Los
magistrados Rudy Pineda, Julio Solórzano, María Eugenia Mijangos, Jorge
Valenzuela y Mario Aguilar indicaron que la decisión de dejar sin efecto el
acuerdo que autorizaba gastos de representación se deriva a que el Estado no
cuenta con los recursos necesarios debido a la falta de recaudación. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptaron que era un error haberse autorizado el bono.

Los
magistrados del ente electoral acordaron incrementar su
salario con gastos de representación entre Q13 mil y Q15 mil mensuales, a pesar
de la crisis financiera por la que atraviesa el Estado, justificado con base en
el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se indica
que los magistrados tienen las mismas calidades y prerrogativas de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).

Polémica
y rechazo fue lo que causó en la población guatemalteca desde que se conoció
el acuerdo firmado por los magistrados del TSE, donde el presidente del órgano electoral, Rudy Pineda, se receta un monto por
Q15 mil mensuales, lo que haría que su salario aumente a Q71 mil 100, mientras
que para los otros cuatro magistrados les correspondería una cantidad de Q13 mil.