En días anteriores, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que el Presupuesto 2015 aprobado perjudica a los menos favorecidos. Enfatizaron que ya se habían pronunciado en contra de la falta de transparencia y rendición de cuentas del proyecto de Presupuesto 2015, pero su opinión al igual que la de otros sectores y entidades fue ignorada al aprobarse dicho plan de gastos.
Este viernes la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), adscrita a la CIG, en conferencia de prensa señalaron que estas medidas políticas fueron aplicadas sin un análisis técnico previo y sin tomar en cuenta las consecuencias.
De tal manera que la GREMIEXT exige al Gobierno evaluar los efectos negativos sobre la población, la economía y atracción de inversión extranjera. Consideran que el incremento de 1% a 10% en materiales básicos para la construcción e impuesto de distribución al cemento, afectará directamente al consumidor, especialmente el de escasos recursos, ya que generará un incremento del costo de la vivienda popular, que los expertos calculan en un 6%.
Por esta razón, consideran además que es inminente el aumento del contrabando, estimulando abiertamente la informalidad.
En cuanto al tema de las regalías para metales preciosos de 1% a 10% y cambio en su distribución, señalan que elimina las regalías voluntarias que se pagan actualmente a las municipalidades anfitrionas y cercanas a las empresas que se invierten en proyectos de desarrollo social e infraestructura. Esto incrementará drásticamente la conflictividad social en el país.
Por otra parte, afectará los planes de negocio y la futura expansión de los proyectos mineros, arriesgándolos a su cierre o reducción, con la amenaza más de cien mil puestos de trabajo y de su correspondiente efecto en la economía del país. Esto afectará la competitividad de Guatemala como destino de inversión.
“La industria extractiva ha sido considerada como una prioridad para el desarrollo económico del país, y estas modificaciones legales, lejos de incentivarla la amenaza seriamente”, señaló Mario Orellana, presidente de esta entidad que reúne a más de 25 empresas dedicadas a la extracción, procesamiento de minerales y servicios relacionados.
Por ello, aseguraron que GREMIEXT no escatimará esfuerzos para demostrar que el alza de impuestos es arbitraria y tomará las medidas legales que correspondan para que se desestimen. “Hacemos un llamado al Gobierno para reflexionar sobre lo anterior y de no ser así, lo emplazamos por las posibles consecuencias que la reducción de los proyectos de inversión social tenga en la gobernabilidad de las comunidades afectadas por estas medidas”, concluye Orellana.
En días anteriores, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que el Presupuesto 2015 aprobado perjudica a los menos favorecidos. Enfatizaron que ya se habían pronunciado en contra de la falta de transparencia y rendición de cuentas del proyecto de Presupuesto 2015, pero su opinión al igual que la de otros sectores y entidades fue ignorada al aprobarse dicho plan de gastos.
Este viernes la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), adscrita a la CIG, en conferencia de prensa señalaron que estas medidas políticas fueron aplicadas sin un análisis técnico previo y sin tomar en cuenta las consecuencias.
De tal manera que la GREMIEXT exige al Gobierno evaluar los efectos negativos sobre la población, la economía y atracción de inversión extranjera. Consideran que el incremento de 1% a 10% en materiales básicos para la construcción e impuesto de distribución al cemento, afectará directamente al consumidor, especialmente el de escasos recursos, ya que generará un incremento del costo de la vivienda popular, que los expertos calculan en un 6%.
Por esta razón, consideran además que es inminente el aumento del contrabando, estimulando abiertamente la informalidad.
En cuanto al tema de las regalías para metales preciosos de 1% a 10% y cambio en su distribución, señalan que elimina las regalías voluntarias que se pagan actualmente a las municipalidades anfitrionas y cercanas a las empresas que se invierten en proyectos de desarrollo social e infraestructura. Esto incrementará drásticamente la conflictividad social en el país.
Por otra parte, afectará los planes de negocio y la futura expansión de los proyectos mineros, arriesgándolos a su cierre o reducción, con la amenaza más de cien mil puestos de trabajo y de su correspondiente efecto en la economía del país. Esto afectará la competitividad de Guatemala como destino de inversión.
“La industria extractiva ha sido considerada como una prioridad para el desarrollo económico del país, y estas modificaciones legales, lejos de incentivarla la amenaza seriamente”, señaló Mario Orellana, presidente de esta entidad que reúne a más de 25 empresas dedicadas a la extracción, procesamiento de minerales y servicios relacionados.
Por ello, aseguraron que GREMIEXT no escatimará esfuerzos para demostrar que el alza de impuestos es arbitraria y tomará las medidas legales que correspondan para que se desestimen. “Hacemos un llamado al Gobierno para reflexionar sobre lo anterior y de no ser así, lo emplazamos por las posibles consecuencias que la reducción de los proyectos de inversión social tenga en la gobernabilidad de las comunidades afectadas por estas medidas”, concluye Orellana.