Una medida sustitutiva le fue otorgada a Vernon González Portillo después que la defensa apeló la decisión del Juzgado Séptimo Penal que le había confirmado prisión preventiva, por lo que la Sala Tercera de Apelaciones resolvió otorgarle ese beneficio pagando una fianza de Q100 mil y arresto domiciliar.
De acuerdo con la sala de Apelaciones, no existe peligro de fuga de González Portillo ya que es una persona reconocida y por eso se le otorgó la medida sustantiva. El profesional deberá firmar cada viernes el libro de asistencial para que la medida siga siendo efectiva.
González Portillo es acusado del delito de tráfico de influencias tras ser señalado de participar en la reunión entre el diputado oficialista Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar, la cual buscaba una resolución que favoreciera a la vicepresidenta Roxana Baldetti y al Partido Patriota (PP) a cambio de la reelección de la juzgadora.
En el proceso de tráfico de influencias salieron a luz conversaciones que han involucrado al presidente Otto Pérez Molina, a la registradora de la propiedad, Anabella de León, a quien la fiscal general, Thelma Aldana, dijo no investigaría por dicho caso. Además, se presentaron solicitudes de antejuicio en contra de Rivera y Escobar, los cuales fueron declarados sin lugar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Una medida sustitutiva le fue otorgada a Vernon González Portillo después que la defensa apeló la decisión del Juzgado Séptimo Penal que le había confirmado prisión preventiva, por lo que la Sala Tercera de Apelaciones resolvió otorgarle ese beneficio pagando una fianza de Q100 mil y arresto domiciliar.
De acuerdo con la sala de Apelaciones, no existe peligro de fuga de González Portillo ya que es una persona reconocida y por eso se le otorgó la medida sustantiva. El profesional deberá firmar cada viernes el libro de asistencial para que la medida siga siendo efectiva.
González Portillo es acusado del delito de tráfico de influencias tras ser señalado de participar en la reunión entre el diputado oficialista Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar, la cual buscaba una resolución que favoreciera a la vicepresidenta Roxana Baldetti y al Partido Patriota (PP) a cambio de la reelección de la juzgadora.
En el proceso de tráfico de influencias salieron a luz conversaciones que han involucrado al presidente Otto Pérez Molina, a la registradora de la propiedad, Anabella de León, a quien la fiscal general, Thelma Aldana, dijo no investigaría por dicho caso. Además, se presentaron solicitudes de antejuicio en contra de Rivera y Escobar, los cuales fueron declarados sin lugar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).