El Gobierno de Estados Unidos pide en la Ley de Asignaciones Presupuestarias (LAP) que se aceleren los procesos de resarcimiento a pobladores de Chixoy, además de dos puntos vinculados con militares según el Departamento de Estado, el Extranjero y Afines del Programa de Ayudas. Este es el segundo año consecutivo que EE.UU. condiciona su ayuda al país.
En la LAP se solicita a los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) que se presente un informe a los Comités de Asignaciones Presupuestarias “a más tardar 90 días después de la promulgación de esta Ley y cada 90 días a partir de entonces, sobre las medidas adoptadas en los últimos 90 días por dichas instituciones de apoyo y por el Gobierno de Guatemala para poner en práctica la política de Reparación a las Comunidades afectadas por la construcción de la Planta Hidroeléctrica Chixoy, a quienes les fueron violados sus derechos humanos”, según el decreto de Asignaciones Consolidadas 378-2014, cita este lunes un matutino guatemalteco.
Añade que los fondos bajo el Programa de Financiación Militar Extranjera están en asistencia para el Ejército guatemalteco, pero sólo estarán disponibles si el Secretario de Estado lo certifica en sus informes a los comités de créditos.
Además, la nueva Ley requiere que las autoridades judiciales y civiles investiguen y juzguen a militares en activo y jubilados sobre quienes se tengan sospechas fundadas de haber cometidos violaciones graves de los derechos humanos.
Demanda que “el Ejército coopere plenamente en estos casos en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, incluido el acceso oportuno para que los investigadores, testigos y documentos (incluidos los de archivo), pruebas forenses y otra información relevante”.
Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina aseguró que “aquí en Guatemala no es la Embajada de los Estados Unidos la que manda”, esto por la opinión que se ha dado por el caso de Efraín Ríos Montt.
Además, indica que en Guatemala la amnistía por los casos relacionados al conflicto armado interno “es vital porque ninguno de los que estuvo en un enfrentamiento armado quiere firmar una paz para que lo lleven preso”. Asimismo, dijo que todavía no hay condiciones necesarias para que la seguridad sea otorgada en su totalidad a la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que el ejército apoyará las labores de seguridad, por lo menos dos años más.
El Gobierno de Estados Unidos pide en la Ley de Asignaciones Presupuestarias (LAP) que se aceleren los procesos de resarcimiento a pobladores de Chixoy, además de dos puntos vinculados con militares según el Departamento de Estado, el Extranjero y Afines del Programa de Ayudas. Este es el segundo año consecutivo que EE.UU. condiciona su ayuda al país.
En la LAP se solicita a los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) que se presente un informe a los Comités de Asignaciones Presupuestarias “a más tardar 90 días después de la promulgación de esta Ley y cada 90 días a partir de entonces, sobre las medidas adoptadas en los últimos 90 días por dichas instituciones de apoyo y por el Gobierno de Guatemala para poner en práctica la política de Reparación a las Comunidades afectadas por la construcción de la Planta Hidroeléctrica Chixoy, a quienes les fueron violados sus derechos humanos”, según el decreto de Asignaciones Consolidadas 378-2014, cita este lunes un matutino guatemalteco.
Añade que los fondos bajo el Programa de Financiación Militar Extranjera están en asistencia para el Ejército guatemalteco, pero sólo estarán disponibles si el Secretario de Estado lo certifica en sus informes a los comités de créditos.
Además, la nueva Ley requiere que las autoridades judiciales y civiles investiguen y juzguen a militares en activo y jubilados sobre quienes se tengan sospechas fundadas de haber cometidos violaciones graves de los derechos humanos.
Demanda que “el Ejército coopere plenamente en estos casos en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, incluido el acceso oportuno para que los investigadores, testigos y documentos (incluidos los de archivo), pruebas forenses y otra información relevante”.
Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina aseguró que “aquí en Guatemala no es la Embajada de los Estados Unidos la que manda”, esto por la opinión que se ha dado por el caso de Efraín Ríos Montt.
Además, indica que en Guatemala la amnistía por los casos relacionados al conflicto armado interno “es vital porque ninguno de los que estuvo en un enfrentamiento armado quiere firmar una paz para que lo lleven preso”. Asimismo, dijo que todavía no hay condiciones necesarias para que la seguridad sea otorgada en su totalidad a la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que el ejército apoyará las labores de seguridad, por lo menos dos años más.