipulación donde las autoridades, con sus ominosos brazos de control en forma del regulador de las telecomunicaciones CONATEL y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), metieron la mano en las propias ondas para silenciar la voz del candidato de la oposición Sergio Garrido.
Las amenazas de cierre se cernían sobre dos emisoras de radio, dispuestas a declararse en huelga si se atrevían a difundir cualquier contenido relacionado con la candidatura de Garrido. Los periodistas, que intentaron valientemente esclarecer la verdad que rodea al proceso electoral, se encontraron con un muro inflexible de intimidación y obstrucción, como si su mera presencia supusiera una amenaza para la frágil fachada del poder.
Cuando los periodistas se esforzaron por cubrir la avalancha de firmas en apoyo de un referéndum para revocar el mandato del dictador Nicolás Maduro, se convirtieron en blanco de agresiones y amenazas. Juan Carlos Neira, periodista del prestigioso medio de comunicación Noticiero Digital, sufrió la peor parte de esta brutalidad. Miembros de una facción progubernamental se abalanzaron sobre él, lanzando un salvaje asalto que le dejó maltrecho, el equipo robado y el frágil tejido de la libertad de prensa aún más deshilachado.
Agresiones a la libertad de expresión en Venezuela
En febrero de 2022, Espacio Público presentó un informe desgarrador. En él se desvelaba una cruda realidad: 2021 había sido testigo del mayor número de agresiones a la libertad de expresión desde el año 2015.
Los relatos documentados mostraban un angustioso tapiz de 246 violaciones, testimonio del implacable asalto al sagrado principio de decir la verdad al poder. Entre estas transgresiones, 161 escalofriantes casos de intimidación y 144 incidentes de censura proyectan una larga sombra sobre la fraternidad periodística. Aunque los periodistas se llevaron la peor parte de este ataque, nadie se libró de la ira de las represalias, ya que incluso quienes se atrevieron a difundir información a través de mensajes de texto o las redes sociales pagaron también por decir la verdad.
Yelitza Figueroa, de Crónica Uno; Andreína Ramos, de VPI TV; y Jesús Rey, de Portuguesa Reporta fueron amedrentados y hostigados en 2022.
En Venezuela, frente a la adversidad, los periodistas y reporteros se llevan la peor parte, representando un asombroso 70% de las víctimas. Su compromiso de exponer la verdad y dar voz a los silenciados los colocó directamente en el punto de mira de un régimen desesperado por acallar la disidencia.
El acoso se ha convertido en un espectro familiar, que atormenta las vidas de quienes se atreven a desafiar la narrativa de los poderes fácticos. La intimidación, una danza siniestra entre el miedo y la coacción, acecha en cada esquina. La censura, esa mano helada que pretende sofocar la libre circulación de ideas, proyecta su larga sombra sobre Venezuela, acallando voces y arrastrando aún más a la nación hacia la incertidumbre que solo los abismos paren.